El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país por 36 meses contra el excongresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, investigado por tráfico de influencias agravado, cohecho pasivo impropio y organización criminal. La decisión fue adoptada por el juez lambayecano Hugo Núñez Julca, quien recibió el requerimiento de parte del Ministerio Público.
El magistrado considera que todos los delitos imputados a Becerril son sancionados -en el extremo mínimo- con una pena privativa de la libertad mayor a los tres años exigidos como presupuesto para dictar impedimento de salida del país. "Por lo que se cumple con el requisito exigido para su imposición", señala en su resolución.
De igual forma, que sí existe sustento indiciario respecto a las imputaciones planteadas por el Ministerio Público contra el exparlamentario fujimorista, según el estado de las diligencias preliminares.
Además, subrayó que se encuentra acreditado el riesgo de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria, al contar con un arraigo domiciliario débil.
SIN ARRAIGO
En la audiencia, indicó, Héctor Becerril titubeó y evidenció no conocer su dirección domiciliaria, lo que genera dudas, y no acreditó ocupación o trabajo, lo cual implica no tener arraigo laboral.
Asimismo, el juzgado estimó que, al ser investigado como integrante de una presunta organización criminal y teniendo en cuenta que dichas organizaciones poseen recursos suficientes para evitar ser descubiertos y eludir a la justicia, Becerril Rodríguez puede usar esos recursos para evitar su responsabilidad penal.
"A pesar de estar en diligencias preliminares, existen elementos indiciarios graves que sustentan la investigación y la vinculan con los delitos materia de imputación", añade la resolución.
Enfatiza, de igual modo, que existe riesgo razonable de que el exlegislador pueda salir del país en cualquier momento y se sustraiga de la persecución penal, y precisa que los 36 meses de impedimento de salida del país son razonables y se encuentran conforme a ley.
LOS CARGOS
El fiscal Ramiro González acusó al excongresista de haberse aprovechado de la función pública para obtener prebendas económicas. Relató que Becerril Rodríguez usó su cargo de legislador para lograr la ejecución de tres obras públicas referidas a la transitabilidad peatonal y vehicular, entre otras.
A cambio de esto, él y sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril, habrían recibido beneficios económicos y también material de construcción, como porcelanatos. En el caso de Antonio Becerril, este fue sentenciado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo al acogerse a la terminación anticipada, aceptando los cargos de corrupción imputados por la fiscalía. En tanto, contra Wilfredo Becerril, actualmente prófugo de la justicia, existe un mandato de prisión preventiva por 24 meses.
La fiscalía señaló que la participación de Héctor Becerril fue la de gestionar presupuestos e inclusión de obras a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuando David Cornejo Chinguel era alcalde y presunto líder de la organización criminal “Los temerarios del crimen”.
“El papel que le correspondía a Becerril era de la venta de la función pública, porque la labor de la representación comprende las gestiones ante las entidades públicas, pero cuando se cobra un porcentaje por esta gestión esta actividad de pervierte”, añadió el fiscal.
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