Expresión conversó con el decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque, Juan Diego Dávila Cisneros, quien analizó el impacto de la corrupción en la comunidad local a propósito del reciente operativo realizado por policías y fiscales contra otros integrantes de la organización “Los temerarios del crimen”.

¿Por qué Lambayeque ha tocado fondo con los actos de corrupción? Los escándalos no son nuevos, en los últimos años son varias las organizaciones que han sido desarticuladas y hoy son procesadas, pero cuyo daño al aparato público es incalculable.

Creo que porque la forma de elegir a nuestras autoridades es incierta, indirecta. Elegimos autoridades básicamente por la propaganda, no porque conozcamos su plan de gobierno y si los conocemos es a medias. Pero aún, desconocemos la vida de los profesionales o personas que elegimos. Por ejemplo, a lo mucho llegamos a conocer algo del alcalde que postula, pero de los regidores se conoce nada o muy poco. Eso hace que elijamos a cualquier persona que tiene dinero y a veces tener dinero no garantiza que este haya sido bien obtenido o tenga origen lícito.

Hay muchas personas que tienen dinero y lo han ganado en base a esfuerzo, pero que no sienten atracción por los cargos públicos, porque sencillamente se desarrollan mejor en la vida privada. No quieren ir a la función pública porque saben que el Estado es paquidérmico, que se mueve muy lento. Es difícil que una persona exitosa del sector privado quiera ir al sector público.

Puede que haya empresarios que quieran cambiar su distrito, su provincia, su región o el país, pero se frenan porque saben cómo es el Estado.

Un Estado que no solo es lento, sino que está contaminado. ¿Ese es un escollo para que nuevos rostros se animen a hacer vida política?

Antes se elegía a personas con cierta trascendencia, al buen vecino, al buen amigo. Se elegía al médico honesto, solidario; al ingeniero exitoso o al obrero trabajador, pero eso ya no pasa. Ahora lo que se elige son productos del marketing. Se contrata a un grupo de gente para vender a un candidato y a un grupo de regidores o consejeros que, en la práctica, lo que hacen es colaborar con la campaña electoral, pero sin aportar con experiencia personal y propuestas.

En las campañas vemos a productos armados en torno a las cabezas de lista. Si se revisa las últimas elecciones, en Chiclayo tenemos el caso de Marcos Gasco Arrobas, que fue elegido por la buena imagen que tenía el alcalde de La Victoria y que era el candidato al gobierno regional por el mismo partido. Ganó por el arrastre de Anselmo Lozano.

Ahora bien, respecto a los regidores, estos salen elegidos porque gana el alcalde, no existe voto preferente para los representantes en un concejo municipal.

Que el alcalde Gasco tenga entre sus regidores a una persona hoy detenida por actos de corrupción, como es el caso de Marino Olivera Cruzado, y que el gobernador Lozano también haya llevado al consejo a una persona como Esar Aguilar Valdera, que tiene las mismas condiciones, ¿confirma que no hubo los filtros adecuados para conformar sus listas?

Y eso no es nuevo. Lo mismo pasó con el exalcalde David Cornejo Chinguel, quien hizo su campaña con el eslogan de: “No a la corrupción” y “Los nuevos tiempos” y ya vimos cómo acabó. Esperemos que la historia no se vuelva a repetir, porque en Lambayeque cada día vamos de mal en peor. Seguimos eligiendo peor, peor, peor y quien paga esos fracasos son todos los ciudadanos, quienes lejos de avanzar como sociedad retroceden.

La interrogante es cómo Lambayeque o Chiclayo van a recuperar los 15 o 20 años de atraso que tiene frente a otras ciudades del país.

Por lo visto en los primeros seis meses de gestión del alcalde Marcos Gascos, ¿considera que este puede terminar en una situación similar a la de David Cornejo o Roberto Torres?

Es difícil decirlo porque no hay todavía hechos concretos. Hay indicios e investigaciones que se están haciendo al respecto y mucha suspicacia sobre el entorno que lo rodea. No podría adelantar un juicio y decir que terminará como las anteriores autoridades.

Pero sí que tiene mucho por corregir.

Definitivamente, mucho que gestionar de manera adecuada. Lo último que han hecho en el municipio es colgar una bandera que ni siquiera corresponde a la del Perú, lo que tal vez podría ser anecdótico, pero no el hecho de que el gasto para proyectos de inversión es muy lento. En ejecución del gasto público estamos muy mal y eso perjudica no solo a la municipalidad de Chiclayo como institución, sino a toda la población.

En el caso del gobernador regional, ¿su experiencia de 19 años como alcalde de un distrito ha sido suficiente para asumir la conducción de Lambayeque? ¿Cómo percibe el desenvolvimiento de Anselmo Lozano como gobernador?

En el caso de Lozano, este quiso trasladar su equipo municipal al gobierno regional. En el contexto de alcaldes que teníamos la gente vio a Anselmo Lozano como el mejor. Como se dice: “En tierra de tuertos el ciego es rey”. Lo que pasó es que teníamos un alcalde distrital que frente a los demás era el mejor. Si se comparaba a La Victoria con José Leonardo Ortiz se comprobaba dos realidades diferentes. Lo que la gente no entendía es que para ambos distritos había dinero, la diferencia era que un alcalde gestionaba mejor que el otro, pero eso no es suficiente para ser un buen gobernador regional.

La experiencia de éxito de Anselmo Lozano en La Victoria yo la pondría entre comillas, porque lo que se hizo en infraestructura fue financiado con recursos que el Estado asigna a todos los municipios, no hubo nada extraordinario.

El problema del país no es que falte dinero para obras, el problema es la ejecución del gasto público. Lo que falta es tener autoridades que gasten el dinero.

Y lo gasten bien…

Eso ya es mucho pedir. Sinceramente a estas alturas dudo que haya una autoridad que gaste y gaste bien. Es un proceso complejo, porque no tenemos estándares en la administración pública. Por ejemplo, no sabemos cuánto cuesta en promedio un kilómetro de pistas. En La Victoria puede costar 10 y en José Leonardo Ortiz 30 y no hay nadie que nos diga por qué la diferencia.

A nivel de sociedad, ¿cuánto impacta que cada cierto tiempo los fiscales y policías realicen operativos como el registrado la semana anterior en el que se captura a autoridades en ejercicio, exfuncionarios y empresarios por casos de corrupción? ¿Hay una lectura positiva de esto o, por el contrario, se acrecienta la desazón entre los ciudadanos respecto a la administración pública?

Cuando sucedió lo de Roberto Torres mucha gente pensaba que ya había sucedido lo peor en Chiclayo, que más ya no se podía y luego llegó Cornejo Chinguel. Eso genera un quiebre en la sociedad y empiezan a escucharse frases como las que se aplican para el Congreso: “Que se vayan todos y que no nos gobierne nadie”. Eso es peligroso.

Resultado de todo esto es que muchas personas empiezan a incumplir normas o leyes en las ciudades, porque sienten que las autoridades y las instituciones no representan, no gobiernan y las políticas que estas señalan carecen de importancia.

¿Mientras la corrupción avanza la respuesta de la ciudadanía puede ser anárquica ante la estructura del Estado y los poderes legalmente constituidos?

Me parece que esa es la tendencia. En estos días hemos escuchado al gobernador regional de Arequipa darle un ultimátum al presidente de la República por el caso “Tía María”. No existe ordenamiento jurídico que ampare eso y, sin embargo, es una autoridad quien tiene ese tipo de conductas. Si ese gobernador se atreve a algo así es porque en cierto modo recoge el sentir de su población y empieza esa corriente a crecer. Estamos caminando hacia una crisis de representación.

¿Esa anarquía se expresa en el comercio ambulatorio, el transporte, el caos de la construcción o la falta de respeto a las normas de convivencia mínima entre vecinos?

Básicamente ese es el resultado. No se está midiendo la desconfianza, el descontento de la gente. Todo esto que ocurre a nivel de las instituciones también impacta en el sentir de la gente, en su estado de ánimo. Miles trabajan más de ocho horas para tener un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas y otros miles se llevan el dinero público gratis. Eso genera impotencia, indignación y cólera. Todo eso se podría desfogar contra el Estado, pero como no es algo visible se desfoga con el vecino.

Pero esa indignación no se capitaliza en tiempos electorales y eso es irónico. Si así fuera el voto nulo o blanco sería mayor cada vez más y hasta se podría invalidar elecciones…

En elecciones la gente opta por el mal menor. En el país, hace muchos años, la población busca el mal menor o se deja llevar por el antivoto. Así es como se refleja el descontento en períodos electorales, pero claro, esto todavía no está capitalizado a nivel político.

¿Cómo revertir esta situación de disconformidad social para evitar un mayor clima de enfrentamiento?

El problema es que la falta de gestión y visión está en todos lados. No hay una institución que se muestre libre de ello. La academia a lo mucho convoca a un evento entre candidatos para que estos debatan y expongan sus propuestas y nada más. La academia no elabora propuestas, no es convocada para formular una plataforma mínima de intervención. ¿Cuántas universidades tenemos en Lambayeque con carreras que podrían definir un plan de gobierno que todos se comprometan a respetar para desarrollar al departamento? Si eso se hiciera y los candidatos se comprometieran de verdad, otra sería la realidad.

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