La Oficina de Control Institucional – OCI, de la municipalidad de Chiclayo ha observado la declaratoria del desabastecimiento inminente en el servicio de limpieza pública, aprobada por 12 de los 15 regidores provinciales. Sin embargo, lejos de corregir lo irregular, la administración del alcalde Marcos Gasco Arrobas planteó a fines de la semana que pasó un nuevo acuerdo, por el cual se fijó que el desabastecimiento se centra en un determinado número de unidades vehiculares, sin que exista informe técnico que explique el porqué.
Con los votos de la mayoría y de tres regidores de oposición, el concejo municipal aprobó el 28 de febrero declarar en situación de desabastecimiento inminente el servicio de recolección de residuos sólidos por el período de 90 días calendario, lo que generó el Acuerdo Municipal N° 021-2019-MPCH/A, del 1 de marzo, suscrito por el alcalde Marcos Gasco Arrobas, que además señala en su artículo segundo la autorización para la contratación directa para atender el desabastecimiento en que se encuentra el servicio de limpieza.
OBSERVACIONES DEL OCI
Con el Oficio N° 289-2019, del 15 de marzo, suscrito por Sandra Benítes Vera, jefa de la Oficina de Control Interno de la comuna, se confirmó que el acuerdo municipal fue aprobado sin que se argumente o compruebe que la situación de desabastecimiento fue generada debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible, tal como lo exige el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sumado a ello, tampoco se determinó con precisión cuál era el bien o servicio cuya ausencia compromete la continuidad de las funciones de la entidad respecto a la limpieza pública.
Precisamente, estas consideraciones fueron las que plantearon el 28 de febrero los regidores Percy Espinoza Gonzales, Andrés Puell Varas y Jony Piana Ramírez, quienes se abstuvieron de votar a favor de la declaratoria de desabastecimiento, pues cuestionaban que este se había sometido a tratamiento del concejo sin que existan los informes técnicos que avalen la situación excepcional.
CONTRA LAS NORMAS
De acuerdo al Artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, una entidad puede contratar directamente ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada, que afecte o impida a la entidad cumplir con sus actividades u operaciones. En tanto, el Artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones precisa que la situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de determinado bien, servicio general o consultoría, “debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e imprevisible”.
Ninguno de estos elementos exigidos fue desarrollado en los planteamientos que sirvieron a la mayoría del concejo municipal para aprobar el desabastecimiento. Es más, OCI ha confirmado que se sustentó con información del 2017, la misma que carece de validez por no ser actual.
“Sumado a ello, se observa que los informes que sustentaron la emisión del Acuerdo Municipal N° 021-2019, del 1 de marzo del 2019, no propugnan de manera estricta el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aplicable; es decir no determinaron con precisión cuál es el bien o servicio cuya ausencia inminente compromete la continuidad de las funciones de la entidad”, señala el órgano de control.
Y es que los informes solo precisaron que se requería adquirir repuestos, materiales y servicios de reparación para poner en funcionamiento 13 unidades compactadoras inoperativas. Sin embargo, la declaratoria de desabastecimiento inminente fue al servicio de recolección de residuos sólidos en general.
“Se observa que el Acuerdo Municipal N° 21-2019-MPCH/A autoriza la contratación directa para atender el desabastecimiento del servicio de recolección de residuos sólidos. Sin embargo, no precisa cuáles son los bienes, servicios o consultorías a contratar”, determinó el OCI.
Por estas consideraciones, el ente de control llegó a la conclusión que “los hechos expuestos generan el riesgo de que la entidad realice una contratación directa al margen de la normativa de contrataciones, contraviniendo al principio de legalidad con que deben actuar las autoridades administrativas y la correcta administración pública”.
NUEVO ERROR
Empero, lejos de corregir el error, el mismo día que OCI notificó al alcalde Marcos Gasco de lo detectado en la declaratoria de desabastecimiento, el concejo aprobó, nuevamente por mayoría, precisar la cantidad y montos por los que se declaraba el desabastecimiento.
El viernes 15 de marzo el concejo municipal había sido convocado para debatir la contratación directa de un almacén, pero se modificó la agenda para abordar el asunto del desabastecimiento. Así, 12 concejales aprobaron la precisión referida a que el desabastecimiento en el servicio de recojo de residuos sólidos se centra en el alquiler de 10 maquinarias por un monto aproximado de tres millones de soles.
“Esta situación agrava las observaciones planteadas por el Órgano de Control Institucional. Ese mismo día se nos había alcanzado el informe que observaba la declaratoria de desabastecimiento, se hizo un nuevo acuerdo sin que tampoco exista la documentación debida. El acuerdo señala textualmente lo siguiente: ‘Precisar que el proceso de desabastecimiento es por 10 máquinas y por un monto de tres millones y otros temas’. Nosotros nos hemos sorprendido porque en principio este no era un punto por el que habíamos sido convocados a sesión de concejo, segundo porque en la sección de pedidos se solicitó que la gerencia general informe sobre la situación del desabastecimiento pero no que se aborde la precisión. Esto tampoco se abordó en la orden del día y, lo peor, el debate se concluyó con la propuesta de acuerdo que fue aprobada por la mayoría”, explica el regidor Percy Espinoza.
A su turno, el concejal Jony Piana refiere que el informe del OCI “no dejó un hueso sano a la declaratoria de desabastecimiento” del recojo de residuos sólidos y, pese a ello, se forzó al concejo a aprobar un nuevo acuerdo sin que se den los pasos establecidos por la norma de Contrataciones y sin atender lo advertido por el órgano de control.
“Si se llegara a contratar, con el procedimiento mal llevado, entonces se estaría actuando al margen de la Ley de Contrataciones y, como consecuencia, el alcalde, regidores y funcionarios involucrados podrían ser sancionados”, asevera.
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