El 11 de enero se firmó el acta de acuerdo laboral entre el Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil de Pomalca y Anexos y el Consorcio Progreso, empresa encargada de la ejecución de la obra de agua y desagüe de los 12 pueblos jóvenes carretera al distrito azucarero. Desde entonces, el Comité Integral de Agua y Alcantarillado, que impulsó este proyecto y agrupa a los representantes de las familias beneficiarias, rechaza la firma de esta acta pues señalan que personajes con antecedentes delictivos entrarían a laborar en la obra valorizada en más de 50 millones de soles.
El Comité Integral, que es presidido por el representante del pueblo joven Las Vegas, Mario Ramírez Aguinaga, fue conformado en 1995 gracias al impulso ciudadano de siete pueblos jóvenes inicialmente: Villa Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión y California; a los que luego se unieron San Juan de Dios, San Bartolo, Precursores, San Félix y Ramiro Prialé.
Tras varias idas y vueltas, el proyecto de “Instalación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de los PP. JJ. Villa El Progreso, Miraflores, Las Vegas, Samán, San Francisco de Asís, La Unión, San Juan de Dios, Ramiro Prialé, California, San Félix, San Bartolo y Precursores del distrito de Pomalca”, fue incluido en el Presupuesto General de la República para el año fiscal 2015.
El 13 de septiembre del 2017 se firmó el acta de compromiso para la ejecución de dicho proyecto entre los representantes de los 12 pueblos jóvenes y la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, en la cual los dirigentes se comprometieron a brindar todas las facilidades a fin de concretar los trabajos con un presupuesto de 63 millones 265 mil 472 soles.
BUENA PRO
El 28 de mayo del año pasado, el Comité de Selección presidido por Miguel Yacán Torres e integrado por los miembros José Díaz Cardoza y Carlos Portocarrero Contreras le adjudicó la buena pro de la obra al Consorcio Construcción, conformado por las empresas MATH Construcción y Consultoría SAC, A & R SAC Contratistas Generales y Seven Ingeniería y Construcción SAC.
Esta adjudicación fue revocada exactamente un mes después mediante la Resolución N° 111-2018-EPSEL, suscrita por el entonces gerente de EPSEL, Mirko Jurado Dueñas.
La decisión que motivó la declaratoria de nulidad de oficio fue que el Comité de Selección no había implementado adecuadamente lo ordenado por la Dirección Técnica Normativa, razón por lo cual en su parte resolutiva ordenó al comité retrotraer el proceso a la etapa de integración de bases, a pesar que el proceso ya había sido adjudicado.
Fue así que en septiembre del 2018 el Comité de Selección convocó por segunda vez el proceso selectivo, adjudicándosele la buena pro de esta obra al Consorcio Progreso, que ofertó ejecutarla con 52 millones 620 mil 76.81 soles.
CONFLICTO CON EL SINDICATO
El representante del pueblo Joven San Francisco y secretario de actas del Comité Integral, Rómulo Dávila Barrigas, manifiesta que desde un inicio los dirigentes de los pueblos jóvenes mantuvieron conversaciones con el ingeniero residente, Juan Pisconte Salazar, quien señaló ser la persona autorizada por el Consorcio Progreso para las cuestiones relacionadas a la ejecución de la obra, el mismo que les aseguró que se daría prioridad a los pobladores para que sean ellos quienes trabajen en el proyecto como mano de obra no calificada.
“Nosotros tuvimos una reunión con el señor Pisconte y él nos dijo que se le iba a dar prioridad a la población debidamente representada por los dirigentes de los 12 pueblos jóvenes para que trabaje en la obra. Inclusive en esa conversación quedamos expeditos para firmar el acta de compromiso con la población o un sindicato que nos represente”, señala Dávila Barrigas.
Al respecto, la representante de la UPIS Miraflores y asesora legal del proyecto, Carmen Puluche Oliva, señala que 17 de febrero de este año los dirigentes de los pueblos jóvenes sostuvieron una reunión con Pisconte Salazar, quien cambió de versión y les dijo que él no tenía nada que ver el tema, toda vez que ya se habían iniciado conversaciones con un grupo sindical para que participe como mano de obra no calificada.
“Nosotros como dirigentes le increpamos por no habernos dicho nada. Queríamos saber cuál era ese grupo sindical con el que estaban tratando antes de que se firme el acta, porque buscábamos que sea nuestra gente organizada la que sea incluida en el trabajo, pero no nos dijo”, asevera.
Puluche Oliva señala que el mismo 17 por la noche le llegó un mensaje de WhatsApp a su celular de un número desconocido con el acta de acuerdo laboral ya firmada, la cual era suscrita por el Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil del Distrito de Pomalca y Anexos, y estaba firmada desde el día 11 de febrero. Es decir, seis días antes de que el residente de la obra les mencionara que había “conversaciones”.
SINDICALISTAS CON DENUNCIAS
La preocupación de los dirigentes va más allá del hecho de que la población que empujó este proyecto sea dejado de lado en la ejecución de la obra. Ellos sostienen que miembros de este sindicato conformarían la banda criminal ‘Los alfalferos’, la misma que se ha visto envuelta en diversos hechos delictivos.
El acta de acuerdo laboral fue suscrita por el secretario general del sindicato, Miguel Julca Gonzales, y el secretario de organización, Roberto Fernández Vásquez, quienes según Puluche Oliva tienen 17 y 16 denuncias policiales, respectivamente.
Por ejemplo, se destaca una denuncia hecha por María Lobatón Núñez el 5 de febrero del 2018 en la comisaría de Pomalca contra Roberto Fernández Vásquez por el presunto delito de coacción.
También se registra una denuncia hecha por Flor Quinteros Alva el 7 de abril del 2018 en la comisaría del mismo distrito contra Miguel Julca Gonzales y otros siete implicados por los presuntos delitos de lesiones graves y coacción.
Asimismo, existe otra denuncia contra Julca Gonzales, del 4 de enero de este año, hecha por Segundo Pulache Serrato en la comisaría distrital por el supuesto delito de agresión sin daño.
“El cuestionamiento es a las autoridades competentes como la Gerencia Regional de Trabajo. ¿Por qué le dan una autorización a un sindicato, cuyos principales dirigentes tienen estos antecedentes? Estos delitos no los digo yo. La última gresca que han tenido ha sido el 25 de febrero en el sector San Juan, donde hubo incluso intervención de la policía y del serenazgo de Pomalca”, refiere Puluche Oliva.
PEDIDO A LAS AUTORIDADES
Desde la firma del acta de acuerdo laboral, el Comité Integral ha enviado oficios a distintos organismos para que intercedan en este caso.
El 19 de febrero de este año enviaron un escrito a la Fiscalía de Prevención del Delito de Lambayeque alertando posibles enfrentamientos, donde señalan que no respaldan ni aceptan la firma de dicha acta por no haberse tomado en cuenta la participación de los dirigentes en representación de la población.
Esa misma fecha enviaron un escrito a la Oficina Defensorial de Lambayeque y a la Dirección de Protección de Obras Civiles de la Policía, alegando los mismos hechos.
El 25 de febrero también se dirigieron a EPSEL, señalando que la contratación del sindicato podría ocasionar enfrentamientos que imposibiliten al Comité Integral cumplir con el compromiso de velar por que no haya malestares que perjudiquen la ejecución del proyecto.
El 27 de febrero se dirigieron ante la Gerencia Regional de Trabajo para solicitar la suspensión excepcional del gremio de construcción civil, además de la sanción correspondiente al Consorcio Progreso.
Un día después, el 28 de febrero, presentaron una ampliación de la denuncia solicitando que se requiera al Poder Judicial la disolución del sindicato por el último enfrentamiento entre ‘Los alfalferos’ y miembros del sector San Juan.
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