A dos años de El Niño Costero, el jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, señala que aún no inicia como debiera ser en Lambayeque el proceso de reconstrucción, cuyo presupuesto para la rehabilitación de escuelas y centros de salud ha sido inadecuado, además de ineficiente la gestión y ejecución de los tres mil 115 millones de soles por parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
“Al día de hoy no hubo una rehabilitación en escuelas y establecimientos de salud. El presupuesto no ha sido el adecuado. Se ha hecho mantenimiento con el mismo presupuesto que han tenido desde la Gerencia Regional de Educación y la Gerencia Regional de Salud. Además, el proceso de reconstrucción tampoco se ha iniciado en Lambayeque”, señala.
Afirma que tampoco se ha avanzado en rehabilitación de carreteras, de lo cual un claro ejemplo es el tramo de la Panamericana Norte que conecta desde Pacora hasta Olmos, donde hay una parte que está muy deteriorada y requiere que se vuelva a hacer.
“Hemos tenido a nivel de gobiernos locales algunas muestras de recuperación de la pavimentación, pero ha sido insuficiente por el tiempo y porque el presupuesto ha sido entregado de manera tardía. Lamentablemente la rehabilitación y reconstrucción en nuestro departamento no ha funcionado, por eso ahora estamos en la misma situación del 2017 y tal vez más compleja”, asevera.
Agrega que existe desinterés por parte de las autoridades encargadas de la Reconstrucción con Cambios, quienes debieran estar en el campo conviviendo con los pobladores para que sepan lo que es estar una semana sin agua y con dificultades para llevar a sus hijos a la escuela.
“La Contraloría tendrá que evaluar cómo se han gastado hasta el momento 800 millones de soles. En lugares como Túcume, el puesto de salud tuvo que funcionar en la iglesia por lo afectado que estaba y aún sigue prestando el servicio de salud con esas deficiencias. Entonces, ¿de qué reconstrucción y rehabilitación estamos hablando? Son situaciones que permiten advertir que la ejecución y gestión ha sido ineficiente. En números y documentos podemos ver quizá cantidades importantes, pero son netamente declarativas, porque en su ejecución han sido insignificantes”, advierte.
ACCIÓN FRENTE A LAS LLUVIAS
Asimismo, manifiesta que de los 38 distritos declarados en emergencia por lluvias son Cañaris e Incahuasi los que se encuentran en un mayor estado de vulnerabilidad, cuyo difícil acceso complica la llegada de ayuda. “Ya se ha activado el sistema de ayuda humanitaria a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, con quienes estamos coordinando junto a los municipios distritales para que se identifique a la población afectada y pueda llegar la ayuda oportunamente”, sostiene.
Sin embargo, refiere que antes de las lluvias el COER ya había convocado a los alcaldes a una capacitación para explicarles los alcances legales básicos para la gestión de desastres naturales como la elaboración de los Formularios de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades – EDAN, los cuales permiten que los burgomaestres puedan canalizar esta información ante el COER en casos de emergencia y se autorice el uso de la ayuda que se tiene.
“La emergencia en Lambayeque viene desde diciembre. Ahora todo el departamento está en emergencia y son las plataformas municipales, bajo la dirección de los alcaldes, las que deben responder. Ya no estamos en fase de prevención, estamos en fase de reacción”, asevera.
Añade que es lamentable que en una de las últimas capacitaciones que organizó el COER solo asistieron seis alcaldes, pues estos deben darle prioridad en su gestión a la atención de esta problemática, toda vez que la declaratoria de emergencia les permite hacer modificatorias en su Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, para orientar esos recursos a la ayuda humanitaria, consistente en compra de alimentos, frazadas e insumos de ayuda inmediata.
MATRÍCULAS ESCOLARES
Por otro lado, advierte a los padres que el pago de la cuota a la Asociación de Padres de Familia – APAFA, no es obligatorio, por lo cual a ningún niño se le puede impedir el derecho a estudiar.
Además, señala que tampoco es obligatorio el uso del uniforme ni puede obligárseles a llevar la totalidad de útiles escolares u orientarle a que compren productos de una determinada marca o librería.
En ese sentido, asevera que son los directores de los colegios, quienes deben garantizar que los niños accedan al servicio educativo, permaneciendo en la escuela sin ningún tipo de restricción.
“Si hubiese alguna dificultad en la matrícula, pueden acudir a la Defensoría, donde se mantendrá la reserva de la identidad si existiese el temor a alguna represalia, o pueden acudir a las Unidades de Gestión Educativa, las fiscalías de prevención del delito o las fiscalías de familia. Lo importante es no ser cómplices de los actos arbitrarios que se pueden estar cometiendo en algunas escuelas”, sostiene.
Afirma que a veces los padres, en aras de que sus hijos accedan a un servicio educativo de calidad, permiten algunos abusos, como en el caso de las escuelas públicas, donde los libros son entregados gratuitamente el Ministerio de Educación – MINEDU, pero muchas veces se les obliga a comprar textos que son complementarios.
De igual forma, señala que la Defensoría ya está interviniendo respecto a la repartición de libros que hace la Gerencia Regional de Educación y en los próximos días se estará programando una supervisión para ver cómo va su distribución.
PROCESOS DE ADMISIÓN UNIVERSITARIA
En cuanto a los procesos de admisión, subraya que los padres deben informarse sobre cuáles universidades se encuentran acreditadas para hacer postular a sus hijos. “Como padres debemos buscar la garantía de que nuestros hijos estudien en una universidad reconocida y con todo el amparo legal para su funcionamiento”, explica.
Añade que las universidades privadas deben darles a los padres la información clara referida al cronograma de pago del ciclo, a fin de evitar sorpresas en el camino. En tanto, señala que en las universidades públicas los problemas obedecen generalmente a la inasistencia de los docentes o la demora en el trámite para la obtención de grados y títulos.
Anota que ahora están poniendo especial énfasis en que las universidades implementen su reglamento para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, ya sea en el ámbito laboral o en la relación docente - alumno.
Señala que en la Defensoría han recibiendo algunos casos de hostigamiento por parte de docentes de universidades privadas que acosan a las alumnas, cuyos casos por desconocimiento normativo o por un ánimo de encubrir no se le da el trámite debido.
“Esto ocurre, por ejemplo, en un caso concreto en la Universidad Señor de Sipán - USS. Es importante que reglamenten el marco normativo que permita prevenir y sancionar los casos de hostigamiento sexual. Hay casos, por ejemplo, en los que se ha denunciado y el docente aún sigue enseñando a las alumnas, exponiéndolas y amenazándolas. En ese aspecto estamos ya interviniendo para exigir alguna medida de separación temporal hasta que concluya la investigación y evitar que el agresor esté allí en medio del proceso educativo”, sostiene.
SALUD MATERNA E INFANTIL
Por otro lado, alerta que se ha supervisado a los 20 establecimientos de salud materno infantil del departamento, a los cuales se les hicieron tres observaciones referidas a lo obsoleto de los instrumentos médicos, la falta de medicinas básicas como la lidocaína y la dificultad en el traslado de pacientes con casos complejos a hospitales de un mayor nivel de atención.
“Cuando desde el hospital ubicado en Chongoyape o en algún otro distrito se tiene que trasladar a la mujer gestante a Las Mercedes o al Belén, no las quieren recibir porque sujetan su ingreso a que cumplan con determinada documentación, lo cual es una situación ilegal y arbitraria, porque primero está la vida”, exhorta.
Informa que desde la Defensoría han planteado al gobierno regional que se realicen algunas modificaciones a su presupuesto anual para que se oriente dinero a darle mantenimiento a estos establecimientos donde se atiende a mujeres gestantes y recién nacidos.
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
En cuanto a la violencia contra la mujer, expresa que las víctimas deben denunciar, a fin de activar a las autoridades competentes. Manifiesta que la agredida puede ir a cualquier comisaría a nivel nacional, así como a la Fiscalía, los juzgados especializados en violencia familiar o los Centro de Emergencia Mujer.
“Una vez presentada la denuncia se iniciará la investigación por el delito de violencia contra la mujer, pero en paralelo, mientras haya riesgo de violencia contra la víctima, es importante que se empleen medidas de protección previa para evitar luego casos lamentables”, apunta.
Anota que la Defensoría ha detectado que no se está cumpliendo con comunicar a los juzgados de familia cuando se recibe una denuncia, por lo cual exhorta a la población que requieran a la policía o la entidad donde se denuncie el caso que se comunique al juzgado para que adopten las medidas de protección correspondientes.
“En Lambayeque tenemos a la fecha un feminicidio y cuatro tentativas. Esto debe generar una profunda reflexión al Estado en su conjunto para tener respuestas efectivas, porque hemos tenido casos en los que la denuncia ha quedado allí y han sido prácticamente muertes anunciadas“, sentencia.
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