En conversación exclusiva con Expresión, la directora de la Oficina General de Calidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, María Rosa Vásquez Pérez, revela que esta casa superior de estudios ha cumplido ya con levantar las observaciones que le remitió la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, y posiblemente en marzo reciba la visita de verificación por parte de los evaluadores de este organismo, a fin de constatar si cumple con las condiciones básicas de calidad que se exigen para el licenciamiento institucional en concordancia con la Ley Nº 30220 – “Ley Universitaria”. El proceso debe concluir antes del 31 de diciembre.
Según el “Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades públicas o privadas con autorización provisional o definitiva”, aprobado en la Resolución de Consejo Directivo Nº 007-2015-SUNEDU/CD, el licenciamiento consta de tres etapas: revisión documentaria, verificación presencial y la emisión de la resolución.
Al respecto, Vásquez Pérez manifiesta que actualmente la universidad se encuentra en la primera etapa, toda vez que ya se han levantado las observaciones que la SUNEDU emitió en un primer momento y ahora está próxima a enviar información adicional que este organismo solicitó.
“Nosotros hemos iniciado esto de acuerdo a la ley desde el 2016. Nos hemos estado preparando y en septiembre del 2017 presentamos la información, tal como nos correspondía. Estamos enviando una información adicional que se nos solicitó y creo que con eso ya estaríamos cumpliendo con la primera etapa, por lo que probablemente en marzo tengamos la visita de verificación por los evaluadores de la SUNEDU aquí en la universidad”, señala.
Vásquez Pérez advierte que, como toda universidad estatal, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo no ha contado desde un primer momento con el presupuesto que le permitiese cubrir las condiciones básicas de calidad, pero dentro de todas esas limitaciones han podido superar los escollos que se les han presentado.
Manifiesta que gran parte de las observaciones de la SUNEDU estuvo referida a los planes de estudio, debido a un mal llenado de los formatos que establece el órgano rector.
“No es que nuestros planes de estudio estuvieran mal, sino que al momento de pasar algunos aspectos como el número de horas o códigos a los formatos que nos pide que llenemos la SUNEDU, estos presentaban errores y este organismo es muy estricto en cuanto a la coherencia que deben tener los números que se señalan en los formatos con los planes de estudio”, explica Vásquez Pérez.
Manifiesta que también hubo algunos errores al consignar la información de los laboratorios, ya que esta información se hizo a modo de inventario cuando la SUNEDU no lo estipulaba así. Señala, además, que antes no se tenía un plan de mantenimiento ni presupuesto para los laboratorios, pero que eso está mejorando.
Sumado a eso refiere que se encontraba el problema de no tener órganos de gobierno completos, pero que ya realizado el proceso eleccionario en la universidad, ahora se tiene al Consejo y Asamblea Universitaria, así como a los consejos de facultad, debidamente constituidos.
“Las universidades en su conjunto, no hablo solo de la Pedro Ruiz Gallo, no hemos estado bien organizadas, no planificábamos adecuadamente. Este proceso de licenciamiento nos ha permitido mirarnos hacia dentro, que nos evaluemos y veamos que no hemos estado dirigiendo bien la parte organizativa de la universidad. Hoy incluso estamos adecuándonos al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, pero estos cambios no se logran de la noche a la mañana”, sostiene.
Añade que el licenciamiento ha significado para esta universidad lambayecana una oportunidad de mejora continua, puesto que toda casa superior tiene como función social formar profesionales desde el punto de vista científico, humanístico y tecnológico, pero muchas veces se ha malinterpretado la “autonomía universitaria” y no se ha hecho lo correcto.
PRESUPUESTO
Por otro lado, Vásquez Pérez advierte que el 2018 la universidad invirtió más de 61 millones en el proceso de licenciamiento, divididos entre recursos propios y ordinarios. El Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, no entregó dinero para esta causa a la universidad el año pasado. Sin embargo, para este año sí se ha conseguido la asignación 20 millones.
“Estos 80 millones en realidad solo cubren una parte del proceso de licenciamiento porque las necesidades que tenemos son mayores, los equipos son muy caros. Aquí nosotros contamos con 53 carreras profesionales, sin contar que hemos tenido que desistir de la filial Cutervo en el proceso de licenciamiento, porque si aquí, en la sede principal, teníamos problemas para cumplir con las condiciones básicas de calidad, en la filial iba a ser más difícil aún”, explica.
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
En cuanto a los docentes, María Vásquez señala que la universidad supera el 25 % de profesores a tiempo completo que exige la SUNEDU, además de contar con solo entre el 1 % y 2 % de los catedráticos sin maestrías, los mismos que ya están cursando estos estudios, financiados en un 40 % por la universidad, para obtener el grado de maestros antes de noviembre del 2020, plazo máximo estipulado por ley después del cual, de no obtener este grado, tendrían que dejar la docencia universitaria.
En ese sentido, manifiesta que “la universidad sí cuida y da facilidades a través del financiamiento”, por lo cual la Oficina de Recursos Humanos en coordinación con la Oficina General de Calidad y Vicerrectorado Académico están trabajando para que los docentes que no tienen estudios de maestría, los realicen.
Además, señala que de los aproximadamente 800 docentes de la casa de estudios, hay un 40 % de estos que cuentan con el grado académico de doctor.
Al respecto, manifiesta que la Universidad Pedro Ruiz Gallo ha comprendido también la necesidad de que sus investigaciones no solo queden publicadas en artículos científicos, sino que también se pongan en práctica, motivo por el cual se ha enfocado al distrito de Mórrope como un centro piloto para la aplicación de las investigaciones que realicen.
Asimismo, asegura que la universidad está en un proceso de adecuación a la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, por lo cual el personal administrativo de la universidad viene siendo formado de acuerdo a esto y están próximos a ser evaluados para realizar un diagnóstico de quienes cumplen con el perfil para cada puesto.
“Hacer un diagnóstico no significa que si encuentras en malas condiciones a tu personal lo vas a sacar, sino que les debes que darle las oportunidades para capacitarse”, refiere.
Sin embargo, Vásquez Pérez admite que todo el proceso de licenciamiento no ha sido sencillo, pues en un principio hubo resistencia tanto del personal docente como administrativo, quienes no veían con beneplácito las reformas que planteaba la Ley Universitaria.
“Como todo proceso de cambio, no todos vieron con buenos ojos lo que significaba el cambio, es decir, abandonar esa zona de confort a la que habíamos estado acostumbrados. Sin embargo, ahora ya todos hemos comprendido que debemos sumar fuerzas y no solo poner nuestras buenas intenciones, sino hacer que estas se concreticen en acciones porque al fin y al cabo sabemos que el licenciamiento nos beneficia a todos y esta reforma se centra en el estudiante”, sentencia.
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