El 12 de febrero de este año, el Gobierno Regional de Lambayeque suscribió el Contrato de Obra N° 000003-2019, para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la Avenida Antonio Mesones Muro – Chiclayo”, con el Consorcio Ramos, por un valor de ocho millones 186 mil 27.17 soles. Sin embargo, la empresa ganadora de la buena pro, otorgada en diciembre del 2018, habría presentado documentos falsos.

El Consorcio Ramos, integrado por la empresa Tija Contratistas Generales S.A.C. y Valuva Grupo Empresarial S.A.C., teniendo como representante común a Oswaldo Aquilino Ramos Félix, ganó la buena pro de la obra el 14 de diciembre del año pasado, arribando a la firma del contrato respectivo la semana pasada, tras entregar una fianza de fiel cumplimiento ascendente a 818 mil 603 soles, emitida por Secrex Sesce.

A fines del 2018 el entonces gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, fue advertido de las irregularidades que habría cometido la empresa para participar de la licitación. El ciudadano José Arévalo de la Cruz se dirigió por escrito al despacho de la gobernación para solicitar la nulidad de oficio del proceso de adjudicación, requerimiento que no fue atendido.

CERTIFICADOS CUESTIONADOS

Uno de los hechos cuestionados en la participación del Consorcio Ramos en el procedimiento de selección es la presentación de un supuesto certificado emitido por la Constructora Santa Lucía S.R.L a favor del ingeniero César Chu Aquiño, a fin de acreditar experiencia como residente en su Carta de Compromiso de Personal Clave.

Según el certificado, Chu Aquiño habría trabajado para la Constructora Santa Lucía como inspector de la obra “Pavimento mixto de la Avenida Andrés Avelino Cáceres, ex avenida Libertad – Urbanización Santa Victoria de Chiclayo” entre el 1 de mayo del 2000 y el 1 de diciembre del mismo año, sumando un total de 215 días laborados.

Lo particular del certificado es que en este se precisa que Chu Aquiño se desempeñó como “inspector de obra por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo”, por lo que la empleadora sería la comuna y no la constructora, siendo esta incompetente para emitir un certificado de trabajo que fue insertado en la Carta de Compromiso para la licitación de la Avenida Mesones Muro.

Chu Aquiño también presentó como experiencia haber laborado para el Consorcio Obrainsa – SVC en el cargo de jefe de supervisión de obra en el proyecto “Mejoramiento periódico de la carretera Salaverry – Trujillo – Shiran – Otuzco”, entre el 21 de julio del 2010 y el 16 mayo del 2011, haciendo un total de 300 días trabajados.

Empero, la información sería inexacta debido a que el Consorcio Obrainsa tuvo a cargo la ejecución de dichos trabajos y no la supervisión. Esta última labor fue contratada con el Consorcio Vial Salaverry.

Se tiene también que en la Carta de Compromiso de Personal Clave, las subsanaciones presentadas por los propuestos como ingeniero residente, especialista en saneamiento y especialista en suelos y pavimentos carecen de la firma o rúbrica del representante común del Consorcio Ramos, lo que de acuerdo a las Bases Integradas del proceso invalida dichos documentos.

CASO MEZA CAMACHO

Otro hecho que se vincula con las cartas de compromiso de personal clave para la obra es la que presuntamente habría extendido la ingeniera Carmen Meza Camacho de Ayesta, quien se incluye como profesional especialista en saneamiento, pese a que actualmente Meza Camacho se desempeña como especialista sanitaria en la obra “Mejoramiento del servicio policial de prevención, investigación de hechos de violencia familiar y protección de la familia”, también licitada por el Gobierno Regional de Lambayeque, en la cual tiene dedicación a tiempo completo.

En consecuencia, considerando la duplicidad de funciones que se configuraría, la participación de Meza Camacho no debió ser admitida por el Comité de Selección como integrante del plantel técnico para la obra de la Avenida Mesones Muro.

Respecto a Meza Camacho se adjuntó también información referida a su centro de estudios, indicándose que es ingeniera egresada de la Universidad Ricardo Palma, cuando en realidad cursó su formación profesional en la Universidad Nacional de Ingeniería, como consta en su título profesional.

EQUIPOS Y MAQUINARIA

Se cuestiona también que dentro de la propuesta presentada por el Consorcio Ramos en el proceso de selección se adjuntó un comprobante de pago tipo factura de un trompo mezclador de 11 pies cúbicos a nombre de Valhuva SAC, sin que exista un compromiso de alquiler de dicha empresa al consorcio ganador de la buena pro, ya que es este el que deberá ejecutar la obra.

Asimismo, se adjuntó un comprobante de pago tipo Boleta de Venta N° 000112 de la Empresa Karla Equipment SAC emitida a nombre de Ruperto Ipanaqué Zapata por la compra de una excavadora. Sin embargo, también se adjuntó un compromiso de alquiler de maquinaria de la misma excavadora a favor del Consorcio Ramos emitido por la empresa Constructora COMIPZAR, no estando esta facultada para comprometer el alquiler de un equipo que en lo real le pertenece a Ipanaqué Zapata, tratándose de dos personas (una natural y otra jurídica) distintas.

También se considera como inexacta la acreditación del equipo estratégico: camión esparcidor de asfalto, debido a que se ha anexó un compromiso de alquiler emitido por Teófilo Hernández Burgos sobre un camión marca Volvo 6x2, placa Z4S-857. Empero, el documento no contiene la firma de Hernández Burgos y su esposa, ambos propietarios del bien y, peor aún, la unidad no cumple con los requerimientos estipulados en la bases, debido a que el requerimiento es de un camión con tres ejes y seis llantas y no de dos ejes y seis llantas, como figura en la tarjeta de propiedad del vehículo comprometido.

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