La juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, ordenó el mandato de prisión preventiva por 36 meses contra el suspendido alcalde de la ciudad, David Cornejo Chinguel, su hermano, un regidor y otros presuntos integrantes de la organización criminal que este habría liderado en el gobierno provincial. Los elementos de convicción de la fiscalía son contundentes.

Sin el más mínimo arrepentimiento y sin mostrar vergüenza por los hechos que se le imputan, David Cornejo Chinguel dijo que asume el mandato judicial en su contra “estoicamente” y que todo se trata de “una investigación sustentada en dichos”. Varios de esos dichos son de él mismo.

El viernes 15 de diciembre se instaló la audiencia en la que la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, presentó sus elementos de convicción para sustentar el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra 10 de los 14 detenidos el pasado 29 de noviembre, en un megaoperativo denominado “Ciclón 2018”, con el objetivo de capturar a los integrantes de la supuesta organización “Los temerarios del crimen” o “Corchines de la corrupción”.

Un día antes se hizo pública la carta que de puño y letra dirigió el propio Cornejo Chinguel al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, admitiendo actos de corrupción y relatando cómo es que congresistas y ministros, además del fiscal superior de criminalidad organizada, Abel Concha Calla, le pidieron obras y sobornos. El nexo entre Cornejo y Concha habría sido el alcalde de electo y también detenido Willy Serrato Puse. A Concha se le ha iniciado una investigación en el Ministerio Público.

ARGUMENTOS FISCALES

El fiscal Carrasco Millones expuso ante la jueza que la organización recibió la protección política de los congresistas Javier Velásquez Quesquén, Héctor Becerril Rodríguez, Clemente Flores Vílchez, Carlos Bruce Montes de Oca, César Vásquez Sánchez y Mercedes Aráoz Fernández.

“Un colaborador eficaz –denominado ‘El Moralista’– señala que el señor Javier Velásquez solicitaba por lo menos cuatro obras para que se le den a él y pueda colocar a la constructora encargada de las obras, valorizadas entre un millón y 10 millones de soles. En el caso de Héctor Becerril, sus hermanos Antonio y Wilfredo actuaban como intermediarios para que el señor Rodríguez a través de unas constructoras se adjudiquen la buena pro de diferentes obras en Chiclayo. ¿Cuál era el beneficio del alcalde? Que se le otorgaba el 5% de esa obra, y otro %5 para los Becerril”, indicó el fiscal.

A las declaraciones de los aspirantes a colaboración eficaz se ha sumado el informe de la Contraloría General de la República que detalla las irregularidades que cometió la gestión de Cornejo Chinguel en la tramitación y ejecución de obras de rehabilitación por El Niño Costero. El documento sirvió de sustento para la decisión judicial.

“Por ejemplo, en la avenida Paseo del Deporte, por esa obra se ha pagado el 100% cuando el avance ha sido de 10%, habiendo personal supervisor que es el que ha dado el visto bueno para que se pueda pagar, pero siendo objeto de una coima, demostrando el grado de corrupción que imperaba en esta municipalidad”, señaló la jueza.

Grandez Rojas añadió que si bien Cornejo Chinguel no formaba parte del comité que desarrollaba la adjudicación de obras, sí influía directamente sobre los funcionarios.

“Él mismo (Cornejo) ayudó a que esas obras sean traficadas de esta manera, que sean entregadas por un costo económico, por una dádiva, por una coima o cohecho, es una situación que lo hace con los mismos regidores para poder traficar con las obras mencionadas”, afirmó la magistrada en la audiencia.

Al día siguiente (sábado 16) el hecho más lamentable en la audiencia continuada los protagonizó el regidor Alfredo Montenegro Bermeo, quien admitió ante la jueza que promovió ordenanzas municipales carentes de legalidad e incurrió en actos de corrupción. Entre lágrimas, el hasta hace poco frontal defensor de David Cornejo señaló que había cometido errores y que debía asumir su responsabilidad.

MANDATO DE PRISIÓN

Expuestos los argumentos de la fiscalía, el miércoles 19 la jueza Cecilia Grandez Rojas dispuso el internamiento por 36 meses en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi, de David Cornejo Chinguel; su hermano Noé Cornejo Chinguel, sindicado como terrateniente de la organización; Alfredo Montenegro Bermeo y del ex subgerente de Logística,  Eberth Gil Otiniano. Ese mismo día se dispuso la liberación bajo comparecencia restringida del ex gerente de Asesoría Legal del municipio Daniel Coronado Tarrillo, en cuya vivienda, el día del operativo, la policía incautó 119 soles y un fajo de tarjetas de operatividad de transportistas del servicio público, coincidentemente con una de las imputaciones realizadas por la fiscalía sobre la organización, por actos de corrupción en el sector transportes.

Se dispuso que Coronado Tarrillo pague una caución de 30 mil soles.

Los cuatro imputados con mandato de prisión preventiva fueron trasladados esa misma tarde al establecimiento penitenciario. Mientras eran retirados de la carceleta del Poder Judicial, familiares de los investigados proclamaron inocencia, en tanto allegados a la iglesia a la que pertenecía Cornejo Chinguel elevaban oraciones por él. Lo mismo sucedió el día que se instaló la audiencia.

“Se ha dictado 36 meses de prisión preventiva. Estoicamente acepto esta decisión judicial. Yo no tengo por qué pedir perdón (al pueblo de Chiclayo) porque todo está en investigación, cuando haya una sentencia definitiva ahí se hablará si hay culpabilidad. Los medios de comunicación escritos chiclayanos que celebran hablando en sus titulares de coimas en obras, simplemente eso se ha desacreditado con la decisión de esta prisión preventiva. Alcanzaré justicia durante el proceso de investigación”, dijo durante su traslado David Cornejo.

OTROS INVESTIGADOS

Al día siguiente fueron enviados a prisión preventiva Waldramina Aguilar Cueva, supuesta coordinadora de la organización criminal, y Mario López Correa, operador de la red para los actos de corrupción en la Gerencia de Desarrollo Vial de la comuna de Chiclayo. Aguilar Cueva, obrera asignada al área de limpieza pública, se le incautó documentos que no tenían relación con su función, sino más bien con los hechos que investiga el Ministerio Público.

“En la audiencia le pregunté dónde trabajó y me dijo permanentemente en el área de Residuos Sólidos, pero durante el registro domiciliario se le encontró chalecos de inspectores de Tránsito. Una solicitud de anulación de infracción impuesta a un usuario, una solicitud de trámite de licencia de conducir. ¿Qué hacen esos documentos en su casa?”, cuestionó la magistrada.

A López Correa se le imputa ser tramitador de licencias irregulares en la dependencia de transportes.

El exgerente de Transportes de la mu-nicipalidad, Isaías Merino Chavesta, fue enviado a prisión preventiva por 18 meses.

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