El plazo de detención preliminar contra el alcalde David Cornejo Chinguel y sus funcionarios se venció este jueves y la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque avanzó a toda máquina para tener listo el requerimiento de prisión preventiva por 36 meses, a fin de profundizar en las investigaciones al accionar de la presunta organización criminal que habría liderado la primera autoridad de la provincia. En tanto, una pregunta cae de madura: ¿Qué hizo la Contraloría General de la República durante este tiempo ante las irregularidades sucedidas en la municipalidad de Chiclayo?

Como primera respuesta puede señalarse que fue precisamente la Contraloría la entidad que otorgó insumos a la FECOR Lambayeque, a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, para robustecer su investigación contra la red denominada “Los corchines de la corrupción” o “Temerarios del crimen”, esto tras determinar irregularidades en varias obras licitadas por el municipio de Chiclayo en el marco del proceso de reconstrucción por el Fenómeno El Niño.

Así, el Ministerio Público recibió los expedientes e informes de control de obras como la rehabilitación de la Avenida Elvira García y García, en el tramo comprendido entre las avenidas José Leonardo Ortiz y Juan Tomis Stack; la rehabilitación de la Avenida Fitzcarrald, desde la carretera Chiclayo – Pomalca hasta la Avenida Bolognesi; la rehabilitación de la Avenida Francisco Cúneo Salazar, entre la Panamericana Norte y la calle Bernardo Alcedo, y la rehabilitación de la Avenida Paseo del Deporte, entre la Avenida Zarumilla y la calle El Virrey.

En suma, la Contraloría General de la República ha formulado 17 auditorías de cumplimiento en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, estableciendo una serie de responsabilidades administrativas, civiles y penales, que involucran directamente al suspendido alcalde David Cornejo Chinguel y a sus funcionarios.

MÁS OBRAS

En un comunicado de respuesta a las versiones del fiscal Juan Manuel Carrasco, por una supuesta falta de colaboración a la lucha contra la corrupción, la Contraloría General de la República ha numerado otras obras en las que también identificó irregularidades, como es el caso de la rehabilitación de la Avenida Miguel Grau, en el tramo comprendido entre la Vía de Evitamiento y la calle Elías Aguirre, también ejecutada con recursos de la Reconstrucción con Cambios.

En dicha obra, la entidad de fiscalización – señala – realiza el control concurrente y a la fecha ha emitido tres informes en los que evidencia distintos riesgos y omisiones por parte de la comuna provincial.

Asimismo, en el caso de la Avenida Paseo del Deporte, ha emitido dos informes de control con similares características.

A ello suma que concluyó con la auditoría de cumplimiento a los actos preparatorios, proceso de selección y suscripción del contrato, identificando responsabilidades administrativas y penales. Los actuados fueron remitidos a la FECOR a solicitud del fiscal.

“Como se puede evidenciar de lo anteriormente expuesto, la CGR viene ejerciendo de manera proactiva el control a las obras públicas que se ejecutan en el marco de la Reconstrucción Con Cambios en la provincia de Chiclayo y precisamente son estos resultados los que vienen contribuyendo a las investigaciones fiscales”, señala el comunicado.

DECLARACIONES JURADAS

La entidad también ha dado respuesta al cuestionamiento hecho por Carrasco Millones sobre la entrega de información referida a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de las autoridades y funcionarios del municipio provincial.

Al respecto, da cuenta que el 23 de octubre recibió el Oficio N° 2979-2018-FECOR-CH-MP-FN/JMCM, el cual fue atendido tres días después, informándole a Carrasco Millones que en el archivo de la Contraloría existían declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de 14 de las 28 personas que él consultó.

En el mismo documento, el fiscal fue informado que conforme a ley y a los protocolos establecidos por el propio Ministerio Público, corresponde al Fiscal de la Nación solicitar a los organismos públicos autónomos la información y documentos necesarios para el eficaz ejercicio de sus funciones.

“Es preciso señalar que, desde el 6 setiembre del 2017, por disposición del propio Ministerio Público, los señores fiscales tienen conocimiento que los requerimientos de información referentes a declaraciones juradas de ingresos y de bienes y rentas, deben ser canalizados a través de la Secretaría General del Ministerio Público, conforme el Oficio Circular N° 055-2017-MP-FN-SEGFIN de esa institución, procedimiento que fue reiterado el 7 setiembre del 2018, y que tiene como finalidad coadyuvar con la labor fiscal y evitar dilaciones que pudieran perjudicar los plazos de las investigaciones fiscales, tal como lo señala el  Ministerio Público en sus comunicaciones”, informa la Contraloría.

Después de la comunicación remitida por la Contraloría, Carrasco Millones no volvió a requerir las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas existentes en el archivo de la institución. 

Deja tu Comentario