El presidente de la Federación Peruana de Fútbol y empresario azucarero, Edwin Oviedo Picchotito, fue detenido de manera preliminar la mañana del jueves en Lima, por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, que habría liderado el destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi. También fue detenido su abogado, José Carlos Isla Montaño, y el exprocurador del Poder Judicial, Roly Capcha Requena.

Con Resolución N° 3, del 5 de diciembre, el Colegiado A la Sala Penal Nacional de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, integrado por los jueces Susana Castañeda Otsu, Ramiro Salinas Siccha y Juan Guillermo Piscoya, declaró fundado el requerimiento de detención preliminar contra Oviedo Picchotito, su abogado Carlos Isla Montaño y los coinvestigados Roly Capcha Requena, Alberto Chang Romero y Javier Prieto Balbuena, por el período de diez días.

Asimismo, ordenaron el allanamiento, registro domiciliario con descerraje en bienes de siete inmuebles, entre ellos la Federación Peruana de Fútbol, que funciona al interior de la Villa Deportiva Nacional – VIDENA, debiendo intervenirse la oficina de Presidencia, Secretaría General, Secretaría de Presidencia, gerencia de Marketing, la Subgerencia de Marketing, la Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia Departamento Legal y la Gerencia de Comunicaciones.

En el caso de Oviedo Picchotito, la orden judicial consideró además la incautación de los libros y/o registros de Contabilidad y Administrativos vinculados a su condición de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, los libros de actas y/o registros de Contabilidad, los registros de comprobantes de ingresos, gastos y toda la documentación relacionada a la administración de la VIDENA. También, equipos de cómputo, informáticos y los datos que contengan información contable, sustancias ilícitas, dinero, celulares, chips, memorias internas, externas, USB y demás elementos de almacenamiento.

La incautación documentaria se centra en lo generado entre octubre del 2017 y junio de este año.

El colegiado de la Corte Suprema admitió además el levantamiento del secreto de las telecomunicaciones sobre los investigados.

PEDIDO FISCAL

La Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada solicitó la detención contra los imputados por un plazo de 15 días, requerimiento que fue desestimado por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria el 29 de noviembre. Ante ello, el Ministerio Público presentó el recurso de apelación, recayendo en el colegiado presidido por Castañeda Otsu que, finalmente, amparó el pedido.

En la fundamentación de la apelación, el representante del Ministerio Público señaló, en audiencia reservada, que el juez de primera instancia no había valorado adecuadamente los hechos puestos de su conocimiento, tampoco el peligro inminente de evasión de Oviedo Picchotito al sometimiento indagatorio, “quien haciendo uso del poder o facultad que le brinda ejercer el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol, recurre a los medios de prensa a fin de victimizarse”.

FUNDAMENTOS DE LA SALA

La sala consideró que el requerimiento fiscal está referido a la vinculación de los imputados con la red de corrupción conformada por el ex juez supremo César Hinostroza Parichi, denunciado constitucionalmente por, entre otras cosas, presuntamente haber “recibido dinero y otros beneficios de Edwin Oviedo Picchotito, con la dolosa colaboración de José Carlos Isla Montaño”, su abogado, a cambio de favorecerlo en la investigación “Los wachiturros de Tumán”, seguida en su contra en el Lambayeque.

Dicho apoyo se habría materializado con la emisión de la Casación N° 326-2016-Lambayeque, del 23 de noviembre del 2016, dada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, de la que César Hinostroza era integrante. Dicha casación confirmó una tutela de derechos a favor de Oviedo Picchotito para que sea apartado del caso “Los wachiturros”.

Del mismo modo, la sala ha tomado en cuenta la presunta colaboración dolosa de Roly Capcha Requena, ex procurador del Poder Judicial, quien habría facilitado a Hinostroza Pariachi la información del caso Tumán.

“Se sustenta además que en las entregas de dinero que presuntamente realizaba Edwin Oviedo a César Hinostroza habría participado Antonio Camayo Velarde, gerente general de Iza Motors, en cuyo domicilio se habrían realizado las entregas de dinero y quien incluso, por pedido de Oviedo con el compromiso de reintegrarle la cantidad, habría solventado el pago de cinco mil dólares a Gloria Gutiérrez Chapa, esposa de Hinostroza Parichi, como bolsa de viaje el día de su partida a Rusia (16 de junio del 2018), e incluso habría sido la persona que por su vinculación a Oviedo le habría apoyado en las coordinaciones y futura entrega de entradas para los partidos de las eliminatorias y también al mundial”, detalla la resolución.

Sobre esta última hipótesis, el resultado del avance de la presente investigación ha permitido advertir que para el favorecimiento de las entregas (entradas) a favor del ex juez supremo se contó con la dolosa colaboración de Alberto Chang Romero, quien habría gestionado, adquirido y recibido las entradas para el mundial Rusia 2018.

PRESUNTOS DELITOS

En la investigación preliminar se le atribuye a Edwin Oviedo Picchotito el delito de organización criminal previsto en el Artículo 317 del Código Penal, toda vez que formaría parte del tercer nivel de corrupción de la organización denominada “Los cuellos blancos del puerto”, sosteniendo directa vinculación con el juez César Hinostroza, líder de la misma.

“Dentro de esta organización tendría el rol de solventar al líder de la organización criminal con dádivas (eliminatorias septiembre-octubre 2016 hasta octubre 2017 y partidos amistosos hasta mayo del 2018), favores como tratamientos en VIDENA  y dinero por la suma descubierta de 13 mil dólares, haciendo uso de su posición como presidente de la Federación Peruana de Fútbol para buscar la expansión de la red de corrupción, mantener hegemonía e impunidad”, indica.

Asimismo se le atribuye los delitos de cohecho activo específico, por haberse comprometido a la entrega de entradas para las eliminatorias para el mundial Rusia 2018 con la finalidad de obtener favores judiciales, como el ser favorecido con la Casación N° 326-2016, y cohecho activo genérico, pues se habría comprometido a entregar el pago de tres mil 300 soles mensuales a favor de César Hinostroza a cambio que este preste asesoría respecto a la tramitación del caso “Los wachiturros de Tumán”.

También se le imputa el presunto delito de tráfico de influencias en calidad de instigador.

“Se puede concluir razonablemente que respecto del investigado Edwin Oviedo existen razones plausibles para considerar que ha cometido los graves delitos que se le atribuye. Asimismo, los elementos de convicción dan cuenta que existe fuerte posibilidad de fuga y de obstaculizar la acción de la justicia”, señala la resolución.  

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