Los trabajadores del Poder Judicial estuvieron a un paso de iniciar una huelga general indefinida demandando al gobierno mejoras laborales, aspiración que finalmente se concretó con la inclusión de una nueva escala remunerativa en la Ley de Presupuesto para el 2019. Sin embargo, tal como señala su dirigente en Lambayeque, Luis Escajadillo Castillo, los problemas que atraviesan no se solucionan únicamente con mejoras económicas, también exigen un mejor trato de parte de los magistrados y el cese de lo que califica como medidas de hostilización.
El 20 y 21 de noviembre los trabajadores judiciales paralizaron sus labores por el incumplimiento de la Ley de Presupuesto 2018 que consideró una nueva escala remunerativa. Por el temor de que nuevamente su demanda sea postergada, a través del sindicato se anunció la inminente huelga nacional, medida que finalmente se desestimó con la inclusión de la escala en la ley de presupuesto para el próximo año.
“Si bien la nueva escala contemplaba ligeros incrementos a favor de los trabajadores, esta generaba nuevas brechas, por ejemplo, entre el relator con el secretario y los trabajadores de confianza con los secretarios. Como solución se logró que se apruebe la continuidad de la escala remunerativa en la Ley de Presupuesto 2019, lo que esperamos se cumpla”, explica.
Escajadillo Castillo comenta que también han logrado que las bonificaciones que reciben los trabajadores del Poder Judicial pasen como parte de la remuneración básica, lo que posibilitará que a partir de julio del 2019 reciban gratificaciones más altas.
Hasta hace unas semanas, el sueldo básico de un secretario era mil 702 soles, de un asistente mil 502 y del vigilante mil 300. Con la nueva escala un secretario recibirá como básico tres mil 850 soles.
CONTRATACIONES
Empero, el aspecto económico no es lo único que preocupa en el funcionamiento del Poder Judicial.
“En la presente gestión del presidente de la Corte de Justicia de Lambayeque, Aldo Zapata López, ha habido fricciones con los trabajadores por las rotaciones indebidas y el despido de servidores. Creo que esto se debe a la falta de un trabajo serio en el área de personal. Lamentablemente las cortes del país se han convertido en agencias de empleo. Presidente que entra lleva a su gente, luego los contratos se desnaturalizan, el trabajador inicia las demandas y luego se genera un problema. El no respetar los concursos ni la meritocracia ha originado que las cortes sean un caos. Hay más personal que plazas orgánicas. Eso es lamentable”, asevera el dirigente.
Escajadillo Castillo comenta que se ha hecho abuso de las contrataciones CAS para la inserción de más personal en la cortes. Cita como ejemplo, en el caso de Lambayeque, las contrataciones recientes para los juzgados de familia, procedimientos en lo que – afirma – los filtros de evaluación “no han sido los más rígidos y meritocráticos”.
“Eso ha generado que el trabajador con justa razón especule. Las contrataciones directas han generado que los trabajadores mismos critiquen, reclamen, porque hay trabajadores antiguos que siguen como auxiliares y asistentes, teniendo diplomados y maestrías, mientras gente nueva llega al cargo de secretario de juzgado. Eso genera desazón”, asevera.
El secretario general del sindicato refiere que es necesario que se tome con seriedad la urgencia de convocar a concursos de ascenso dentro de la carrera judicial.
“La autoridad tiene la facultad de la discrecionalidad, pero ello no implica que descuide la capacidad del servidores, porque no va a contratar a un bachiller”, manifiesta.
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS
Sobre los mandatos de reposición de trabajadores que la gestión de Aldo Zapata se negó a cumplir, Luis Escajadillo precisa que un argumento del actual presidente de la Corte fue esperar que los procesos terminen en la Corte Suprema de la República, sin atender que existían medidas cautelares de no innovar o resoluciones de reincorporación de los servidores que habían sido despedidos.
“Lamentablemente el presidente estuvo inflexible en un primer momento y decía que no iba a reponer a nadie, lo que generó incluso denuncias que Expresión documentó oportunamente. Como sindicato hemos apoyado a los trabajadores que se encontraban en esa situación, casi el 90 % de los casos ya han sido atendidos”, asevera.
“Lamentamos que la autoridad se haya mostrado inflexible. ¿Cómo ve la población que en la casa de la justicia no se respeten los mandatos judiciales? Esa ha sido una contradicción”, refiere.
Finalmente, ante la elección de nuevas autoridades en el Poder Judicial para el período 2019-2020, el dirigente precisa que se espera una gestión mucha más eficiente de los recursos y ordenada en el ámbito administrativo.
“Nosotros como sindicato recibimos quejas de los trabajadores. A veces, el magistrado cree que el trabajador es de su propiedad, lo trata de manera denigrante, con falta de respeto o negándole los permisos. En la Corte de Lambayeque hay bastantes casos de hostilización laboral”, enfatiza.
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