Cuatro años después la historia se repite. El jueves en la madrugada fue capturado el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, sindicado por la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR, como cabecilla de una organización criminal dedicada a realizar actos de corrupción en la administración municipal, formando parte de la misma regidores, funcionarios, terceros ajenos al aparato público e incluso el hermano del burgomaestre, quien en el 2016 quiso llegar al Congreso de la República con una campaña financiada con recursos de la ciudad.
Por lo que se conoce, el caso de David Cornejo Chinguel se asemeja mucho al del exalcalde, hoy recluido por corrupción, Roberto Torres Gonzales, cuyo gobierno cayó precisamente hace cuatro años gracias al operativo conjunto que desplegaron fiscales y policías, coincidentemente autorizado por el mismo despacho judicial que la semana pasada ordenó la detención preliminar por 15 días contra la actual autoridad y sus allegados.
REQUERIMIENTO FISCAL
La noche del 28 de noviembre la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, amparó el requerimiento fiscal presentado por el coordinador de la FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, en el Expediente N° 06984-2018-62-1706-JR-PE-04, aprobando la detención preliminar, allanamiento, incautación, registro de personas y levantamiento del secreto de las comunicaciones contra los investigados, presuntos integrantes de la organización denominada “Los temerarios del crimen” o “Corchines de la corrupción”.
A estos se les imputa el delito contra la administración pública en su figura de corrupción de funcionarios, colusión y cohecho, abuso de autoridad en agravio del Estado; contra el patrimonio en su figura de extorsión en agravio de empresas de transporte y contra la tranquilidad pública, en su figura de organización criminal.
ROLES EN LA ORGANIZACIÓN
Los supuestos integrantes de la red, liderados por David Cornejo Chinguel, son: Noé Cornejo Chinguel, hermano del alcalde, alias “Doctor”, quien en el 2016 postuló al Congreso de la República por Alianza Para el Progreso, cuya labor habría sido la de lugarteniente.
En línea vertical se ubica Waldramina Aguilar Cueva, alias “Charo”, natural de Pucará, provincia de Jaén, al igual que los hermanos Cornejo Chinguel, también militante de Alianza Para el Progreso y quien se habría desempeñado como coordinadora.
Los regidores Alfredo Montenegro Bermeo y Juan Carlos Pérez Bautista; los funcionarios Daniel Coronado Tarrillo (gerente de Asesoría Legal de la Municipalidad de Chiclayo); Jhon Vásquez Díaz (sub gerente de Secretaría General de la comuna) e Isaías Merino Chavesta (gerente de Desarrollo Vial y Transportes). Además, los exfuncionarios Miguel Quiroz Míñope, quien se desempeñó como gerente de Urbanismo en el primer tramo de la administración Cornejo; Luis Gil Otiniano, ex subgerente de Estudios y Proyectos de la municipalidad, y Jhon Vega Sánchez, antes funcionario de la Gerencia de Desarrollo Vial.
Se suman como investigados Homero Vigo Quintana, Washintong Aliaga Marín, Marco Antonio Medina Villena, Manuel Odar Farro, César Guzmán Castillo, Martín Guevara Rosado, Mario López Correa y Emiliana Garnique Gonzales.
CAPTURA
David Cornejo, que el lunes 26 de noviembre dirigió su última sesión de concejo en el municipio y recibió al próximo alcalde, Marcos Gasco Arrobas, para instalar la comisión de transferencia, se encontraba de licencia por motivos de salud. Aparentemente sus problemas de diabetes se habían agudizado en las últimas semanas por lo que decidió tomarse un descanso de las actividades de despacho.
El miércoles por la noche, la autoridad habría recibido el aviso de que una orden de captura en su contra se redactaba en en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, por lo que abordó un auto gris, de placa 1H5-360, con el que tomó rumbo a la ciudad de Trujillo.
Cornejo Chinguel fue interceptado antes de llegar a la capital liberteña por agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes estaban haciendo seguimiento de sus movimientos para evitar la fuga. Así, fue trasladado de retorno a Chiclayo, hasta su vivienda ubicada en la urbanización Santa Victoria.
En paralelo fueron intervenidas las viviendas de los otros investigados, encontrándose en el domicilio del ex gerente de Asesoría Legal de la comuna, Daniel Coronado Tarrillo, 119 mil soles y diversas tarjetas de operatividad.
La captura del alcalde y sus colaboradores se produjo como parte del megaoperativo denominado “Ciclón 2018”, en el que participaron 30 fiscales, más de 385 policías procedentes de otras ciudades y 62 unidades vehiculares.
La investigación se inició en julio de este año, tomando como indicios las irregularidades presentadas en la comuna provincial. En ese momento corrió el rumor que la fiscalía estaba tras los pasos de Cornejo Chinguel y su entorno más cercano, e incluso se dijo que algunos regidores se habían acogido a la colaboración para delatar los hechos irregulares sucedidos en el municipio.
HECHOS IMPUTADOS
“Son funcionarios ediles de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, resultando presunto cabecilla de la organización el alcalde David Cornejo Chinguel. Nosotros hemos investigado determinadas acciones y sobre esa base hemos establecido que se venían valiendo de sus cargos para emitir resoluciones a diferentes empresas de transporte a cambio de sobornos que iban desde los 40 mil hasta los 110 mil soles, para otorgar licencias de funcionamiento definitivo, y de 10 mil hasta 15 mil para darles el permiso provisional”, explicó el general Miguel Núñez Polar, Director Nacional de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional, quien junto a los demás mandos de la institución ofreció una conferencia de prensa sobre la captura “Los temerarios del crimen”.
Según la fiscalía, a la empresa de transportes Texas se le cobró 40 mil soles; a la empresa Viaje Seguro SAC, un monto similar; a la empresa Fexticum Express, por la concesión de la ruta Chiclayo – Monsefú, 60 mil soles; a la empresa Unión y Progreso 30 mil soles; a la empresa Liza SAC 40 mil soles; a la empresa Santa Pascuala 90 mil soles; a la empresa Acunta 110 mil soles; a Turismo Reque 700 soles por cada vehículo asociado a la empresa.
Asimismo se detectó irregularidades en los procesos de selección para la elaboración de expedientes técnicos de rehabilitación en cuatro avenidas de la ciudad: Paseo del Deporte, Francisco Cúneo, Elvira García y García y Carlos Fermín Fitzcarrald.
“Noé Cornejo Chinguel, sin ser funcionario público, era el nexo para pedir las sumas de dinero. La organización tuvo como coordinadora a la trabajadora CAS Waldramina Aguilar Cueva. Junto a ellos estuvieron funcionarios, gerentes y funcionarios oficialistas de la municipalidad de Chiclayo”, enfatizó Núñez Polar.
Según ha detallado el fiscal Juan Manuel Carrasco, la lista de los 19 imputados sobre los que se solicitó el mandato detención preliminar, es solo la primera de una larga nómina que contiene hasta 100 personas, entre funcionarios, empresarios, operadores y hasta periodistas. De los 19 investigados de la lista inicial, 14 se encuentran detenidos en el Departamento Antidrogas de la Policía Nacional.
Carrasco Millones, cuyo despacho ha llamado a declarar a decenas de personas, espera que al término del plazo concedido por la juez Cecilia Grandez haya avanzado con las diligencias correspondientes y esté en condiciones de solicitar una medida coercitiva de prisión preventiva, que por tratarse de una presunta organización criminal podría ser hasta de 36 meses.
CORRUPCIÓN A ESCALA
“Los años 2015 y 2016, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, habría ordenado a su hermano Juan Noé Cornejo Chinguel que los inspectores de la Gerencia de Tránsito y Transportes de dicha comuna realicen operativos contra las empresas de transporte que no querían apoyar con unidades móviles y dinero en efectivo en la campaña política de este último cuando postulaba por una curul al Congreso de la República por el Partido Alianza Para el Progreso, sin lograr su objetivo. Para este hecho contaron con el apoyo de Waldramina Aguilar Cueva, logrando que las empresas ‘La Pradera’, ‘Cruz de la Esperanza’, ‘Ávila Morón’, empresa interprovincial ‘América’, ‘Taxi Seguro’, ‘Taxi Latino’, ‘Taxi Vip’ y otras en proceso de identificación entreguen un cupo quincenal como beneficio económico indebido a favor de Noé Cornejo Chinguel y el líder de la organización criminal”, señala el requerimiento fiscal.
Estos hechos configurarían el delito de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado, por la ocurrencia de operativos fraudulentos.
Asimismo, la red habría incurrido en el delito de corrupción de funcionarios por la anulación de papeletas de tránsito a cambio de coimas.
“David Cornejo le facultó a Waldramina Aguilar Cueva anule las Actas de Control de Transporte (Papeletas de Infracción a la Ordenanza Municipal 01-2012-MPCH), de vehículos que habían sido internados en el Depósito Municipal ubicado en el Terminal EPSEL. Esta había cobrado a los propietarios de los vehículos sumas de 50, 150 y 300 soles para liberarlos, pese a existir actas e informes firmados por los inspectores intervinientes”, se detalla en la resolución judicial.
También se imputa el delito de cohecho pasivo impropio en agravio de la comuna de Chiclayo por la realización de operativos fraudulentos en transportes, en los que se involucra a los exfuncionarios Isaías Merino Chavesta y César Guzmán Castillo; y el delito de corrupción de funcionarios por la emisión de resoluciones de alcaldía fraudulentas y permisos de circulación irregulares.
Otro hecho que la fiscalía investiga es la comisión del delito de extorsión en agravio de transportistas.
Del mismo modo se detectó la presunta comisión del delito de colusión por la adjudicación fraudulenta de obras de rehabilitación de avenidas.
“En el segundo semestre del 2017, la Municipalidad Provincial de Chiclayo convocó a cuatro procedimientos de selección para la contratación de elaboración de expedientes técnicos de ejecución de cuatro obras: Rehabilitación de la avenida Elvira García y García, rehabilitación de la avenida Fitzcarrald, rehabilitación de la avenida Francisco Cúneo y rehabilitación de la avenida Paseo del Deporte. La Contraloría General de la República, luego de fiscalizar los procesos, evaluando los expedientes de contratación y procedimientos de selección, encontró varias irregularidades, como que en los expedientes de contratación se encontraban resúmenes ejecutivos firmados en formatos derogados que no concordaban con los del SEACE, no se había publicado el resumen ejecutivo de la adjudicación simplificada N° 050, los resúmenes ejecutivos no estaban respectivamente llenados y no tenían sustento legal (estudio de mercado, pluralidad de postores y otros). Además, las bases tenían incongruencias en su contenido, no se consignó las actividades que realizaría el consultor, y otras irregularidades más”, se precisa en la resolución judicial que amparó el mandato de detención.
Para la fiscalía, existen también indicios de corrupción en el proceder de los comités responsables de dichas adjudicaciones.
TERRENO DE LA BENEFICENCIA
En la carpeta fiscal se menciona también un caso de tráfico de influencias configurado por la presunta donación sospechosa de un terreno, propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo, a favor del hermano de Cornejo Chinguel.
El hecho se centra en lo ocurrido en el 2015, cuando David Cornejo supuestamente ordenó a los funcionarios de la beneficencia y de asesoría legal la elaboración de los documentos relacionados al traspaso de un terreno de aproximadamente dos hectáreas, ubicado en la carretera Chiclayo – San José, conocido como “el botadero de basura”, para ser entregado en calidad de donación a una asociación inscrita en Ecuador a nombre de Noé Cornejo Chinguel.
A ello se suma que para la fiscalía, Noé Cornejo aprovechó su condición de hermano del alcalde para ocupar los recursos de la comuna con el objetivo de trabajar en su campaña al Congreso de la República. Por ejemplo, empleó a médicos de la beneficencia para campañas de salud en los pueblos jóvenes y recibía respaldo de personal de serenazgo y la policía municipal.
A Noé Cornejo también se le señala también, junto a Aguilar Cueva, como promotor para la obtención irregular de títulos de propiedad de los pobladores del pueblo joven Nadine Heredia, en la urbanización La Pradera, debido a que a estos les faltaba constancia de posesión por parte de la municipalidad. El apoyo del hermano del alcalde se habría concretado tras la asignación de dos lotes de terreno a su nombre.
Ambos personajes también habrían participado en el cambio irregular de personal municipal y en la expedición de permisos a empresas de transporte del servicio interurbano.
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