A cuatro años de la caída de la presunta red criminal “Los limpios de la corrupción”, liderada por el ex alcalde de Chiclayo Roberto Torres Gonzáles, el balance de lo actuado pone en tela de juicio la idoneidad del equipo de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, dirigido por el fiscal Sergio Zapata Orozco, pues pese a su dedicación exclusiva a la Carpeta N° 2447- 2014, no ha culminado las investigaciones por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. Se cumplen ya, cuatro años.
Los defensores de la legalidad literalmente han quedado sin piso para continuar las investigaciones por seis meses más, luego que el juez Leonardo Carrillo Reynaldo, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializada en el Delito de Corrupción de Funcionarios, declarara infundada su solicitud por carecer de sustento legal al no existir la figura de prórroga de la prórroga.
Dentro de las 14 diligencias pendientes por el Ministerio Público se encuentran los resultados de las pericias contable y financiera, consideradas medios de prueba necesarios y suficientes para determinar la existencia de desbalance patrimonial y la ilicitud de los bienes obtenidos por los integrantes de la presunta organización criminal.
En resumen, sin pericias la fiscalía no podrán acusar a ninguno de los 33 investigados por lavado de activos, los mismos que forman parte de los 100 imputados que fueron incorporados a la investigación en diferentes años, situación que ha motivado que el “emblemático” caso se convierta en un proceso judicial inmanejable e interminable.
Resulta casi insólito que habiéndose dispuesto la detención del exalcalde, funcionarios y otros, desde el año 2014, por el presunto delito de lavado de activos, recién tres años después empezaron a elaborarse las pericias económicas y financieras, tras fracasar el ensayo de las hojas informativas de la Contraloría General de la República, que concluían presunto desbalance patrimonial en los exfuncionarios, excediéndose en su competencia contenida en la misma Constitución Política del Estado.
En su momento los procesados denunciaron presunta malversación de fondos del órgano controlador, pues fue necesario contratar profesionales externos para realizar los documentos.
ORIGEN DEL CASO
El caso “Los limpios de la corrupción” se deriva de la denuncia del ex trabajador de EPSEL Carlos Canales Guevara, contra funcionarios de dicha empresa tras requerirle la suma de siete mil soles a condición del pago de sus adeudos laborales ascendentes a 45 mil 192 soles dispuesto por un juez.
En el marco de las diligencias preliminares se generaron los informes policiales N° 120-14-DIRTEPOL-LAMB.OFINTERPOL-CH, del 4 de septiembre de 2014, y N° 136-2014-RPNO-DITERPOL-LAMB, del 29 de septiembre de ese mismo año, en los cuales se detallan supuestas acciones de inteligencia que motivaron el requerimiento del levantamiento de las comunicaciones, del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil respecto a las personas denunciadas por Carlos Canales y por adición a otros directivos de EPSEL, la municipalidad de Chiclayo y el ex SATCH.
Los Informes policiales identificaron a Roberto Torres Gonzáles como el líder y como segundo de esta organización a Juan Martín Villanueva Velezmoro, a quien apodaron “El Cerebro”.
Incluso en el requerimiento de convalidación de detención preliminar judicial, del 1 de octubre del 2014, el fiscal Zapata Orozco, sorprendió a la juez de garantías constitucionales, al afirmar que para desbaratar la presunta red criminal se había generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de lavado de activos de la policía nacional, un equipo de la Comisión de Bienes Incautados, un equipo de peritos contables, un equipo de inteligencia operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior, más un equipo de 30 fiscales del distrito judicial de Lambayeque. No obstante, ninguna de dichas entidades confirmó su participación en virtud a carta notariales enviadas por los imputados.
Pese a lo vertido en los informes, entre los más de 100 investigados, solo figura un policía, y no han incorporado a ningún otro más, menos a fiscales o jueces, tampoco se ha pedido el levantamiento de la inmunidad a ningún congresista o miembro del Tribunal Constitucional, instancias que supuestamente sirvieron para proteger a los investigados en los dos períodos de gobierno de Roberto Torres Gonzáles, a decir de los efectivos de inteligencia de la policía.
Menos se ha descubierto alguna cuenta en el exterior en los llamados paraísos fiscales ligada a los investigados. Entonces, ¿se magnificaron los informes policiales y el requerimiento fiscal? ¿Con qué objetivo?
UNA MIRADA A LOS INVESTIGADOS
El 30 de septiembre del 2014, la jueza Cecilia Costa Gonzáles, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, dictó prisión preliminar contra 22 personas, siendo detenidos: el asesor de EPSEL, Martín Villanueva Velezmoro; el presidente del directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz; el gerente de Obras de la comuna, Carlos Mendoza Oliden; la pareja sentimental de Roberto Torres, Katiuska del Castillo Muro; el gerente de Transportes, Javier Valencia Gutierrez; el gerente de Imagen Institucional del municipio, Carlos Santa Cruz Alarcón; el policía anticorrupción Joel Ugaz; los regidores Roland Alarcón Rojas y Coeli Sarmiento Torres; y la hija de Roberto Torres, Nataly Torres Alarcón, quienes fueron recluidos para las investigaciones preliminares de siete días.
Días posteriores a la medida restrictiva, se pusieron a derecho, Norma Muro de Del Castillo, madre de la pareja sentimental del alcalde; y César Regalado Rodríguez, ex gerente general de la comuna.
En la investigación preliminar, el Ministerio Público dispuso la liberación de Mendoza Oliden y de Quesquén Díaz.
Igual medida favoreció a la hija de Roberto Torres, en tanto, en la audiencia de prisión preventiva se dictaminó comparecencia restringida para Coeli Sarmiento Torres, y en la apelación para Roland Alarcón Rojas, quien recuperó su libertad. El resto fue recluido en el penal de Chiclayo por un período de 18 meses, que luego fue ampliado a 16 más.
El 7 de octubre de ese mismo año fue capturado en Mocupe, el exalcalde y el 11 de diciembre del 2014 se dictó una nueva orden de captura contra 10 personas, siendo intervenidos los ex gerentes generales de la municipalidad Ciro Chávez Martos y Misael Delgado Mendoza; la proveedora Ruth Zuñiga López y el regidor Marco Arrascue Pasapera. Este último fue luego puesto en libertad con comparecencia restringida. En diciembre de ese mismo año, se pusieron a derecho, Jorge Matallan Peralta, ex administrador de la MPCH, y el ex coordinador de Alcaldía, Víctor Pérez Bracamonte, quienes también fueron liberados.
Al siguiente año, el 12 de enero del 2015, se puso a derecho, José Baca Távara, ex gerente general de EPSEL; y el 16 de enero hizo lo propio el ex administrador de EPSEL, Juan Valdivia Goicochea. Ambos fueron enviados a prisión.
El 21 de enero, corrió la misma suerte Jorge Inchaústegui Samamé, ex gerente de Urbanismo.
DESACUMULACIONES
El 23 de febrero del 2017, el Ministerio Público, solicitó al juzgado la desacumulación de imputaciones argumentando la existencia de elementos suficientes para conocer los casos con independencia. Es así como se logró la desacumulación de 16 casos derivado del expediente principal.
El 4 de julio del 2017, la Fiscalía consiguió la primera condena de tres años y cinco meses de pena efectiva contra Ruth Zúñiga López, por ser cómplice primaria del delito de colusión en agravio del Estado.
Pese a los 22 procesos de selección investigados en los que están inmersos diversos empresarios, solo Zuñiga López purga prisión efectiva, en tanto los demás siguen sin sentencia o han recibido penas benévolas al haberse acogido a la colaboración eficaz. Oficialmente se sabe que de los 30 empresarios investigados solo tres han sido sentenciados.
El primer funcionario en ser condenado fue José Baca Távara, quien recibió una pena de 11 años por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio. No obstante, la Sala de Apelaciones de Lambayeque recovó en parte la decisión de primera instancia, ordenando un nuevo juicio por el delito de cohecho pasivo impropio.
También han recibido sentencias condenatorias Misael Delgado Mendoza, Ciro Chávez Martos, Martín Villanueva Velezmoro, César Regalado Rodríguez, Javier Valencia Gutiérrez y Carlos Santa Cruz Alarcón.
Roberto Torres Gonzáles suman a la fecha 22 penas acumuladas en diversos procesos, no obstante, la Corte Suprema ha admitido un recurso de casación donde se esboza la teoría de que el exburgomaestre sería un “extraneus” debido a que no formó parte del Comité Especial que dio la buena pro en las obras por los que supuestamente recibió prebendas.
Mientras que su pareja sentimental, Katiuska del Castillo Muro, fue sentenciada a 3 años y 10 meses de prisión efectiva por el delito de colusión.
LOS PROTEGIDOS
Desde el inicio, los ex funcionarios encarcelados denunciaron ensañamiento en su contra y trato preferencial sobre algunos imputados como el ex administrador, Hugo Matallana Peralta, quien goza de libertad y no fue incluido en las 16 desacumulaciones pese a los graves cargos que pesan sobre él. Inclusive fue utilizado por la fiscalía para incriminar a los otros exfuncionarios, como sucedió en el juicio del exgerente de Transportes, Javier Valencia Gutiérrez, donde el mencionado personaje fue consignado como testigo de cargo sin tener relación con el hecho imputado.
De igual modo, el ex presidente del directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz, tampoco ha sido sentenciado pese a los graves delitos cometidos en el desempeño de sus funciones. El citado personaje, según propias declaraciones, aceptó los cargos de lavado de activos, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, cohecho pasivo propio, entre otros.
CRONOGRAMA DE UN PLAZO AGOTADO
El 18 de julio del 2014 la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo emitió la disposición N° 01 mediante el cual se inicia la investigación preliminar en la carpeta fiscal 2447- 2014.
El 7 de octubre del 2014 dispuso formalizar investigación preparatoria contra 12 investigados por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir y lavado de activos en agravio del Estado y la municipalidad de Chiclayo.
El 29 de mayo del 2015 se prorrogó la investigación preparatoria vía proceso complejo por el lapso de ocho meses, pedido que fue atendido por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria mediante Resolución N°46 el 1 de junio del 2015.
El 12 de enero del 2016, mediante Disposición N° 145, el Ministerio Público, de acuerdo a su competencia, adecuó las actuaciones de la carpeta fiscal 2447-2014 a los lineamientos de la Ley Contra el Crimen Organizado - Ley 30077 y modificatoria según Ley 30133. Asimismo dispuso adecuar el plazo de investigación preparatoria a 36 meses.
El 30 de mayo del 2016, la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Lambayeque, mediante Resolución N° 11, estableció un plazo judicial de investigación preparatoria de 36 meses que venció el 1 de junio del 2018.
Es decir, el plazo legal y razonable ya se agotó, no existiendo ninguna justificación más como aduce la fiscalía, poniendo como excusa la naturaleza y gravedad del delito, hechos altamente complejo por la pluralidad de agraviados e inculpados que sobrepasan los 100, 22 adjudicaciones públicas, acciones obstruccionistas de los investigados, entre otros.
La fiscalía apeló la resolución del juez Leonardo Carillo Reynaldo.
Sin embargo, en segunda instancia correría la misma suerte porque el tribunal superior no podrá contravenir su propia resolución que fijó como plazo legal y razonable el término de la investigación el 1 de junio del 2018, en base a un pedido de control de plazos.
Luego que se ratifique en segunda instancia la decisión del Juez Leonardo Carillo Reynaldo, el Ministerio Público tendría que formular acusación contra los investigados o, por el contrario, pedir sobreseimiento de los delitos que no han sido probados.
A la fecha suman 112 los investigados, mientras que solo 10 purgan prisión efectiva en el Penal de Chiclayo, otros con sentencias condenatorias se hallan prófugos de la justicia y la gran mayoría espera el pronunciamiento del Ministerio Público para que se defina su situación legal.
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