En audiencia de desacumulación, el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, a cargo de la investigación del caso “Los limpios de la corrupción”, señaló que ha sido maltratado por un sector de la prensa como consecuencia de imputaciones falsas que se le hacían respecto a un supuesto favorecimiento a Percy Quesquén Díaz.
Sin embargo, los hechos apuntarían a que Zapata Orozco se ha visto obligado a desacumular las carpetas del expresidente del Directorio de EPSEL, Percy Quesquén Díaz, en razón de que la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público aperturó investigación preliminar en su contra, por un presunto encubrimiento al exfuncionario, a quien no investigó por el caso “Transportes Línea” y ha mantenido en libertad pese a ser considerado uno de los funcionarios de mayor confianza del exalcalde Roberto Torres Gonzales.
DESACUMULACIÓN
Zapata Orozco solicitó ante el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la desacumulación de una imputación de cohecho pasivo impropio contra los ex funcionarios de EPSEL, Percy Quesquén Díaz y Juan Miguel Valdivia Goycochea, acusados junto a Roberto Torres Gonzales por supuestamente haber recibido prebendas o coimas del empresario constructor Darío Acuña Peralta, hermano del actual gobernador regional.
La referida dádiva fue presuntamente para beneficiarlo – a través del Consorcio Triple A - con la ejecución de la obra de renovación de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la avenida Elvira García y García de Chiclayo.
En la audiencia en mención, en un momento determinado, el fiscal justificó su decisión de desacumular el caso “Triple A” en los siguientes términos:
“A quien habla, puntualmente, siempre se le ha criticado por no haber desacumulado delitos al señor Percy Quesquén Díaz. ¡A la saciedad! Todo el tiempo he sido maltratado entre comillas por un sector de la prensa como consecuencia de esas imputaciones falsas que se me hacían directamente. Estoy pidiendo la desacumulación del señor Percy Quesquén Díaz y del señor Valdivia Goycochea para tenerlos frente a frente (…), quiero verlos en el escenario del juzgamiento. Sin embargo, hay una oposición a esa desacumulación…”.
TRATO DIFERENTE
Expresión ha recopilado una serie de hechos que bien podrían sustentar el trato diferenciado que el Ministerio Público le ha dado a Percy Quesquén Díaz en el caso “Limpios de la corrupción” e incluso, mucho antes.
El 30 de septiembre de 2014, cuando se produjo el operativo que desarticuló la supuesta organización criminal “Limpios de la Corrupción”, fueron detenidos una veintena de funcionarios de la comuna chiclayana, entre ellos Percy Quesquén Díaz, considerado hombre de la más absoluta confianza de Roberto Torres, investigado por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.
Días después, el 6 de octubre de ese año, Percy Quesquén Díaz y Carlos Mendoza Oliden, otro de los investigados, sorpresivamente salieron en libertad con mandato de comparecencia simple, mientras que a los demás funcionarios se les trasladó al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo con mandato de prisión preventiva. En entrevista brindada al semanario Hildebrandt en sus Trece, el entonces fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones, fiscal a cargo del caso específico de Quesquén Díaz, declaró que los referidos exfuncionarios estaban “colaborando” con la justicia.
Al respecto, independientemente que el Código Procesal Penal vigente establece que la información proporcionada por el colaborador eficaz debe ser corroborada para determinar su eficacia, señala como requisitos de la eficacia de la información y beneficios premiales que el colaborador debe “entregar los instrumentos, efectos, ganancias y bienes delictivos relacionados con las actividades de la organización delictiva, averiguar el paradero o destino de los mismos, o indicar las fuentes de financiamiento y aprovisionamiento de la organización delictiva”.
Hasta la fecha, habiendo trascurrido casi cuatro años, no se tiene conocimiento que Percy Quesquén Díaz cuente con acuerdo de colaboración eficaz aprobado por el juzgado penal correspondiente. Sin embargo, sigue gozando de libertad.
PERICIA CONTABLE
Horas antes de obtener su libertad, Quesquén Díaz presentó ante el Cuarto Despacho de Investigación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, una pericia contable suscrita por el contador José Antonio Ibáñez Alcántara, con la que pretendía acreditar que durante el período 2004 - 2014 no había incurrido en desbalance patrimonial. En otras palabras, que sus gastos fueron menores a sus ingresos durante el período bajo análisis.
En el rubro “Egresos”, señala, entre otras cosas, haber sido propietario únicamente de dos terrenos adquiridos en el año 2010; uno en la urbanización Monterrico, vendido en febrero de 2011, y otro en la urbanización La Florida, vendido en noviembre de 2012 a Katiuska del Castillo Muro. Asimismo, indicó haber adquirido tres vehículos: un automóvil marca Volkswagen comprado en el año 2009 y dos automóviles Kia Picanto comprados en mayo y junio de 2014, respectivamente.
El Ministerio Público, basado en declaraciones de testigos y co imputados, a través del tiempo, pudo concluir que Percy Quesquén Díaz habría adquirido más bienes de los declarados oficialmente, utilizando presuntamente a familiares y amistades, trasgrediendo lo establecido en el inciso d) del Artículo 475° del Código Procesal Penal. Sin embargo, el fiscal Zapata Orozco, titular de la investigación seguida contra “Los limpios de la corrupción”, jamás varió la medida coercitiva contra este, a pesar de haberse demostrado que le ocultó información flagrantemente a la misma fiscalía.
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
En la Teoría Fiscal, expuesta en la Disposición N° 238, de fecha 19 de diciembre del 2016, Zapata Orozco, al formalizar investigación preparatoria por el delito de Lavado de Activos contra Rubén, Betsabé y Jenny Quesquén Díaz (hermanos del expresidente de EPSEL), Alejandro Quesquén Díaz y Lorenza Díaz de Quesquén (padres), Lorenzo Pecsén Mimbela y Ana María Gonzáles Tapia (suegros), y Fiorella del Carmen Bazán Paredes (amiga), sustenta su decisión en la presunción que los bienes adquiridos por estas personas se pagaron con dinero ilícito perteneciente a Percy Quesquén Díaz, de acuerdo al siguiente detalle:
Rubén Quesquén Díaz, el 14 de septiembre de 2012, adquirió un inmueble ubicado en la calle 28 de Julio N° 597 del pueblo joven Diego Ferré, por un monto de tres mil soles (ha quedado acreditado que en realidad se pagó 50 mil soles). Percy Quesquén Díaz en su declaración del 21 de enero del 2015 señaló que en el 2012 compró el referido terreno a nombre de su hermano Rubén en aproximadamente 20 mil dólares, construyendo un edificio con un gasto aproximado de 120 mil soles.
Betsabé Quesquén Díaz, el 11 de noviembre de 2011, adquirió una camioneta rural marca Hyundai, modelo H-1, de placa de rodaje M1T-420, por la suma de 25 mil 990 dólares. Percy Quesquén Díaz en su declaración del 21 de enero del 2015 señaló: “en el año 2013 adquirí una camioneta Hillux, marca Toyota, a nombre de mi hermana Betsabé Quesquén Díaz, y la puse a nombre de mi hermana porque tenía permanentes problemas con mi esposa…”.
Jenny Quesquén Díaz, el 10 de diciembre de 2013, adquirió un inmueble ubicado en la Manzana 11, Lote 26 (Calle 28 de Julio N° 415), pueblo joven Diego Ferré, por un monto de 17 mil dólares. José Nicolás Baca Távara (otro investigado) en su declaración del 12 de enero del 2015, sostuvo que Percy Quesquén Díaz era propietario de una vivienda ubicada en la avenida 28 de Julio N° 415 del referido pueblo joven. Anotó que el mismo Quesquén Díaz se lo había manifestado, llevándolo incluso a conocer la casa.
Alejandro Quesquén Díaz y Lorenza Díaz de Quesquén, el 17 de septiembre de 2011, adquirieron un automóvil marca Toyota, modelo Corolla, placa de rodaje M1S-160, por la suma de 19 mil 510 dólares. Percy Quesquén Díaz en su declaración de enero del 2015 señaló que en el año 2011 vendió un auto Toyota Corolla y compró otro en el mismo año, a nombre de su padre.
El 22 de agosto de 2010, los padres del expresidente de ESPEL adquirieron un lote de terreno ubicado en la calle Universidad La Católica s/n, Chochope, Lambayeque. Mariano Carranza Suyón, en su declaración del 9 de noviembre del 2016, sostuvo que la venta del referido predio se efectivizó con participación de Percy Quesquén Díaz y su madre, siendo el primero de los nombrados quien efectuó el pago de mil soles en presencia del Juez de Paz de dicho sector.
Asimismo, Alejandro Quesquén Díaz y Lorenza Díaz de Quesquén habrían adquirido un área en la parte posterior del inmueble ubicado en la avenida 28 de Julio N° 571 (Fitzcarrald N° 574 – Interior A), PPJJ Diego Ferré. José Nicolás Baca Távara sostuvo que Percy Quesquén Díaz compró un terreno ubicado en la parte posterior de la vivienda de sus padres, con acceso a un departamento de material noble ubicado en el segundo piso a través de una escalera.
Lorenzo Pecsén Mimbela y Ana Gonzáles Tapia, con fecha 12 de noviembre de 2012, adquirieron un inmueble ubicado en la calle León Barandiarán N° 139 – Departamento 301, Urbanización Arturo Cabrejos Falla, por la suma de 125 mil dólares. Percy Quesquén Díaz en su declaración de enero del 2015 señaló que en el año 2013 compró el departamento de la Urbanización El Abogado y allí canceló la suma de 50 mil dólares en efectivo, y el resto se financió con un préstamo hipotecario con el Banco de Crédito del Perú a nombre de sus suegros por la suma de 126 mil soles. También adquirió la cochera en aproximadamente 12 mil dólares.
Fiorella Bazán Paredes, con fecha 19 de agosto de 2014, adquirió una camioneta marca Toyota, modelo RAV 4, por la suma de 25 mil dólares. Bazán Paredes, el 20 de octubre de 2014, hizo entrega de la referida camioneta, declarando que le pertenecía a Percy Quesquén Díaz, quien le solicitó que figurara a su nombre.
Como corolario, el Ministerio Público señala en el punto 5.21.3. de la referida disposición: “Por consiguiente, se colige que el procesado Percy Quesquén Díaz solía realizar esta modalidad de adquisiciones o transferencias de vehículos (actos de conversión y transferencia: compra y venta), e incluso de inmuebles a nombre de terceras personas y familiares porque sencillamente el dinero que sirvió para adquirirlos era de procedencia ilícita al no poder justificarlo…”.
En la misma Disposición N° 238, del 19 de diciembre del 2016, el fiscal Sergio Zapata Orozco señala: “…5.5. De este modo, advertimos que el imputado Percy Quesquén Díaz era considerado del círculo de confianza de Roberto Torres Gonzales, porque fue designado en altos cargos directivos con la única finalidad de tener dominio de los caudales del Estado como la MPCH y EPSEL S.A., y aquel acataba sus órdenes, generándose un alto grado de confianza entre ellos…”.
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