La Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque resolvió ratificar el pedido de sobreseimiento presentado por la fiscal Ana Zegarra Azula, ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Motupe, en el caso “Alcabala”, que compromete al exalcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, sus exregidores y los representantes de las empresas que adquirieron las tierras de la irrigación en el mencionado distrito.
La decisión fue adoptada por la fiscal superior Giovana del Río Carreño, respaldando la posición de Zegarra Azula, de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
EL CASO
El caso se inició por la denuncia presentada por el ex Procurador Público de la municipalidad de Olmos, Hugo Lamadrid Ibáñez, por el presunto cobro irregular por el concepto de alcabala por parte de la comuna a las empresas adquirientes de las tierras subastadas en el Proyecto de Irrigación Olmos, así como por la presumible ilegalidad del crédito que estas habían otorgado al municipio como pago adelantado del impuesto predial.
La denuncia fue acogida por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, que con la Disposición N° 1, del 27 de marzo del 2015, inició las diligencias preliminares sin consignar los tipos penales objeto de la investigación, rectificándose con la Disposición N° 2 y declarando el caso complejo con una siguiente disposición, en la que se estableció como presuntos delitos: malversación de fondos, asociación ilícita, colusión desleal, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.
Tiempo después, la fiscalía emitió la Disposición N° 4 en la que resuelve no formalizar la investigación, decisión impugnada por el procurador municipal, llegando hasta la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, que el 9 de febrero del 2016 confirmó el archivamiento respecto de los delitos de malversación de fondos y asociación ilícita para delinquir, pero revocó la decisión de Zegarra Azula en lo referido a colusión, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.
Ante la corrección señalada por el superior jerárquico, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios emitió la Disposición N° 6, formalizando y continuando la investigación preparatoria contra los involucrados, por haber incurrido en supuestos ilícitos en agravio de la comuna de Olmos.
En dicha disposición la fiscal declaró el caso complejo y fijó un plazo de ocho meses para el desarrollo de sus diligencias, entre ellas la realización de una pericia contable, la búsqueda de información referida al Proyecto Olmos, recabar información del Tribunal Fiscal y otras más.
Tiempo después, el 9 de noviembre del 2016, Zegarra Azula formuló el requerimiento de sobreseimiento del caso.
RECHAZO DE SOBRESEIMIENTO
Con Resolución N° 20, del Expediente N° 02742-2016-0-1708-JR-PE-01, la juez Flor Mendoza Cueva, del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo de Justicia de Motupe, notificada el 23 de abril pasado, declaró improcedente el pedido de sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público.
La pretensión de la fiscal Ana Zegarra Azula fue sobreseer la investigación a favor de Leticia Cobian Saldaña, Julio Ikeda Matsukawa, Juan Salinas Ampuero, Juan Mendoza del Solar, Octavio Paredes Rosales, Fernando Devoto Acha, Tito Pique Romero, Javier Landázuri Barclay, Roberto Falcone Montalva, Luis Falcone Ríos, Berlu Apaza Bedoya, Eleuberto Martonelli y Juan Andrés Masano Soto como presuntos cómplices del delito de colusión agravada y Willy Serrato Puse, como supuesto autor del referido ilícito.
Asimismo, a favor de Serrato Puse, como autor, a sus ex funcionarios Segundo Mendoza Dávila, Kovak Mendoza Yep y Edil More Chumán, y a los exregidores Gustavo Soplopuco Ruiz, Lizando Mío Pupuche, Luz Benites Soplopuco y Luis Barandiarán Gonzaga como cómplices del presunto delito de cohecho pasivo propio, en tanto a los mencionados en el párrafo precedente como supuestos autores del delito de cohecho activo genérico en agravio de la Municipalidad Distrital de Olmos y la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
La jueza elevó el expediente a la Fiscalía Superior para que rectifique o ratifique el pedido de la fiscal Alva Azula.
DECISIÓN DEL SUPERIOR JERÁRQUICO
Es así como el caso llegó al despacho de Giovanna del Río Carreño, quien señala en su disposición que la jueza debió ordenar una investigación suplementaria, argumentando expresamente las razones por las que el caso debía ir a juicio oral.
Recoge también el hecho de que la Procuraduría encargada del caso “Odebrecht”, al oponerse al sobreseimiento de la investigación, pidió la investigación suplementaria indicando una serie de medidas y diligencias que la magistrada del Poder Judicial no tomó en consideración.
“En consecuencia, la Fiscalía Superior no puede rectificar un requerimiento de sobreseimiento y ordenar que se formule acusación en base a diligencias que no han sido actuadas”, señala en su disposición la expresidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque.
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