El abogado Jorge Luis Vásquez Limo, en representación de su patrocinado José Alberto Asunción Reyes, interpuso, con fecha 13 de diciembre del 2017, una denuncia contra Diego Romero Soto, conciliador de la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque, por los presuntos delitos de estafa agravada y falsedad de documentos, previstos y penados por los artículos 427 y 428 del Código Penal.

El Artículo 427, referido a la“Falsificación de documentos”, señala que “el que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de diez años y con 30 a 90 días-multa si se trata de un documento público, registro público, título auténtico o cualquier otro trasmisible por endoso o al portador y con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con 180 a 375 días-multa, si se trata de un documento privado. El que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”.

En Artículo 428, sobre “Falsedad ideológica”, indica que “el que inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con 180 a 375 días-multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas”.

EL CASO

El mencionado proceso recaído en la Carpeta Fiscal N° 7720-2017, tramitado ante la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, se originó en razón de que Romero Soto habría afirmado al denunciante que era socio de la Asociación de Moradores Los Libertadores y que era propietario de varios lotes de dicha asociación, los cuales se encontraban ubicados en la carretera a Lambayeque, ofreciendo venderle 12 lotes a cinco mil soles cada uno, para lo cual, a fin de dar fe, hizo entrega de una copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2015-GR.LAM/PR, del Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 4 de septiembre del 2015.

“Mi patrocinado, actuando de buena fe y con confianza considerando que el denunciado fue presentado por una extrabajadora, Julie Cruz Timoteo, como su enamorado, accedió a la compra de los lotes ofrecidos cancelándole la cantidad aproximada de 36 mil soles, no obstante habiendo pasado tiempo en demasía y pese a los requerimientos de mi patrocinado, a través de diversas cartas notariales, el Romero no ha cumplido con entregar los derechos de propiedad de los lotes comprados, solo se ha limitado a ‘solicitar que tenga paciencia puesto que se habían realizado observaciones en COFOPRI’. También hizo entrega del documento firmado por Elevides Hoyos Pérez, supuesto presidente de la Asociación de Moradores Los Libertadores, en el cual se consignaba el nombre del recurrente como beneficiario”, explica el abogado.

DOCUMENTOS FALSOS

Anota que se procedió a indagar en la SUNARP sobre la existencia de la Asociación de Moradores Los Libertadores, dándose con la sorpresa que la mencionada asociación tiene como presidente a José Elver Huamna Sandoval y no a Elevides Hoyos Pérez. Asimismo, no existía ningún escrito o documento que el supuesto presidente haya ingresado a favor del recurrente.

“En el marco de las investigaciones que realizamos se comprobó que la  Resolución Ejecutiva Regional n° 127-2015-GR.LAM/PR, del gobierno regional, de fecha 4 de septiembre del 2015, con la que el denunciado acreditó que se iba a dar la adjudicación del predio de la Asociación Pro Vivienda Los Libertadores, es falsa, pues la verdadera Resolución Ejecutiva Regional N° 127-2015-GR.LAM/PR,del gobierno regional, tiene por fecha 3 de febrero del 2015 y su contenido difiere totalmente a la resolución que entregó el denunciado, versando sobre la designación del jefe de la Oficina Regional de Planteamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lambayeque”, detalla el letrado.

HECHOS IMPUTADOS

“De lo expuesto se concluye que el señor Romero Soto sorprendió la buena fe de mi patrocinado procurando para sí un provecho ilícito al apoderarse de su dinero, actuando con engaño y astucia definitivamente en forma fraudulenta, quedando así acreditado que ha cometido los delitos que denunciamos”, señala.

Vásquez Limo anota que deja mucho que desear el comportamiento de este funcionario público, quien tiene el deber de cumplir con lo establecido por el Código de Ética del Sector Público, Ley N° 27815, que en su Artículo 6 señala los principios de la función pública, entre los cuales cabe resaltar el principio de probidad.

“(…)Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. 5. Veracidad. Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos”, detalla.

Comenta, asimismo, que estaría incumpliendo el Artículo 8, respecto a Prohibiciones Éticas de la Función Pública. El mismo cuerpo normativo que contempla: “1. Obtener Ventajas Indebidas Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia. 3. Realizar Actividades de Proselitismo Político Realizar actividades de proselitismo político a través de la utilización de sus funciones o por medio de la utilización de infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. 2. Hacer Mal Uso de Información Privilegiada Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha información para el beneficio de algún interés”, explica.

"Queda claro que por su particular posición frente al Estado y la sociedad el señor Romero Soto debe responder por su conducta ante esta acción, una vez que le sea requerida por la autoridad correspondiente a efectos de determinar su responsabilidad. Esta responsabilidad no se limita a la esfera pública, sino que puede trascender a su esfera privada y personal, de allí que surjan los diferentes tipos de responsabilidades que constitucional y legalmente se acumulan como consecuencia de su ejercicio. En tal sentido el señor Romero Soto no puede continuar en el cargo que ostenta”, menciona.

Finalmente, hace un llamado a todos aquellos que han sido perjudicados con la misma modalidad a fin que puedan denunciarlo a las autoridades.

 respuesta de ALUMNOS UDCH el 2022-10-28.

 respuesta de ALUMNOS UDCH el 2022-10-28.

 respuesta de ALUMNOS UDCH el 2022-10-28.

 respuesta de ALUMNOS UDCH el 2022-10-28.

 respuesta de Jose Aguilar Carrasco el 2018-08-02.

Deja tu Comentario