El 1 de agosto el representante de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, Francisco Vizconde Meléndez, y el prefecto del departamento de Lambayeque, Gustavo González Reque, se reunirán nuevamente con los dirigentes de la Empresa Agroindustrial Tumán, a fin buscar soluciones a los diferentes problemas internos que afectan a esta.
En la primera reunión que se realizó en la sede de la Prefectura, en la ciudad de Chiclayo, los dirigentes no acordaron ningún tema de debate, ya que los representantes de las dirigencias se dedicaron más a discutir que a buscar soluciones a los problemas que aquejan a la mencionada empresa.
DENUNCIAS
El presidente de la Asociación de Accionistas y Trabajadores para la Concertación Empresarial de Tumán y Anexos - ASCETA, Leoncio Egúsquiza Sánchez, manifestó que con el propósito de solucionar los problemas que atraviesa la Empresa Agroindustrial Tumán, junto a su sindicato se reunió dos veces, en el 2017, con representantes de la PCM en la ciudad de Lima, donde expusieron los problemas que se suscitaban en el distrito azucarero.
Durante la reunión acordaron que en noviembre del mismo año se establecería una mesa de diálogo con las autoridades locales para solucionar los problemas y darle tranquilidad laboral a los tumaneños, pero como los funcionarios fueron cambiados ese acuerdo nunca se concretó.
A pesar de las adversidades, dijo que su organización ha demostrado la voluntad del diálogo ante las fuerzas auténticamente democráticas, dando a conocer que ellos quieren el desarrollo, la estabilización y que se acabe “la dictadura prepotente y abusiva que está viviendo Tumán”
Añadió que la población está pasando hambrunas, porque la mencionada empresa tiene una deuda de más de 38 millones de soles con el Estado, con los trabajadores y con terceros. Además, aseguró que se han cometido saqueos por más de 300 millones de soles.
“Durante la reunión que tuve con la PCM en la ciudad de Lima, hice saber los siguientes puntos: que se levante el estado de emergencia, la problemática sobre la deuda, que la empresa vuelva a manos de los trabajadores y que se realice una auditoría por parte de la Contraloría desde el 2015 hasta la fecha”, señaló.
Alejandro Zevallos Gonzales, exadministrador judicial de la Empresa Agroindustrial Tumán, refirió que las denuncias contra las injusticias que se vivían en el distrito azucarero fueron realizadas desde el año 2007 ante el Poder Judicial y el Congreso de la República, “pero nadie hizo justicia con respecto al tema”.
“El Estado tiene que asumir su responsabilidad también con el distrito de Tumán, porque en el año 2009 cuando gobernaba Alan García Pérez se emitió y se aprobó la Ley de Protección Patrimonial que favorecía a la actual administración judicial, denominada como la Ley Oviedo y el Estado la apoyó sin darle justicia a los tumaneños”, refirió.
“El pueblo de Tumán está sin sueldo, nuestros hijos no estudian y el trabajador ha tenido que emigrar a otras ciudades para buscar el sustento de sus familia, todo porque el Estado y el Poder Judicial apoyan a una sola persona sin prevalecer los derechos de los trabajadores tumaneños”, relató.
PROBLEMÁTICA
El secretario general de la Federación de Trabajadores Azucareros, Demetrio Ruiz Ríos, manifestó que entre el 2006 y el 2014, Tumán cumplió con los pagos de los trabajadores y con los pagos de sus tributos. Sin embargo, “unos malos dirigentes, en complicidad de algunos trabajadores, se apoderaron de la empresa e hicieron que esta termine por adeudarse más”.
“Se dice que hubo un recorte de sueldo y el sindicato anterior quedó de brazos cruzados, pero eso es mentira, porque nunca hubo recorte”, explicó.
En abril del 2014, los trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán ingresaron a una huelga por seis meses. Posteriormente, el 10 de septiembre del 2015 los trabajadores tomaron por asalto la administración de la empresa, sacando a la fuerza a la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata. Desde esa fecha, las administraciones que se hicieron cargo de la empresa no pagaron los impuestos ni mucho menos a los trabajadores.
“En el 2017 empezó la desobediencia civil y robaron los cables, transformadores, piñones de la fábrica y se vendieron vehículos en uso como chatarra con el propósito de conseguir dinero. Los administrativos que engañaron a los trabajadores para que nos sacaran a nosotros, son quienes han llevado a la ruina a Tumán, porque ellos no han pagado sus impuestos a la SUNAT, no cumplieron con los pagos a la AFP, al seguro social ni mucho menos a los trabajadores”, narró.
LEY PATRIMONIAL
Respecto a la Ley de Protección Patrimonial, aseguró que es falso que dicha ley haya favorecido a una sola persona, ya que la acumulación de deudas que tenía Tumán con la SUNAT hizo que el gobierno de Alán García ordenara la intangibilidad de las cuentas de la empresa, que luego inició un proceso concursal ante el INDECOPI.
“En Tumán se dio una protección patrimonial con parámetros y producto de ella, desde el 2011 al 2015, se pagaron 58 millones de soles. En el 2015 hasta la fecha las administraciones que estuvieron cargo de la empresa no pagaron nada, esa protección patrimonial la perdimos y la deuda ha aumentado”, aclaró.
Durante la reunión no estuvieron presentes los integrantes del directorio del ingenio azucarero, el cual desempeña funciones amparado por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
PCM
El representante de la PCM en Lambayeque, Francisco Vizconde Meléndez, narró que la reunión se realizó para saber cuáles fueron las causas que llevaron a la ruina a la empresa azucarera y cuáles son las medidas que se deben tomar.
“Esperemos que en la próxima reunión los dirigentes se dediquen a dialogar y dar soluciones para la empresa, porque eso es importante para ellos y para todos los tumaneños”, declaró.
En la cercana cita deben estar presentes los sectores nacionales y regionales del Estado, ya que ellos son los únicos involucrados en dar acreditaciones a los diversos tipos de problemas.
“Esperamos contar con la presencia de un representante del Ministerio de Agricultura, del Ministerio Público, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, del INDECOPI, del Ministerio del Interior, de la Autoridad Nacional del Agua - ANA, de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, entre otras”, indicó.
PREFECTO
El prefecto de Lambayeque, Gustavo González Reque, dijo que la problemática ya es conocido, es por eso que en la próxima reunión los dirigentes tienen que llegar con propuestas de solución que ayuden a sacar adelante a la empresa azucarera, ya que los beneficiarios serán los propios tumaneños.
“El presidente de la República tiene dentro de sus prioridades atender las demandas sociales, pero dentro del diálogo, porque nadie quiere que haya estado de emergencia”, manifestó.
CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN
El Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha el juez Héctor Conteña Vizcarra, mediante Resolución N° 93, declaró nula la diligencia de reposición en el cargo de Jorge Ricardo Rodríguez Gálvez como gerente de la Empresa Agroindustrial Tumán.
La diligencia a cargo del secretario judicial José Luis Zumarán Cruzado fue anulada debido a que la diligencia no se entendió con la administración judicial vigente, sino con un tercero sin facultades para reponer en el cargo al ex trabajador Rodríguez Gálvez.
La actual administración judicial es quien ejerce la representación legal de la empresa y con esta debe realizarse la diligencia para disponer luego lo conveniente respecto al extrabajador. Sin embargo, no se cumplió con lo ordenado por el juzgado, siendo causal de nulidad de todo lo actuado.
La negligencia cometida por el secretario judicial José Luis Zumarán Cruzado al efectuarla con una persona no acreditada constituye una falta grave por lo que se indica remitir las copias de los actuados pertinentes a la ODECMA para iniciar el proceso disciplinario y también se ofició al presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Aldo Zapata López, para que ordene dar trámite al cambio del secretario.
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