El Instituto Nacional Penitenciario – INPE, con el apoyo del Ministerio de Justicia, ha puesto en marcha el Programa de “Cárceles Productivas”, que apunta a generar condiciones de desarrollo laboral para los internos, capacitándolos a fin que adquieran un oficio el cual desempeñar al cumplir sus condenas. Este incluye certificaciones emitidas por instituciones especializadas.

El director de la Oficina Regional Norte – INPE Chiclayo, Juan Herrera Chávez, refiere que el programa se aplica en los 11 penales de su jurisdicción, que comprende a los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca y La Libertad.

“En Chiclayo hemos construido un hangar de dos pisos para el funcionamiento de los talleres, en los que laboran 145 internos, esto bajo el marco del Decreto Legislativo N° 1343 y su reglamento, que señala las medidas para la implementación y promoción de las cárceles productivas”, explica.

La aplicación del programa se hace posible por el esfuerzo del gobierno central, los gobiernos regionales y locales, las instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos, empresas y empresarios independientes. De los ministerios, los que tienen mayor participación son el de Producción, Interior y Mujer y Poblaciones Vulnerables.

NUEVOS ESPACIOS

En el ex penal de Picsi, los talleres funcionaron antes en los pabellones, ocupando tres ambientes de regular tamaño que al ser liberados serán ocupados por los internos.

Herrera Chávez comenta que se ha dispuesto la construcción de literas en esos espacios a fin de brindar mayor comodidad a los internos, considerando que el recinto carcelario se encuentra actualmente hacinado, al exceder en casi 300 % su capacidad.

“En esos espacios estaremos habilitando un mínimo de 500 camas, lo que nos ayudará a resolver en parte el problema del hacinamiento, que no es un problema exclusivo del penal de Chiclayo, sino a nivel nacional”, refiere.

PARTICIPACIÓN CRECIENTE

En los demás talleres que el INPE ofrece participan aproximadamente mil 300 reclusos; es decir, casi el 40 % del total de internos que purgan condena en el ex penal de Picsi.

“En áreas laborales tenemos mil 345 participantes, estamos hablando de reclusos que participan en manualidades, panadería, restaurante y más de 340 que están estudiando dentro del penal. De los cuatro mil internos que se encuentran recluidos en Picsi, casi el 50 % están capacitándose”, manifiesta.

Herrera Chávez comenta que en los próximos meses se construirá una nueva zona de producción industrial en el establecimiento penitenciario de Chiclayo de aproximadamente 400 metros cuadrados. En la actualidad los internos realizan trabajos de carpintería, producción de calzado y confecciones en cuero. En otros establecimientos se elaboran también productos de paja y textilería.

“A largo plazo lo que buscamos es que los participantes del Programa de Cárceles Productivas vivan separados del resto de la población penal y además cumplan un horario de trabajo de ocho horas diarias, como si estuvieran trabajando en cualquier empresa o fábrica. Lo que queremos es generar en ellos el hábito del trabajo, que sean conscientes que están en un área productiva”, remarca la autoridad penitenciaria.

ALIANZAS CON EMPRESAS

El INPE apunta a que las empresas locales vean en los internos mano de obra calificada y responsable para encargarles la elaboración de sus productos. De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1343, estos deben percibir una Remuneración Mínima Vital, que asciende a 930 soles mensuales, dinero que debe ser depositado por el empresario en una cuenta corriente del Banco de la Nación. El 70 % del ingreso mensual es destinado a la manutención de la familia del interno, el 20 % para el pago de la reparación civil establecida por el Poder Judicial y el 10 % restante al sostenimiento y mejora de los talleres.

“Estamos buscando mercado para la comercialización de los productos que se elaboran. Actualmente son los familiares de los participantes quienes venden lo que se produce en las cárceles y ese es un círculo que tenemos que cerrar. Lo que queremos es que el empresariado pueda adquirir la producción de los internos, dándole mayor formalidad a la cadena y con un beneficio mucho más real para ellos”, señala, agregando que en Trujillo, por ejemplo, siete empresas contratan los servicios de los reclusos para la producción de zapatos.

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