El 10 de mayo el diario La Industria publicó un amplio y contundente informe referido a las relaciones e intereses familiares del coordinador de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones, en la Empresa Agroindustrial Tumán, sobre la cual hace tres años inició una investigación que involucra a sus principales directivos. Ahora, se suma el caso del fiscal Héctor López Pupuche, cuya pareja sentimental fue apoderada de la administración que lideró Marcelino Llontop Suyón.
La investigación contra la presunta organización criminal denominada “Los Wachiturros” se inició en el 2015 dentro de la Tercera Fiscalía Provincial Penal, donde Carrasco Millones y López Pupuche se desempeñaban como fiscales.
La tesis desde un inicio fue que dicha organización era liderada por el empresario Edwin Oviedo Picchotito y conformada por otros funcionarios de su entorno, quienes habrían recurrido a una serie de hechos ilícitos como asesinatos y atentados para mantenerse en el control de la azucarera Tumán.
En el marco de las investigaciones, el 1 de septiembre del 2015, en horas de la tarde, Carrasco Millones y López Pupuche llegaron hasta las instalaciones de la empresa para intervenir en el Departamento de Caja y Valores, tal como dieron cuenta diversos medios locales.
En su intervención los representantes del Ministerio Público encontraron armas de fuego que habrían sido utilizadas por personal de seguridad de la agroindustrial. En la diligencia también participó el delegado de la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior, Juan Carlos Díaz Liza.
INTERÉS PERSONAL
Lo hallado en la diligencia de ambos fiscales sirvió de base para que la fiscalía continúe la investigación imputando a los presuntos integrantes de la organización, entre otros delitos, la tenencia ilegal de armas.
Apenas cuatro días antes de la intervención el fiscal Carrasco Millones, encargado de la coordinación de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, había logrado que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria ordene la captura de 21 personas como parte de la investigación del caso “Los “Wachiturros”. En el requerimiento el fiscal pidió también la detención de Edwin Oviedo y otros funcionarios de la azucarera, pero el juez no acogió la pretensión en ese extremo.
La participación del fiscal Héctor López Pupuche no tendría nada de extraño si meses después su pareja sentimental, con quien tiene dos hijos, no hubiese sido designada como apoderada de la administración judicial que irregularmente consiguió Marcelino Llontop Suyón.
El 12 de abril del 2016, en la Notaría Macedo, la Empresa Agroindustrial Tumán, representada por los entonces administradores Marcelino Llontop, Diómeses Bocanegra Irigoin y Jorge Paredes Delgado, otorgaron poder general y especial para juicios a Yris Melisa Núñez Alcántara, Helder Enrique López Fernández, Yvan Daniel Salazar Moncada, Óscar Alberto Zamora Vega, José Luis Falen León, Edgar Armando Carrasco Vega, Richard Rogger Tirado Ventura y Julio César Tapia Santome.
A estos se les otorgó poder para “ejercer la representación procesal de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A”, pudiendo de manera individual o colectiva ejercer la representación judicial y legal de la sociedad en todo asunto, juicio, proceso y procedimiento de carácter comercial, agrario, de aduanas, administrativo, tributario, municipal, judicial, laboral, penal, civil y arbitral, constitucional, procesal y de cualquier naturaleza con todas las facultades generales del mandato y las especiales contenidas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil.
En ese sentido, podían interponer demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, solicitar medidas cautelares, deducir excepciones, tachas o cualquier otro mecanismo de defensa procesal, ofrecer caución juratoria de naturaleza real o persona, reconocer documentos, prestar declaración de parte, presentar recursos de reposición, apelación, nulidad, casación, revisión, queja, constitucionalidad, de agravio constitucional y más.
También, representar a la azucarera ante el INDECOPI, la SUNAT, SUNARP, Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores, CAVALI y empresas prestadoras de servicio sin limitación alguna.
Asimismo se les facultó para asistir a diligencias, conciliar y disponer del derecho sometido a conciliación y para arribar a acuerdos conciliatorios o de transacción con la autorización de los administradores judiciales.
El vínculo entre Yris Melisa Núñez Alcántara y el fiscal Héctor Núñez Popuche queda probado con las publicaciones que ambos tienen en sus cuentas personales de Facebook, así como en las fotografías de celebraciones familiares y comentarios.
LOS VÍNCULOS DE CARRASCO
Si bien el interés personal del fiscal Núñez Popuche en la Empresa Agroindustrial Tumán es posterior al inicio de las investigaciones a los exfuncionarios por la presunta organización “Los Wachiturros”, en el caso del fiscal Juan Manuel Carrasco existen antecedentes previos.
Tal como informó el diario La Industria, “el 18 de diciembre del 2004, Juan Manuel Carrasco Millones contrajo matrimonio civil con Jacqueline Silvia Díaz Idrogo, tal como consta en el Acta N° 00818142 del Registro de Estado Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Fue testigo del matrimonio Tomás Franklin Díaz Idrogo, identificado con Documento Nacional de Identidad – DNI N° 41495061, hermano de la novia y quien desde el año siguiente se convirtió en abogado al graduarse en la Universidad Particular de Chiclayo.
Tomás Díaz Idrogo es quien el 1 de febrero del 2011 suscribió una demanda de amparo que interpuso César Augusto Sandoval Lozada ante el Juzgado Mixto de la provincia de Utcubamba, Amazonas, contra Wigberto Cabrejos Flores, entonces presidente del Directorio de la Empresa Agroindustrial Tumán, a fin que se declare la nulidad de la inscripción del órgano de la gobierno de la azucarera.
El abogado se acreditó como domiciliado en el Jirón Cristóbal Colón 771, del distrito de Bagua Grande, y con registro N° 3435 del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL.
El cuñado de Carrasco Millones logró que el juez German Auris Evangelista, del Juzgado Mixto de Utcubamba, emitiera la Resolución N° 1 del Expediente 086-2011-001, concediendo la medida cautelar a favor de César Sandoval Lozada con inusual rapidez, al emitir su pronunciamiento un día después de presentado el recurso.
En su decisión Auris Evangelista resolvió otorgar la administración temporal de la Empresa Agroindustrial Tumán a José Lachira Fiestas, Edgar Cayotopa Martínez y Frank Guevara Díaz, primo del abogado y también del fiscal Carrasco Millones.
El juez les otorgó las facultades de gestión y representación de la empresa, con capacidad para diseñar, programar, recibir, nombrar, celebrar, expedir, adquirir, negociar, suscribir, arrendar, contratar, realizar, abrir, efectuar y registrar todo lo concerniente a la gestión administrativa, económica, comercial, productiva y demás de la azucarera.
Ordenó que quienes ostentaban en ese momento la administración de la empresa la entreguen a favor de los tres designados por su despacho y que se suspendan las facultades e inscripción registral del IV Directorio de la agroindustrial, presidido por Cabrejos Flores. Comisionó también al juez de Paz Letrado de Tumán para que haciendo uso de todos los apremios facultados por ley para que cumpla con el mandato.
El 8 de febrero del 2011, Fernando Zurita Alejandría, juez de Paz de Única Nominación de Picsi, emitió el Oficio N° 5-2011-JPUNP, dirigido al entonces jefe de la II DIRTEPOL Lambayeque, Carlos Vallejos Pasano, para solicitar las garantías policiales a fin que se realice la instalación de la administración judicial designada por el juzgado de Utcubamba.
La diligencia que había sido programada para el 9 de febrero no se ejecutó, por lo que casi un mes después, el 7 de marzo, Tomás Díaz Idrogo y César Sandoval Lozada volvieron a recurrir al juez Auris Evangelista para que ordene que se prosiga con la ejecución de la medida cautelar.
Sin embargo, ya el 14 de febrero, con Resolución N° 1 en el Expediente N° 0562-2011-45-1706-J-CI-03, la juez Nancy Celis Novoa, del Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, había admitido una demanda de amparo presentada por Segundo Ordinola Zapata y Armando Vásquez García, declarando nula la resolución de Utcubamba y trabando el ingreso de los tres administradores que el juez Germán Auris había designado para que asuman el control de la azucarera Tumán.
De ese modo la pretensión de César Sandoval y el abogado, primo del fiscal que ahora tiene a su cargo el caso “Los Wachiturros”, en el que investiga a varios personajes ligados a la empresa Tumán, entre ellos Edwin Oviedo Picchotito y el mismo Segundo Ordinola Zapata, quedó trunca.
El 8 de marzo el mismo juzgado de Utcubamba anuló la resolución del juez Auris Evangelista, observando, entre otras cosas, que para tramitar el amparo a su favor César Sandoval no tenía domicilio real en la jurisdicción del órgano judicial”.
El mismo diario señala que el interés de familiares del fiscal Juan Manuel Carraco Millones en la empresa Tumán no es nuevo, data desde el año 2008, cuando el 15 de febrero Frank Guevara Díaz planteó un hábeas corpus ante el Juzgado Especializado Penal de Utcubamba, Amazonas, a nombre de Ramón Chacón Rioja, por la supuesta vulneración del debido proceso, del principio de legalidad y del derecho de defensa en un caso que también compromete a Segundo Ordinola Zapata y Edwin Oviedo Picchotito.
“El mismo personaje ha tenido vinculaciones como abogado con César Sandoval y Marcelino Llontop Suyón, quien tomó posesión de la empresa Tumán de la mano de Fernando O’Phelan Pérez y al amparo de una cuestionada resolución emitida por un juez de José Leonardo Ortiz, quitándole el control de la azucarera al Grupo Oviedo”, indica la publicación.
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respuesta de RAUL el 2018-06-03.
O SEA QUE LOS FISCALES ACTUAN POR INTERESE, SI ESTO FUERA LOGICO A VER QUE INTERES HUBIESE TENIDO EL DR. CARRASCO PARA INVESTIGAR A LOS LIMPIOS DE LA CORRUPCION O SEA TAMBIEN EL MUNICIPIO HUBIESE SIDO PARA ALGUN FAMILIAR NO. EN CUANTO AL TITULO DE EMPRESARIO AL INESCRUPULOSO OVIEDO LE DIRE SRA. DIRECTORA DEL ESTE SEMANARIO QUE ESTE SUJETO ES SOLO UN COMERCIANTE ACAPARDOR Y SECUESTRADOR CON MALOS JUECES QUE SU ALMA POR DIERO LA VENDEN AL DIABLO OTRO EJEMPLO EL VIEJO PACO TAMBIEN DECIA SER EMPRESARIO LO CUAL NO CALIFICA PARA ESTO. SI HABLAMOS DE QUE SE EMPLEAN A PERSONAS QUE SON PRIMERO PERSEGUIDORES DE LOS MALECHORES QUE ESTA AL MARGEN DE LA LEY TAMBIEN LE RECUERDO QUE EL PSEUDO EMPRESARIO TAMBIEN CONTARTO A PERSONAS COMO HIJOS DE JUECES Y MAS NOTORIO FUE LA CONTRATACION DEL EXCORONEL INGLESIA QUE CUANDO FUE DADO DE BAJA POR RENOVACION DE CUADROS ESTE TIPEJO LO CONTRATO COMO JEFE DE “SEGURIDAD” O SEA LLEGO A SER JEFE DEL JEFE DE LOS WACHITURRO AL INDEABLE WILFREDO RODRIGUEZ.
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