Lo que para el gobernador de Lambayeque Humberto Acuña Peralta y sus funcionarios fue una reunión con resultados satisfactorios, para la presidenta de la comisión que investiga el caso “Lava Jato” en el Congreso de la República, Rosa Bartra Barriga, no lo fue. El viernes último la autoridad regional acudió ante el grupo de trabajo para responder sobre las adendas que firmó a favor de Odebrecht en el Proyecto Olmos, cayendo – a decir de la parlamentaria fujimorista – en contradicciones.
Olmos es uno de los megaproyectos que Odebrecht, a través de dos concesionarias, ejecutó en Lambayeque y sobre el cual se han levantado diversas opiniones, además de dudas sobre la transparencia del proceso de adjudicación a partir del escándalo “Lava Jato”, que compromete a la gigante constructora brasilera.
En ese marco, la comisión que preside Bartra Barriga decidió citar para el viernes 11 de mayo al gobernador regional de Lambayeque, con el objetivo que explique las razones por las que firmó dos adendas a favor de las concesionarias de Odebrecht, responsables de las fases de trasvase e irrigación del Proyecto Olmos.
El contrato para la ejecución del componente de trasvase de Olmos, que comprende la construcción de la Presa Limón, el Túnel Trasandino y otras obras menores, se firmó en el 2004, durante del gobierno de Alejandro Toledo, en tanto el contrato para las obras de irrigación se suscribió en el segundo gobierno de Alan García, a mediados del 2010.
Si bien la administración de Humberto Acuña como gobernador regional empezó recién en el 2011, para la comisión este debía explicar al detalle por qué es que firmó adendas que modificaron los contratos iniciales que suscribió el Estado Peruano, representado por el gobierno regional, y Odebrecht para la ejecución de ambas fases del ansiado proyecto lambayecano.
LA CONTROVERSIA DEL TRASVASE
La perforación del Túnel Trasandino, de casi 20 kilómetros de extensión, de los cuales 14 trabajó la Concesionaria Trasvase Olmos – CTO, se retomó en el 2006 y concluyó en diciembre el 2011, con casi dos años de retraso. La concesión es de 20 años a favor de la compañía que se cuentan a partir del 2004.
El contrato inicial establecía que la subsidiaria de Odebrecht debía entregar la obra en el 2009, para en adelante cobrar al Estado la Remuneración Unitaria Básica – RUB por el trasvase de las aguas del río Huancabamba. Sin embargo, en el proceso de excavación se produjeron hechos naturales no imputables al concesionario, como el incremento del caudal del río en el 2008, que afectó considerablemente el frente oriental y su campamento, y los estallidos de roca entre el 2009 y el 2010.
Esto llevó a CTO a invocar el reconocimiento de dos conceptos: perjuicio económico-financiero y sobrecostos en la obra, ambos considerados en el contrato.
El primer concepto se refería a que debido a los atrasos por razones no imputables a la constructora el túnel no había ingresado en operación en el tiempo previsto y, en consecuencia, la compañía no había percibido el pago anual por el trasvase de las aguas. El segundo concepto versa sobre los gastos adicionales que había ejecutado la empresa para continuar con las excavaciones pese a los estallidos.
Hasta el 2010, la posición del Gobierno Regional de Lambayeque, propietario del Proyecto Olmos, era la de no reconocer ninguno de los dos conceptos. En respuesta, Odebrecht paralizó de manera unilateral los trabajos en el 2011 y con el afán de hallar una solución tanto concedente como concesionaria llegaron al acuerdo de someter la pretensión a peritaje. El acta se firmó el 16 de septiembre del 2011 siendo Humberto Acuña gobernador regional.
Odebrecht exigía que el gobierno regional le reconozca casi 50 millones de dólares por perjuicio económico y 74 millones de dólares por sobrecostos.
ADENDA EN CUESTIÓN
Para el peritaje del perjuicio económico el Gobierno Regional de Lambayeque contrató los servicios del experto financiero Sergio Bravo Orellana, mientras que para resolver la controversia del sobrecosto se llamó al experto Jorge Alva Hurtado, actual rector de la Universidad Nacional de Ingeniería – UNI y decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú.
Bravo Orellana resolvió que debía reconocérsele a CTO el pago de 49 millones 326 mil dólares como perjuicio económico, en tanto Alva Hurtado determinó que el sobrecosto solo ascendía a cinco millones 684 mil dólares.
En función de lo establecido por los peritos y con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la administración de Acuña Peralta aceptó la suscripción de una adenda al contrato de concesión, admitiendo el pago de los más de 49 millones de dólares por perjuicio económico y los cinco millones de dólares por sobrecostos.
EL FACTOR BRAVO
El contrato original de concesión señala expresamente en su cláusula 3.4, que en los casos en los que se produzcan retrasos o demoras por causas no imputables al concesionario y estos ocasionen perjuicio económico-financiero, “se otorgará la prórroga necesaria del plazo de la concesión, para que el concesionario pueda resarcirse de dicho perjuicio mediante el cobro de la Remuneración Unitaria Básica durante el período adicional de la concesión”.
Pese a lo indicado en el contrato, la administración de Acuña Peralta firmó la adenda y aceptó el pago adelantado de los 49 millones 326 mil dólares indicados por el perito Sergio Bravo Orellana.
Empero, lo que nadie dijo en su momento es que Bravo Orellana tenía antecedentes de haber dado pronunciamientos favorables a Odebrecht, como por ejemplo la entrega de la misma concesión del Trasvase Olmos, en el 2004, al desempeñarse como integrante del Comité de Licitación de Proinversión, cargo desde el cual un año después también le otorgó a la compañía la concesión de la Interoceánica Sur, en el gobierno de Alejandro Toledo.
En el segundo gobierno de Alan García, Bravo Orellana fue nombrado viceministro de Transportes.
Hoy, Bravo Orellana es uno de los exfuncionarios de Proinversión a los que el Ministerio Público investiga por el caso “Lava Jato”.
ADENDA DE LA IRRIGACIÓN
La otra adenda que se cuestiona de la gestión de Humberto Acuña sobre el Proyecto Olmos tiene que ver con el componente de irrigación.
Tras un polémico debate que ameritó la participación del MEF, de la Contraloría General de la República y del propio parlamento, en junio del 2010 el Estado Peruano y H2Olmos, también subsidiaria de Odebrecht, firmaron un contrato de concesión por 25 años al aprobarse la iniciativa privada que esta presentó para irrigar 43 mil 500 hectáreas, de las cuales 38 mil se ubican en el Valle Nuevo y cinco mil 500 en el Valle Viejo de Olmos.
El propósito de este proyecto fue ejecutar las obras para conducir las aguas trasvasadas del río Huancabamba con infraestructura mayor y menor de riego hasta las tierras a beneficiar. Al igual que en el caso del trasvase, la subsidiaria de Odebrecht asumió la construcción, operación y mantenimiento del proyecto.
Dentro del contrato se estableció la cláusula referida a la subasta de las 38 mil hectáreas del Valle Nuevo, de cuya venta se obtuvieron los recursos para la realización de las obras de irrigación. La cláusula 6.1, en su párrafo final, señala expresamente lo siguiente:
“En ningún caso el concesionario o sus accionistas, ni las empresas vinculadas directa o indirectamente al concesionario o a sus accionistas, podrán participar de la subasta”.
Con ello, H2Olmos u Odebrecht, directamente, quedaban prohibidos de adquirir tierras en el Proyecto Olmos.
La cláusula 6.3 del contrato indica además que la subasta se declaraba exitosa al configurarse dos condiciones: la venta total de las 38 mil hectáreas y que el dinero recaudado de la misma sea, como mínimo, 161 millones 500 mil dólares.
El 9 de diciembre del 2011 y el 12 de abril del 2012 se realizaron las dos subastas de las tierras nuevas de Olmos, procesos en los cuales se vendieron 28 mil hectáreas y se acumuló 142 millones 669 mil 288 dólares. Semanas después, una de las adquirientes en la subasta, Danper Trujillo, desistió de la compra de tierras.
Debido a que no se habían configurado las dos condiciones exigidas en el contrato la subasta no podía declararse exitosa, por lo que ha sugerencia del Scotiabank y del Banco de Crédito del Perú – BCP, encargados de la estructuración financiera del proyecto, se determinó la modificatoria de la cláusula 6.1 del contrato.
De este modo, el 30 de mayo del 2012, el gobernador regional de Lambayeque suscribió la adenda que permitió que Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. adquiriera en total 16 lotes del Valle Nuevo de Olmos, convirtiéndose en propietaria de 11 mil 500 hectáreas, tierras que posteriormente vendió.
CONTRADICCIONES
El viernes 11 el gobernador de Lambayeque llegó a la sesión de la Comisión “Lava Jato” acompañado de Francisco Gayoso Zevallos y Juan Saavedra Jiménez. Acuña Peralta y el primero, ex gerente del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, fueron citados para responder por su intervención en la firma del acta de trato directo, del 16 de septiembre del 2011, y del acta de transacción extrajudicial celebrada con CTO para resolver la controversia del perjuicio económico y los sobrecostos del Túnel Trasandino.
Asimismo, Acuña Peralta y Saavedra Jiménez, actual gerente del PEOT, dieron respuesta a las interrogantes referidas al componente de irrigación del Proyecto Olmos. También fue citado Juan Andrés Marsano Soto, exrpresentante legal de CTO y de H2Olmos.
Tras la sesión, que duró cinco horas, la presidenta del grupo de trabajo, Rosa Bartra, declaró: “No hemos encontrado mucha convicción en sus respuestas (de Acuña Peralta) y ha quedado claro también que se ha pagado por el uso de agua no trasvasada por años”.
Un informe previo del Congreso de la República concluye que el Estado pagó 50 millones de dólares adicionales a Odebrecht en una de las etapas del Proyecto Olmos. Ese pago es el que determinó el perito Sergio Bravo Orellana y que fue aceptado por el Gobierno Regional de Lambayeque en contra de lo señalado en el contrato del trasvase.
Según una nota de prensa enviada por el Congreso de la República, la legisladora de Fuerza Popular fue clara en sostener que las adendas realizadas no sirvieron para mejorar las condiciones del contrato en favor del Estado, sino más bien beneficiaron a la empresa brasilera.
Incluso, dijo que tal como se había manejado este proceso de inversión no calificaba como licitación sino como obra pública pues el Estado puso la mayor cantidad de capital y las garantías para que Odebrecht pueda operar.
respuesta de Victor Portilla el 2019-08-31.
Cuento con infrmación que no se menciona en este texto. 991906919
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