Conozca aquí las denuncias que formularon los asistentes.

Un sabor amargo dejó a los lambayecanos la promocionada audiencia pública de la Contraloría General de la República luego  que  Nelson Shack Yalta, jefe de dicho organismo,  literalmente los plantara y desairara con su inasistencia.

Eran más de las 4:00 de la tarde, cuando en el aula magna de la USAT, el presentador anunció que por problemas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez don Nelson no llegaría a la cita programada con antelación, generando la airada protesta del auditorio que optó por abandonar el recinto aduciendo que se trataba de una burla.

Para hacer uso de la palabra se inscribieron más de 60 ciudadanos que traían bajo el brazo una serie de denuncias y pedidos de intervención del máximo órgano controlador del gasto público de acuerdo a las facultades que le confiere la Constitución Política del Estado.

La airada protesta generó el desconcierto del secretario general, Humberto Ramírez Trucios, y del gerente regional, Walther Coello Ynope, que ocupaban la mesa principal.

En las afueras del aula magna personal de la Contraloría, con equipos de cómputo, registraba a cada uno de los participantes como oyentes u oradores. La modalidad de inscripción, de acuerdo a las instrucciones que aparecieron en la página web, fue por correo electrónico según formato descargable. Los que se habían inscrito con antelación vía web reconfirmaron su asistencia y los nuevos se anotaron en el acto presentando su DNI.

Pantalla gigante, controlador de audio programado para 4 minutos de duración, souvenir (libretas y lapiceros) y una botella de agua para cada asistente.

Personal con chalecos rojos con el logo de la Contraloría guiaban al público desde la puerta principal hasta el auditorio. El escenario listo, faltando solo el actor principal: Nelson Shack.

LA PROTESTA CONTRA SHACK

Cuando los representantes de la Contraloría informaron a los asistentes de la ausencia del contralor por problemas en el aeropuerto Jorge Chavez, estos se levantaron de sus asientos y expresaron a viva voz su rechazo.

Eran miembros de colectivos civiles, frentes de defensa, comités de vigilancia, dirigentes comunales y ciudadanos comunes y corrientes.

Gran parte de los asistentes salieron vociferando y exigiendo respeto del máximo jefe de la Contraloría.

“No es posible que el señor Shack tome como excusa el cierre del aeropuerto, cuando existen otras vías de comunicación como la terrestre", anotaron.

“¿Acaso le incomoda viajar en bus?”, cuestionaron. Inclusive precisaron que el contralor Shack pudo superar el inconveniente a través de una videoconferencia.

Los protestantes se retiraron con un sabor amargo de la audiencia pública denominada paradógicamente "La Contraloría te escucha".

No hubo disculpa que justificara la ausencia de Shack. Después de breves palabras del secretario general y se hizo una exposición de las acciones de la Contraloría en Lambayeque, que tuvo que ser acortada por el murmullo del público que empezaba a preguntarse si habían sido convocados para escuchar su accionar o para recibir las denuncias de los ciudadanos. Los ánimos no estaban para más dilataciones.

LO QUE SHACK NO ESCUCHÓ

Estás fueron algunas de las intervenciones de los ciudadanos que decidieron quedarse a pesar de la ausencia de Shack:

El jefe de la Oficina de Transparencia y Lucha Anticorrupción del Gobierno Regional de Lambayeque, Elías Daniel Pinglo Risco, pidió a la Contraloría General de la República asumir el liderazgo en la mejora del sector público.

Precisó que debe reivindicar las condiciones de desempeño en la gestión subnacional aplicando la Ley 30057, que la gran mayoría desconoce y critica sin fundamento. También pidió incidir desde la Contraloría en el desarrollo del Control Interno en base a mejores condiciones de trabajo.

El representante de la sociedad civil y presidente de la Asociación Regional de Exportadores, Max Santolaya, pidió mayor y eficaz intervención de la Contraloría en la supervisión de las obras públicas que a su criterio están sin culminar, como la Avenida Chiclayo, la prolongación Bolognesi, la autopista Chiclayo - Pimentel y el Paseo Yortuque.

INSÓLITO CASO

La comunicadora María Luisa Soto Solano expuso su insólito caso. Se quejó de la actuación del excoordinador de la Contraloría Norte, Nelson Guevara, quien contrató a personal técnico de apoyo a la fiscalía que investiga el caso “Los limpios de la corrupción” para recabar, revisar y analizar la documentación que obra en la Carpeta Fiscal N° 2447-2014 y terminaron haciendo hojas informativas sobre sus finanzas, instrumentos utilizados por el Ministerio Público como elementos de convicción para abrirle investigación por el delito de lavado de activos y consiguiente incautación de su departamento vía inscripción en Registro Públicos.

Precisó que la Contraloría tiene definida sus funciones en la Constitución Política del Estado sobre el control del gasto público, por tanto “es una aberración que revisen sus finanzas personales para justificar una investigación”.

“Hoy veo con claridad cómo la fiscalía utilizó a la Contraloría para lograr su cometido y amenaza inicial. Se me cuestionó la adquisición de un departamento. La fiscalía solicitó su incautación pero no se concretó porque probé la licitud del pago de la cuota inicial. Aquella vez se retractaron, pero advirtieron que si hallaban otros elementos procederían. Y así sucedió, con la complicidad de la Contraloría”, precisó Soto Solano.

También agregó en su intervención que lo grave no solo es la forma, sino el fondo de las cuestionadas hojas informativas, “pues usan pura imaginación y hasta me atravería a pensar que fueron redactadas por la fiscalía”, anotó.

Precisó que la denuncia contra el funcionario se encuentra  en manos de la Procuraduría y Control Institucional de la Contraloría General de la República.

"A las personas que aún creemos en estos mecanismos de participación ciudadana esperamos que mi pedido y de las demás personas aquí presentes sean atendidos con prontitud, porque necesitamos creer que aún hay esperanza en este país y no solo malos funcionarios que en nombre de la ley atropellan a ciudadanos comunes y corrientes que como yo hemos sido afectados emocional, moral y económicamente", concluyó.

CARPETAS DE CONTROL

A su turno, el economista Juan Valdivia Goicochea cuestionó el uso de las carpetas de control de la Contraloría. Dijo que si bien las Carpetas de Control son documentos que son usados por la Contraloría para comunicar al Ministerio Público hechos con contenido penal, evidenciados durante el desarrollo de un Servicio de Control Posterior, estas no se encuentran comprendidas entre las Normas de Control Gubernamental, aprobadas con Resolución de Contraloría N° 273-2014-CG.

Explicó que la elaboración de Carpetas de Control se realiza durante la etapa de ejecución de un Servicios de Control Posterior como, por ejemplo, las Auditorias de Cumplimiento y están normadas actualmente por la Directiva N° 004-2017-CG-DPROCAL, que tienen su antecedente en la Directiva N° 004-2014-CG-PRON, las que regulan el procedimiento para que la Contraloría comunique hechos evidenciados al Ministerio Público.

Sin embargo, la Contraloría las viene elaborando a solicitud del Ministerio Público, sin que se encuentre en desarrollo ningún Servicio de Control Posterior, “lo que constituye un despropósito”.

Además, las Carpetas de Control, según establece la norma, deben elaborarse antes de comunicar al administrado las “desviaciones de cumplimiento” (antes llamados hallazgos), para que el Ministerio Público cumpla con su función de investigar y corroborar lo señalado por los auditores; esto quiere decir que las Carpetas de Control se elaboran sin que el administrado haya hecho uso de su “derecho a la contradicción”.

“El Ministerio Público, está utilizando las Carpetas de Control no solamente para aperturar investigación preparatoria, sino también para acusar y sentenciar, como si se tratase de pericias extraprocesales, cuando no lo son. Es más, utiliza las Carpetas de Control cuando ya existía el informe final, que sí tiene el valor de pericia, donde se determina tres tipos de responsabilidades: administrativa, civil y penal. Este es el caso de Carlos Alfredo Santacruz Alarcón, exgerente de Imagen de la municipalidad de Chiclayo, que ha sido sentenciado con Carpetas de Control, elaboradas durante la ejecución de una Auditoria de Cumplimiento, cuando ya existe los informes finales de las referidas auditorias que han determinado que en el referido caso solo existe responsabilidad administrativa y civil del referido funcionario, mas no responsabilidad penal. Asumiendo que la Carpeta de Control es una pericia, tanto los fiscales como los jueces se han negado a tomar en cuenta los informes finales para un mejor juzgamiento, violando el principio del debido proceso”, acotó.

BASURA EN JLO

La  comunicadora Adriana Lovatón, representante del Colegio de Periodistas de Lambayeque,  cuestionó la situación de insalubridad que vive el populoso distrito de José Leonardo Ortiz por la basura acumulada en diferentes sectores poniendo en riesgo la salud de la población.

"Los medios de comunicación locales han dado cuenta  hasta el cansancio del malestar de la población por la acumulación de residuos sólidos y también han cumplido con darle tribuna a los alcaldes para que expliquen su accionar ante esta problemática. Recordemos que los municipios son los directamente responsables de la gestión y manejo de los residuos sólidos. La excusa es siempre la misma: falta de recursos o que no se les declara en emergencia. 

Pareciera que los alcaldes dejan inundar la ciudad de basura con ese propósito, obtener la declaratoria de emergencia y, por ende,  más recursos. Para hacerlo más gráfico, pongo un ejemplo en concreto:  la Municipalidad de José Leonado Ortiz que ha sido declarada en emergencia recientemente por el Ministerio del Ambiente, cuando en enero de este año la exministra de ambiente Elsa Galarza dijo no a la declaratoria de emergencia y ahora dicen sí.

Pero déjenme decirles que la excusa de falta de recursos  no es válida. Los municipios tienen el FONCOMUN, sus recursos propios y adicionalmente los recursos del Programa de Incentivos a la Mejora de la gestión municipal y es aquí donde quiero detenerme. Si el problema es la falta de recursos entonces ¿por qué los municipios no cumplen con las metas ambientales y se dan el lujo de perder valiosos recursos para solucionar el problema de la basura?

¿Cuáles son las penalidades o sanciones por el incumplimiento de los fines y objetivos del Programa de Incentivos a la Mejor de la Gestión Municipal específicamente en las metas ambientales? ¿Algún municipio ha sido sancionado?”, cuestionó.

OTROS CASOS

Una madre de familia denunció a la directora del Colegio Nuestra Señora del Rosario por el maltrato a su menor hija, exigiéndole el pago de matrículas y APAFA, pese a ser una institución pública. Precisó que no existió una sanción ejemplar por parte de la UGEL Chiclayo.

De igual modo, una trabajadora de la OCI de una municipalidad distrital pidió mayor seguridad laboral, puesto que no deberían depender de la comuna, sino de la Contraloría para una mayor independencia.

Estas y otras denuncias más quedaron en audios y vídeos, los participantes exigieron respuestas eficaces a sus inquietudes y demandas, de lo contrario se trataría de una audiencia pública más sin resultados.

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