Ante los reclamos de los trabajadores que se mantienen fuera de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque pese a tener medidas cautelares a su favor o sentencias de reposición, el presidente de la entidad, Aldo Zapata López, reconoció que existe un agudo desorden laboral, así como falta de presupuesto para plazas que resultan de vital importancia para el funcionamiento administrativo. El magistrado negó además que exista un manejo irregular de las contrataciones y aseguró que su objetivo es garantizar que al Poder Judicial ingresen a trabajar los mejores profesionales.

“Siempre he tenido una política de puertas abiertas, de sinceramiento, de justicia. Lo último que quiero es ser injusto con algunos trabajadores en la casa en la que yo precisamente laboro”, señala Zapata López a Expresión.

¿Qué tiene que decir sobre los reclamos que han presentado los trabajadores que fueron despedidos de la institución, ganaron un proceso judicial y aún no son repuestos? ¿Existe negativa de su gestión de admitir su retorno?

Tenemos nosotros una serie de procesos judiciales concluidos, es cierto. Pero el mandato que el Poder Judicial se obliga a cumplir consiste en asignar al demandante triunfante en un proceso una plaza que no existe.

Lo que se hace es contratarlos provisionalmente hasta que, llegado el momento que se presente la plaza, ellos sean incorporados definitivamente. Los casos en los que se ha incorporado definitivamente son muy pocos, en el resto de casos se toma a los trabajadores en contratos provisionales.

Es algo curioso, pero algunos no quieren. Nosotros les decimos que no podemos cumplir el mandato porque no existe la plaza que se nos pide cubrir, pero ellos se niegan a aceptar un contrato, por ejemplo, de suplencia. Aquí hay más de mil trabajadores.

A ellos se han sumado muchos trabajadores, que después de la decisión de la Gerencia General del Poder Judicial, han quedado simplemente fuera y ellos han planteado sus propios procesos judiciales en los que también hay mandatos que cumplir.

Si existe un grupo de personas a las que debemos reponer, lógicamente debemos elegir a aquellas que tienen mandatos de los años 2013 o 2014. No son nuevos.

También están los trabajadores que no necesariamente tienen mandatos definitivos del Poder Judicial pero sí medidas cautelares de no innovar, las mismas que fueron notificadas oportunamente a la Corte para que esta desista de accionar respecto a estos servidores. Sin embargo, pese a ello fueron despedidos. ¿Qué ha pasado en estos casos? ¿El Poder Judicial incumple sus propias resoluciones?

Las medidas cautelares son medidas provisorias modificables que sirven, justifican o sustentan un proceso principal. Nosotros enfrentamos un proceso como demandados y esperamos tener un mandato definitivo.

El año pasado la Gerencia General del Poder Judicial advirtió que esta Corte era la que tenía más desordenados todos los asuntos de personal. Esa es una herencia que yo asumo como presidente, es un pasivo que me toca enfrentar como presidente pero que obedece a gestiones de presidentes anteriores, de jefes de personal, que han permitido que estas situaciones surjan, permanezcan. Es algo absurdo, porque nosotros dispensamos el servicio de justicia y no podemos generar injusticias respecto a las personas que nos brindan sus servicios. Pero, si las contratan mal definitivamente van a terminal mal.

Cantidad de casos se han presentado, no me imaginé que hubiera tantos. Hemos tenido un nivel de desorden que ha sido mencionado como un récord nacional.

No está respondiendo. ¿Por qué innovar sobre un trabajador que ya tiene una cautelar que ordena no innovar?

Muy simple. El mandato de la Gerencia General le precede a cualquier medida cautelar última. El mandato de la Gerencia General es más o menos de junio del año pasado. Los señores de las medidas cautelares son del momento mismo que se ejecutaba la resolución.

Según el mandato cada uno debe ocupar la plaza que le corresponde. En ese ordenamiento algunos tenían que quedarse sin el lugar. No es que se le esté botando, sino que el trabajador ingresó de esa manera.

Seguro quien lo contrató debió explicarle que se trataba de una situación temporal, que no adquiría un vínculo definitivo con el Poder Judicial porque estaba entrando de una manera inadecuada. Tuvieron que haberle advertido.

¿Hay responsables entonces?

Ustedes han publicado sobre una decisión de Contraloría que revisó una gestión que no es la mía. Yo soy presidente desde el año pasado. La investigación de Contraloría es 2015 y 2016. Yo no respondo por eso.

Pero usted asume el pasivo

Asumo el pasivo, quiero decir, pero la responsabilidad no me alcanza.

¿Es la presidencia de Ana Salés del Castillo?

No lo sé, porque de repente ella a su vez dirá que es por una gestión anterior. En lo que a mí toca yo respondo. Hay una decisión del Poder Judicial de ordenar la situación del personal en esta corte, con lo que se busca enmendar, corregir, algún tipo de infracción que cometió el propio Poder Judicial al momento de tomar a un trabajador.

Yo cumplo con el mandato, que me dice: “Repóngalo en la plaza libre y presupuestada”. Pero no la tengo.

Es paradójico. Hay trabajadores que teniendo mandato judicial definitivo no pueden retornar porque no existe la plaza, mientras otros trabajadores se han mantenido en la Corte sin tener vínculo laboral. Hemos publicado el caso de un servidor que se se mantenía laborando con una medida cautelar, perdió el proceso principal, la Corte fue notificada y no fue sino hasta diez meses después que se le despidió. ¿Cómo entender que alguien haya laborado casi un año sin vínculo laboral?

Estamos hablando de un caso concreto que no es mi gestión. Yo soy absolutamente riguroso, vengo temprano, estoy muy pendiente de la Corte y no me imaginé por un momento siquiera que me convirtieran en jefe de personal. Yo soy presidente de la Corte, no jefe de personal.

Sin embargo, como ha habido tanto desorden estoy pendiente de los asuntos del personal. Ese es un caso del que no puedo dar cuenta. Yo estoy pendiente de los mandatos judiciales.

¿Es inaudito verdad?

(Sonrisa) Si dicen que no procede y lo mantengo, o sea ¿qué es eso? Si ya rompí el vínculo con el trabajador, si en realidad decidí voluntariamente romperlo por alguna razón justificada y la decisión se judicializó y el demandante perdió el empleo, simple y llanamente no hay mayor justificación para mantenerlo. Yo no sé qué pasó.

¿El gerente de la Corte de Lambayeque estuvo en la anterior gestión o ingresó con usted?

Viene de una parte de la anterior gestión. Poco tiempo, entiendo.

¿Cuántos trabajadores tienen mandato de reposición? Expresión identificó a 13.

Probablemente exista ese número, no creo que más. Diez o 12 más o menos. Yo creo que todos tienen derecho a trabajar, pero nosotros también debemos cuidar que las decisiones que se tomen respecto al personal sean las que más se condigan con el interés de la institución.

Quiero a los mejores trabajadores, cuido eso y por lo menos lo estoy haciendo en mi gestión. Procuro que quienes llame estén a la altura de las circunstancias y cubran las expectativas de la corte y de la gente, sobre todo.

Los mandatos judiciales son inexorables y tenemos que cumplirlos. Cuando toca hay que cumplir. Finalmente, quien está detrás de estos cumplimientos es el sindicato. Esas personas están absolutamente pendiente de estos asuntos.

¿Cuántos trabajadores han sido contratados en su gestión?

Cada vez que se crea una plaza esta se tiene que cubrir. No tengo un número. Lo que hago es disponer cuando hay una licencia por cubrir. Cuido que la oportunidad para laborar sea para la mayor cantidad de personas, no tengo a gente a la que beneficiar.

Se ha cuestionado la contratación de los trabajadores para los juzgados anticorrupción, sobre todo porque no se ha cumplido con los procedimientos establecidos por la norma. ¿Qué puede decir al respecto?

No es así, eso es absurdo. Yo no trabajo así. Soy juez hace 14 años en el Perú y no trabajo así. No voy a favorecer a nadie, lo único que hago es entregar un empleo a quien reúne las condiciones y el perfil.

En el caso de los dos juzgados anticorrupción en verdad ha habido un error. No hay ninguna convocatoria, no hay ningún concurso público para cubrir plazas.

Nos dijeron: “Presidente, usted va a tener dos juzgados anticorrupción, usted vea quiénes van a cubrir esas plazas, pero eso sí, como son juzgados que se van a quedar con nosotros permanentemente las plazas deben ser sometidas a concurso público”. Eso es lo que vamos a hacer.

No va a entrar a mi gestión gente que piense que los hemos traído para que se quede por siempre. Lo que les digo es: “Señores, no es este un concurso. Necesitamos cubrir de manera inmediata para la atención de estos juzgados, pero las plazas se van a concursar”.

Hay contratos CAS y contratos 728. Las comisiones ya están funcionando y ya se verá un concurso con todos los pasos.

Las salas superiores han emitido fallos señalando que la función de auxiliar o especialista judicial son permanentes, no tienen temporalidad. Entonces, ¿qué garantiza que los que ahora trabajan en los juzgados anticorrupción más adelante no inicien procesos contra la Corte invocando esos conceptos, más si se les contrata por el régimen 728?

No va a pasar y ahora sí hablo por mí. No va a pasar porque ya la convocatoria se está haciendo. Yo quiero acá a los mejores y un concurso público es la mejor oportunidad para que aquí ingresen los mejores.

Cuando dice que quiere a los mejores, ¿significa que eso no se privilegió antes en la Corte?

Si tenemos dificultades con trabajadores es porque no se utilizó ese racionamiento. El mejor es el que busca incorporarse a un empleo de la administración público a través de un concurso de mérito y oposición. Los jueces hacemos eso. 

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