Jorge Incháustegui le responde al fiscal Juan Manuel Carrasco

En nuestra Edición N° 1043 publicamos el informe titulado “Para iniciar el caso ‘Limpios de la corrupción’ - Tres años después se conoce que fiscales habrían utilizado documentos falsos”, en referencia a lo dispuesto por la Fiscalía Suprema de Control Interno, a cargo de Víctor Rodríguez Monteza, quien mediante Resolución N° 2134, del 28 de noviembre de 2017, ordenó iniciar la investigación preliminar contra los fiscales de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo que estuvieron inicialmente a cargo de la Carpeta Fiscal 2447-2014, a través de la cual se investiga a la presunta red criminal liderada por el exalcalde Roberto Torres Gonzáles.

Los magistrados inmersos en la denuncia presentada por Jorge Incháustegui Samamé son: Sergio Lucio Zapata Orozco, Pamela Elías Bravo, Félix Tejada Ramos, Juan Manuel Carrasco Millones, Jorge Arteaga Vera y Lili Díaz Gonzáles.

RESPUESTA FISCAL

La noticia fue replicada el 16 de diciembre por los diarios Correo y La República, lo que ameritó que al día siguiente, en el segundo de los diarios mencionados, el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, actual coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada, esbozara una respuesta.

El fiscal indicó que la denuncia de Incháustegui Samamé contra los fiscales a cargo de la Carpeta Fiscal 2447-2014 es un “manotazo de ahogado”, sin considerar que esta fue presentada hace aproximadamente seis meses y que este fue absuelto, en primera instancia, del delito desacumulado de asociación ilícita para delinquir.

Como se informó, los informes que sirvieron como sustento para la detención preliminar y posterior prisión preventiva de los investigados serían falsos o no existirían, lo que complicaría la situación de los fiscales al haber suscrito requerimientos narrando hechos falsos.

“Los documentos son legales. ¿Cuál sería el beneficio que obtendría para utilizar informes falsos?, ¿acaso soy político?”, cuestionó el fiscal Carrasco Millones al diario La República.

IMPACTOS DEL CASO

En respuesta, Jorge Incháustegui asevera que el interés habría sido ganar protagonismo.

“No olvidemos que después del 30 de septiembre del 2014, posterior al operativo de captura contra funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y EPSEL, los medios de prensa coberturaron ampliamente la noticia, recogiendo declaraciones de él, quien en ese entonces era fiscal adjunto provincial, como si hubiese sido responsable del operativo, cuando el fiscal a cargo del caso era, como ahora, el doctor Sergio Lucio Zapata Orozco”, señala Jorge Incháustegui.

Rememora que el 8 de marzo del 2015, el diario La República, publicó la nota titulada “CNM nombra a Juan carrasco Millones como fiscal titular”, en la que se recogen las declaraciones del representante del Ministerio Público.

“El proceso se inició a principios del 2014. Sin embargo, en la etapa de entrevista personal la investigación del caso ‘Los limpios de la Corrupción’ influenció mucho para poder ascender…”, reza el texto.

“¿Cómo dice el fiscal que no se benefició? Habría que recordarle que no alcanzó plaza vacante en la Convocatoria N° 004-2014-SN-CNM y que hasta antes de la entrevista personal ni siquiera se ubicaba entre los cinco primeros candidatos. Sin embargo, la entrevista personal fue después del operativo, ubicándose en el segundo lugar de los candidatos en reserva de dicha convocatoria para cubrir plazas en el Ministerio Público de Lambayeque, como figura en el portal del Consejo Nacional de la Magistratura”, señala Jorge Incháustegui.

NOTORIEDAD

Añade que el caso catapultó a Carrasco Millones a su actual cargo como Fiscal Provincial Coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada.

“Decir que no se benefició es falso, pues posterior al 30 de septiembre de 2014, Juan Manuel Carrasco Millones, con fecha 16 de octubre de 2014, fue entrevistado por Jaime de Althaus en Canal N, acompañado por Fernando O’Phelan, quien lo tildó de  ‘héroe’ por ser el ‘fiscal a cargo de la investigación’. En el transcurso de la misma entrevista Carrasco señaló que la investigación venía de aproximadamente un año atrás, cuando todos sabemos que la Carpeta Fiscal 2447-2014, que dio inicio a las investigaciones, se abrió en julio del 2014 a raíz de una denuncia presentada por Carlos Canales contra funcionarios de EPSEL S.A. por el delito de Estafa y Omisión de actos funcionales”, cuestiona.

Menciona además que días después, acompañado nuevamente por Fernando O’Phelan, fue entrevistado en el canal de RPP por Juliana Oxenford, quien al presentarlo dijo que “fue él, el que empezó la investigación contra Roberto Torres…”.

“Apareció denunciando, incluso, que había recibido amenazas de muerte y que en el Concejo Nacional de la Magistratura se estaban recibiendo presiones para no ascenderlo, cuando en realidad él estuvo postulando a fiscal provincial, faltando a dicha fecha la entrevista personal y, de acuerdo a las evaluaciones previas, no tenía posibilidades de acceder a una de las plazas ofertadas. Por otro lado, como se puede observar en el video se le presenta como fiscal provincial, cuando en realidad en ese entonces era fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo”, manifiesta.

Agrega que el 19 de octubre del 2014 se publicó un reportaje del Programa Punto Final de Frecuencia Latina, en el cual también se entrevistó al fiscal Juan Manuel Carrasco Millones sobre su participación en la investigación signada con la Carpeta Fiscal 2447-2014, presentándolo como el “responsable” de la misma.

“Lo más saltante es que violando la reserva propia de la investigación, en este reportaje se presentaron imágenes del cuaderno incautado en casa de Beto Torres y se presentaron imágenes de las declaraciones de un colaborador eficaz”, indica.

LEGALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Por otro lado, Jorge Incháustegui afirma que el fiscal Carrasco Millones trata de confundir, aduciendo que la Fiscalía Suprema de Control Interno no puede investigar por encontrarse el proceso en giro, enfatizando en lo dispuesto por al Artículo 410° del Código Penal, respecto a que, ninguna autoridad puede abocarse a procesos en trámite ante el órgano jurisdiccional, insinuando que el órgano de control se estaría avocando a la investigación de la Carpeta Fiscal 2447-2014.

“La Fiscalía Suprema de Control Interno no se ha abocado a la investigación del caso de la presunta red criminal ‘Los Limpios de la Corrupción’, lo que está haciendo es atender la denuncia, en el sentido que durante la investigación efectuada se han utilizado informes falsos y/o inexistentes, se ha violado el principio de reserva, etc., habiéndose presumiblemente cometido distintos delitos por funcionarios fiscales que tienen que responder por sus actos y es justamente el órgano de control el indicado para investigar y corroborar el supuesto ilícito cometido. Se hace necesario recordar que los fiscales también son funcionarios públicos y como cualquier otro, deben de responder por todos y cada uno de sus actos”, señala el exgerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

EL INFORME

Uno de los hechos materia de la investigación de control interno está referido al Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, del 20 de septiembre, supuestamente elaborado por Unidad de Inteligencia de la Policía Nacional, dando cuenta de la existencia de una organización delictiva que operaba al interior de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, liderada por el alcalde Roberto Torres Gonzales y que había extendido su accionar a otras entidades como EPSEL y el SATCH.

Según la denuncia, el informe fue suscrito por agentes policiales que no trabajaban en la Unidad de Inteligencia, quienes utilizaron los sellos de dicha dependencia para certificar el documento, el mismo que fue validado por el Ministerio Público. El informe fue firmado por los policías Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden, quienes sugirieron a la fiscalía que gestione la detención preliminar de los 22 presuntos integrantes de la organización a la que denominaron “Los limpios de la corrupción”.

Lo grave es que de acuerdo al Oficio N° 1027-2015-REGIÓNPOLICIAL-LAMB/ORI.SEC., del 4 de junio del 2015, el jefe de la Oficina de Inteligencia de la Región Policial, Luis Guerrero Balladeres, señala que en los “en los archivos no se encuentra documento alguno relacionado” al Informe 136-2014 y que si bien los policías que lo firmaban trabajan en Chiclayo estos “no han prestado servicios” en dicha dependencia, “desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente” son de la unidad.

ARGUMENTO

Sobre este hecho, el fiscal declaró a La República “que podría tratarse de entredichos entre policías” y aseveró que por disposición del Ministerio del Interior se seleccionó a agentes de diferentes unidades para intervenir y así proteger la investigación, en razón que los investigados tienen parientes en esa institución.

“Son tan débiles los argumentos de Carrasco Millones que hasta resulta risible lo señalado cuando manifiesta que el coronel Luis A. Guerrero Balladarres; Jefe de la Oficina de Inteligencia de Chiclayo, habría señalado que el comandante Romel Diaz Paz no ha presatado servicios en la OFINTE, debido a entredichos entre ellos. Manifiesta que se seleccionó a personal policial de distintas unidades con la finalidad de no afectar la investigación, pero eso no está en cuestionamiento, ya que efectivamente, en el operativo del 30 de septiembre del 2014 participaron policías de distintas dependencias y jurisdicciones. Lo que se está cuestionando es que en los archivos de la OFINTE no existe el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, y que quien firmó la conformidad del mismo, es decir el  comandante Romel Díaz Paz, nunca prestó servicios en dicha oficina”, remarca Jorge Incháustegui.

La CONABI

En la denuncia contra los fiscales también se cuestiona la supuesta participación de diferentes instituciones del Estado en los previos del operativo, conforme informaron en sus requerimientos al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo. Sin embargo, la Comisión Nacional de Bienes Incautados – CONABI, por ejemplo, ha negado cualquier tipo de participación.

“Algunas entidades han manifestado que en ningún momento han participado de dicha investigación antes del 30 de septiembre de 2014; en otras palabras, primero nos metieron presos y después nos investigaron, no al revés, como debería ser en los casos de criminalidad organizada”, increpa.

En otro momento, considera inaceptable que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco señale  que en este trabajo de inteligencia, también ha participado un equipo de peritos contables, necesarios para fundamentar indiciariamente el delito de lavado de activos.

“Todos sabemos que recién el 23 de octubre de este año, tres años y 23 días después del operativo, han juramentado los peritos contables que se encargarán de determinar si nosotros los investigados presentamos desbalance patrimonial cuando ocupamos cargos en la Municipalidad Provincial de Chiclayo”, enfatiza. 

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