Autoridad edil pretendería postular a la Gobernación Regional y dejar en la silla municipal al regidor Edwin Huancas para evitar ser investigado por presuntos actos de corrupción
Un oscuro plan para vacar en el cargo de regidores de la Municipalidad de Chiclayo a Guillermo Segura Díaz y Liliana Barrantes Piscoya, habría sido montado por el alcalde David Cornejo Chinguel y su más cercanos colabores, con el supuesto objetivo de evitar que los fiscalizadores puedan ejercer la función de burgomaestre y teniente alcalde, ante una posible ausencia de la autoridad municipal para postular a la presidencia de la región Lambayeque.
La información la hizo pública la regidora Liliana Barrantes, quien sostuvo que ante la ausencia de David Cornejo Chinguel de la casa edil, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, el teniente alcalde, es este caso Guillermo Segura Díaz tomaría las riendas de la ciudad y ella – Liliana Barrantes- quedaría como la primera regidora o la teniente alcalde.
El temor a que los regidores de oposición se queden en el cargo, sería a que se aperture investigación a una serie de presuntos actos de corrupción que durante los tres últimos años se han venido denunciado y que por extrañas razones el Ministerio Público no las ha acogido o simplemente las ha archivado bajo el trillado argumento de insolvencia de pruebas para investigar.
Barrantes Piscoya añade que entre los planes de David Cornejo estaría la de vacar a los regidores antes descritos para que el regidor Edwin Huancas Ojeda pueda quedar en el sillón municipal y el funcionamiento de la casa edil continúe tal y como ellos la vienen manejando; es decir, no se pueda desarrollar ninguna investigación en su contra.
“Nos quieren vacar para no ser alcalde y teniente alcaldesa tal y como lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades. El objetivo no es celo político, sino el temor a que estando en el sillón municipal podamos promover algún tipo de investigación en torno a la serie de denuncias que los regidores de oposición hemos denunciado en éstos últimos tres años de gestión”, detalló.
GESTIÓN CON CORRUPCIÓN
La regidora sostuvo ser parte del partido político Alianza Para el Progreso –APP- y haber llegado al seno municipal junto al alcalde David Cornejo Chinguel; en otras frases, es parte del oficialismo, pero a los pocos meses de gestión tuvo que dar un paso al costado y sumarse a las filas de la oposición para denunciar una serie de actos de presunta corrupción por parte de los funcionarios que rodean a la autoridad edil.
Lo que más le llama la atención en estos tres años como regidora, es que en más de una oportunidad junto a sus colegas de oposición han acudido a la Contraloría y al mismo Ministerio Público para denunciar y poner en conocimiento presuntos actos de corrupción, pero extrañamente hasta la fecha no se ha hecho nada y las denuncias han caído en saco roto.
“Hemos denunciado presuntos actos de corrupción a través de los medios de comunicación, así como en el Ministerio Público y la misma Contraloría y Procuraduría Pública, pero hasta la fecha todo sigue igual y no pasa nada”, explicó.
MINISTERIO PÚBLICO
Aclara que lo más preocupante es que las denuncias de presuntos actos de corrupción que se hicieron de manera directa en el Ministerio Público, han caído en saco roto. Es decir, no han prosperado y al mismo estilo que en la gestión municipal del exalcalde Roberto Torres Gonzales, los fiscales – no todos- han optado por archivar las denuncias bajo el argumento de falta de pruebas para investigar y acusar.
“Los operadores de justicia – en este caso la Fiscalía- no han hecho nada para evitar que sucedan hechos similares a la gestión anterior, pero las denuncias que se han hecho en su debido momento no han sido tomados en cuenta para hacer una denuncia solvente ante el Poder Judicial, no quedando más acción que archivar la denuncia”, sostuvo.
Señala que al momento de formularse las denuncias de presuntos actos de corrupción, no presentaron pruebas fehacientes. Sin embargo, existían las evidencias, pero son los operadores de justicias los que tienen que investigar, es decir, tienen que ser más responsables en la defensa y protección de los intereses del Estado, así como tomar en serio todas las denuncias que se vienen realizando y no sean encarpetadas y luego archivarse.
“¿Dónde está el trabajo del Ministerio Público?... Nosotros estamos limitados para desarrollar una investigación, pero no la Fiscalía; sin embargo, ellos hacen mutis ante lo evidente cuando tienen la obligación de cautelar el patrimonio del Estado, pero más bien han optado por archivar algunas de las investigaciones que involucraba a la autoridad edil y sus más cercanos colaboradores”, reveló.
CORRUPCIÓN ENQUISTADA
Liliana Barrantes es una convencida que desde el primer día de gestión municipal de David Cornejo Chinguel, existe incapacidad y corrupción.
Las denuncias de acciones negativas que afectan los intereses y las arcas del Estado ante supuestos actos de corrupción se iniciaron con la pérdida de una motobomba donada en el año 2015 y donde dos regidores del oficialismo habrían estado involucrados. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y la fiscalía ha archivado la investigación.
El caso es que las motobombas fueron donadas por el empresariado privado en el año 2015 y con la llega sorpresiva del Niño Costero, su utilización fue necesaria, descubriéndose que de las once maquinas, solamente siete estaban registradas y las otras cuatro no. De esas cuatro faltaba una motobomba, la más grande y potente, la que extrañamente había desaparecido de los almacenes de la comuna chiclayana aprovechando que no estaban inscritas como patrimonio de la Municipalidad.
“Es más, por denunciar los presuntos actos de corrupción, hemos sido agredidos por gente ligada o cercana al alcalde, como es el caso lo ocurrido con el regidor Guillermo Segura Díaz que fue agredido por gente muy cercana al alcalde David Cornejo Chinguel, pero al tiempo de transcurrido la investigación -tras realizarse la respectiva renuncia- el Ministerio Púbico decidió archivar el caso”, resaltó.
Recuerda que en el rosario de denuncia de presuntos actos de corrupción también están involucrados algunos funcionarios del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, las cuales también han sido archivadas.
BLINDAJE
Barrantes Piscoya reveló que en una sesión de concejo y en actitud burlona, el alcalde de Chiclayo les dijo a los regidores de la oposición “que todas las denuncias que hagan en su contra, serán archivadas o que se van a caer en el transcurso del tiempo.
“En ese momento no nos llamó la atención lo que dijo el señor alcalde e imaginamos que era producto de la cólera que tenía, pero con el transcurrir del tiempo y conocer de los resultados de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, las que son archivadas bajo el argumento de carencia de pruebas, presumimos que se estarían empleado los mismos términos que la gestión edil de Roberto Torres Gonzales; es decir, la autoridad edil tendría comprometido al Ministerio Público para que lo escude frente a denuncias que pudieran haber”, sostuvo.
Volvió a recalcar que una de las acciones que hace notar que el Ministerio Público blinda a David Cornejo Chinguel y a su más cercanos colaboradores, es el archivamiento que un fiscal le ha dado a la denuncia de la pérdida de las motobombas, a pesar que existen elementos que prueban lo denunciado, como es el caso de la ex funcionaria Patricia Chero, del área de Patrimonio Municipal, quien fue la que nos informó sobre la presunta desaparición de las motobombas y donde estarían involucrados dos regidores cercanos al alcalde.
“La verdad, es que siento vergüenza de ser parte de esta gestión. Todos los días se denuncian presuntos actos de corrupción, pero a pesar de las denuncias y hasta los testimonios de los propios protagonistas afectados, el Ministerio Público archiva las denuncias”, sostuvo.
Asimismo, señala que la penúltima denuncia que se hizo fue la supuesta pérdida de alimentos que tenían que ser entregados a los damnificados del “Niño Costero”, y que al enterarse que se había formulado denuncia, los responsables comenzaron a sacar los alimentos supuestamente para repartirlos, pero en realidad no se sabe si lo entregaron o no a las familias necesitadas.
“Esa denuncia y otra más, fue formulada por la presidenta de la Federación de Comedores Populares, Isabel Rivas, pero la Fiscalía – hasta el momento- no ha hecho nada de nada. Otra acción negativa que tampoco aún no tiene justicia, es la entrega de calaminas para las familias damnificadas por las lluvias de inicio de año, no descartándose que la entrega del material se habría presuntamente sobredimensionado en cuanto al número de los beneficiados” recalcó.
Otro caso que llama la atención – señala Liliana Barrantes- es que se estarían desapareciendo los alimentos de los beneficiarios que padecen de Tuberculosis –TBC- e incluso existen denuncias por parte de algunos beneficiarios que los productos no les son entregados completos.
TRÁFICO DE INFLUENCIAS
Otro grave delito que a diario se comete en la Municipalidad de Chiclayo y que al Ministerio Púbico no le importa, es que algunos regidores oficialistas cometen tráfico de influencias al colocar, rotar y sacar funcionarios, que en muchos casos no reúnen el perfil profesional.
Actualmente –indica- en la municipalidad tenemos trabajando gente que proviene de otros lados y que se desconoce su trayectoria profesional y funcional. También hay gente que pertenece a ciertos grupos evangélicos, que ocupan cargos y puestos en la Municipalidad de Chiclayo, CGT y Beneficencia Pública de Chiclayo, pero que cuentan con el perfil profesional o técnico requerido por el Manual de Organización de Funciones –MOF.
“En estos tres años de gestión municipal hemos fiscalizado de manera correcta, pero la Fiscalía no nos ayuda. Hay denuncias con referencia a Licencias de Construcción, dinero de la comunidad Suiza mal empleado y orientado al pago de sueldos del personal que trabaja en Chiclayo Limpio”, acotó.
Además, aclara que también existen denuncias con referencia a la compra y utilidad del combustible en el grifo Municipal, gastos exorbitantes en los locales desconcentrados del programa Chiclayo Limpio, sobrinos del alcalde involucrados en la entrega y venta de puestos para el comercio en el Mercado del Pueblo.
“Eso es solo una muestra de los presuntos actos de corrupción que existe al interior de la Municipalidad de Chiclayo, y que la fiscalía se resiste a investigar y opta por archivarlos, como el caso de los paneles publicitarios que maneja un regidor ahora allegado a David Cornejo Chinguel”, recalcó.
JUECES Y FISCALES
La regidora Liliana Barrantes no se queda callada y advierte que al igual que la gestión de Roberto Torres Gonzales, el actual alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, tendría amigos, familiares y hasta hijos de jueces, fiscales y de regidores de su entorno, laborando en la misma Municipalidad de Chiclayo, Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo y la misma Beneficencia Pública.
Asimismo, advierte que la población de Chiclayo paga por Serenazgo, pero de las 25 camionetas con que cuenta la comuna, la mayoría son utilizadas para el traslado de funcionarios y regidores, así como familiares de éstos.
“El Serenazgo no cumple su función, sin embargo a la población se le cobra y se le exige el pago por este servicio. Los vehículos y los serenos son para que realicen patrullaje preventivo, pero sin embargo son utilizados para otras cosas”, recalcó.
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