En abril del 2016 el Gobierno Regional de Lambayeque empezó a remodelar cuatro colegios con una inversión ascendente a nueve millones 892 mil 397.47 soles. Los trabajos debieron culminar en octubre de ese año. Sin embargo, a inicios de este año decidió resolver el contrato con el “Consorcio Educativo Chiclayo”, debido a una controversia generada, dejando los trabajos paralizados en perjuicio de más de dos mil escolares. Para concluir con el proyecto, el 14 de septiembre entregó la buena pro a la única empresa que se presentó al proceso de selección para ejecutar el saldo de obra: “Consorcio JLO”, conformado por Fernández Gutiérrez SCRL y la Constructora San Juan SRL. Un informe de la Contraloría General de la República ha determinado que la nueva adjudicación presenta irregularidades.
El Consorcio JLO se adjudicó la culminación de los trabajos presupuestados en cuatro millones 33 mil 22.72 soles, el total del monto referencial que se concursó en el proceso denominado “Ejecución de la obra mejoramiento del servicio educativo de 4 II.EE 10030 Naylamp, C.A Salaverry, Fanny Abanto Calle, y Diego Ferré Sosa, nivel primario y secundario de los distritos de José Leonardo Ortiz, La Victoria y Reque, provincia de Chiclayo”.
El Informe de Visita de Control N° 606-2017-CG/CORECH-VC, realizado por la Oficina Regional de la Contraloría, tras las inspecciones efectuadas entre el 13 de octubre y el 3 de noviembre pasado, han determinado que el gobierno regional “aprobó la contratación directa para la ejecución del saldo de obra otorgando la buena pro sin contar con la Certificación Presupuestal”, con “una aprobación de bases administrativas posterior a la aprobación del expediente de contratación” y que pese a que la buena pro se entregó el 14 de septiembre, al momento de cerrar el informe no se había suscrito el contrato ni iniciado la obra, “situación que estaría discrepando la necesidad de urgencia con la que se justificó dicha contratación”, de acuerdo a lo señalado en el acta buena pro suscrita por el Jefe de la Oficina de Logística, William Jave Sánchez.
Asimismo, la Contraloría ha establecido la existencia de presuntas deficiencias constructivas en los cuatro locales educativos.
La visita se realizó con el objetivo de verificar el estado situacional de la ejecución de la obra en los locales educativos y asegurar que esta se dé bajo las condiciones contractuales estipuladas.
CRONOLOGÍA DE LA FISCALIZACIÓN
“El 5 y el 6 de octubre del 2016 una comisión de este órgano contralor realizó una visita de obra en compañía de la fiscal adjunta de la Primera Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo, cuyos hechos advertidos en actas fiscales fueron remitidos al titular de la entidad (Gobierno Regional de Lambayeque), con Oficio N° 1213-2016-CG/CORECH, del 11 de octubre del 2016, a fin que informe las acciones adoptadas al respecto que permitan cautelar el cumplimiento del contrato de dicha obra”, indica el informe.
Días después, entre el 20 y el 24 de octubre del año pasado, la Contraloría realizó visitas de control cuyos resultados motivaron a que el entonces jefe de la Oficina Regional de Control, Nelson Guevara Altamirano, solicite con Oficio N° 1443, del 14 de diciembre del 2016, al gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, que informe documentalmente los avances físicos, económicos y el estado situacional de las obras, así como lo relacionado a las ampliaciones de plazo. El requerimiento no tuvo respuesta, por lo que se reiteró con el Oficio N° 1475, del 28 de diciembre.
En enero de este año, con el Oficio N° 049-2017-GR.LAMB/P.R., Acuña Peralta informó a la Contraloría “la paralización de las obras injustificadamente por parte del contratista”. Sin embargo, no alcanzó la documentación completa que había solicitado la entidad de control, por lo que esta reiteró su pedido de información con el Oficio N° 100-2017. Recién el 8 de febrero se remitió a la Contraloría los avances del avance físico – económico y de las ampliaciones de plazo aprobadas por la región a favor del contratista.
Días después, el 27 de febrero, el gobierno regional alcanzó copias del acta de la conciliación a la que había llegado con el “Consorcio Educativo Chiclayo”. En atención a ello, se ordenó que el Órgano de Control Institucional del gobierno regional realice una visita inopinada a los locales de enseñanza, cuyos resultados fueron informados al gobernador el 15 de marzo a fin que tome las acciones correspondientes frente a lo que los auditores encontraron.
¿QUÉ ENCONTRARON?
De las inspecciones realizadas en octubre del año pasado, la Contraloría determinó la existencia de deficiencias en el expediente técnico, lo que generaba problemas para la ejecución de la obra, ocasionado riesgo de solicitud de adicionales y consultas al proyectista que no fueron absueltas, además de controversias que podían afectar la calidad y tiempo de construcción.
También se identificó falta de disponibilidad de los terrenos, pasividad del gobierno regional para absolver las consultas formuladas por el contratista, y que en el caso de los colegios Fanny Abanto Calle, 10030 Naylamp y Diego Ferré el cronograma de ejecución no contemplaba la ruta crítica.
Asimismo, se encontró que faltaban firmas en el cuaderno de obra, principalmente del residente y el supervisor, lo que generaba el riesgo de adulteración, así como demoras del gobierno regional para comunicar su negativa a la Ampliación de Plazo N° 1, generando el riesgo de que el contratista alegue una aprobación ficta por pronunciamiento fuera de plazo.
De todo ello se informó en octubre del 2016 al gobernador regional, quien enero de este año notificó a la Contraloría que el Gerente Regional de Infraestructura, Fidel Ortiz Zapata, el 24 de noviembre del 2016 se había dirigido vía carta notarial a la contratista por el “bajo ritmo de la obra”. Semanas después había requerido al consorcio información sobre la reprogramación del calendario de avance. La obra quedó paralizada el 2 de enero.
La Contraloría cuestiona que el gobierno regional haya propuesto la conciliación con el contratista pese a que argumentó que este había paralizado la obra de manera injustificada. En total, el “Consorcio Educativo de Chiclayo” solicitó cuatro ampliaciones de plazo, dos de las cuales fueron denegadas.
Aun cuando en la conciliación la contratista se comprometía a reiniciar las obras el 30 de enero de este año, en su visita del 15 de marzo la Contraloría no encontró a personal trabajando en el Colegio N° 10030 Naylamp, donde se constató un avance del 65 %. En el Colegio Fanny Abanto el avance era del 70 %, en el Colegio Carlos Augusto Salaverry del 60 % y en el Colegio Diego Ferré los trabajos se encontraban al 74 %.
“Con fecha 5 de mayo del 2017, el señor William Boulanger Jiménez, Contralor Regional de Chiclayo, visitó los cuatro planteles, evidenciando que las obras no se encontraban terminadas y los trabajos aún estaban paralizados; además que los alumnos se encontraban estudiando en piso de tierra, usan baños químicos e incluso, en algunos casos, se iniciaron las clases en el mes de mayo de 2017, debido a que los trabajos no fueron culminados en los plazos establecidos. Asimismo se encontró en la I.E. Carlos Augusto Salaverry de La Victoria a una comisión del Gobierno Regional de Lambayeque con un notario público y el contratista, que realizaban la entrega de obra porque la entidad decidió resolver el contrato de manera unilateral”, revela el informe.
EL SALDO DE OBRA
El 26 de abril de este año la Oficina Regional de Administración informó al “Consorcio Educativo Chiclayo” la resolución del contrato y el 12 de julio, casi tres meses después, se aprobó el expediente técnico de saldo de obra con un presupuesto total de cuatro millones 33 mil 22.72 soles y un plazo de ejecución de 75 días calendarios. El 15 de agosto el Consejo Regional arribó al Acuerdo N° 089, admitiendo la contratación directa “por causal de contrataciones derivadas de un contrato resuelto y nulo, cuya continuidad de ejecución resulta urgente”.
Diez días después, el jefe de la Oficina de Logística, William Jave Sánchez, invitó a presentar sus propuestas económicas a las empresas: Fedeco Contratistas Generales, Fernández Gutiérrez, Simav Constructora e Ingeniería Civil Montajes.
La única empresa que se presentó fue Fernández Gutiérrez y en virtud de ello se procedió a la contratación directa, según informe de la Oficina de Logística del 31 de agosto. Al día siguiente se aprobó el Expediente de Contratación.
HECHOS IRREGULARES
Sin embargo, lo que llama la atención de la Contraloría es que las bases administrativas del proceso de selección para la ejecución del saldo de obra se aprobaron recién el 13 de septiembre con la Resolución Jefatural Regional N° 288-2017-GR.LAMB/ORAD.
Además, la Certificación de Disponibilidad Presupuestal 302-2017 se emitió el 13 de octubre, por lo tanto el Expediente de Contratación se habría aprobado sin contar con las bases administrativas aprobadas y sin tener la Certificación Presupuestal, conforme lo establece la normativa vigente.
“Pese a ello, el 14 de septiembre del 2017, el jefe de la Oficina de Logística otorgó la buena pro al Consorcio JLO, conformado por las empresas Fernández Gutiérrez SCRL y la Constructora San Juan SRL, por el monto de cuatro millones 33 mil 22.72 soles”, señala la Contraloría en su informe.
Ese mismo día se solicitó al consorcio ganador la presentación de la documentación para la suscripción del contrato, otorgándole ocho días hábiles a partir del 14 de septiembre. Sin embargo, al momento en que la Contraloría emitió su informe (10 de noviembre) aún no se tenía el contrato firmado.
Lo extraño es que el contrato entre el Gobierno Regional de Lambayeque y el “Consorcio JLO” aparece firmado el 27 de octubre, un mes y 13 días después de otorgada la buena pro. El documento lleva la firma del jefe de Administración del gobierno regional, Yosip Mejía Díaz, y del representante del consorcio, Rómulo Fernández Gutiérrez.
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