Expresidente del Poder Judicial afirma que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha convertido al Ministerio Público “en su mascota”.

“Hay dos cosas que no puede ser el juez: cobarde o corrupto”, sentencia el expresidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, quien conversó en exclusiva con Expresión sobre el comportamiento de los magistrados y el excesivo uso de las medidas coercitivas contra los investigados, tendencia que califica de abusiva y desproporcional, pues – afirma – se vulnera abiertamente el principio de legalidad.

Villa Stein, quien en marzo de este año renunció al Poder Judicial, cansado – dice – de las “aberraciones jurídicas que se están cometiendo”, sostiene que el rol de los jueces se empieza a distorsionar en el país, saliendo estos de su función de juzgadores “para convertirse en activistas contra algunos delitos”, como la corrupción.

“El juez no es un luchador contra nada, este tiene el papel de discernir justicia en los casos concretos, el activismo hay que dejárselo a los activistas. En la línea del activismo, hay muchos jueces que se ponen del lado del Ministerio Público y prácticamente convierten su magisterio y desempeño en mesa de partes de la fiscalía y eso es peligroso no solo para el Poder Judicial, sino también para el país en su conjunto, porque nadie está libre de caer en manos de un acusador y que el juez, que es la trinchera de legalidad y un parapeto contra el atropello, no lo defienda”, manifiesta el ex juez supremo.

LA LEGALIDAD

Refiere que la cautela del debido proceso no garantiza que no se cometan excesos contra el investigado, porque hay casos que son “bien llevados por los administradores de justicia”, pero vulneran el principio de legalidad.

“La legalidad es lo más importante que todo. En estos momentos se está produciendo persecuciones por eventos que no son delictivos, pero que tienen un componente de activismo en la lucha por los Derechos Humanos o la lucha contra la corrupción. Esto le ha pasado, por ejemplo, a la pareja Humala Heredia”, asevera.

Respecto al expresidente de la República Ollanta Humala Tasso y su esposa, Villa Stein refiere que hasta cierto punto son “víctimas del juez (Richard) Concepción Carhuancho”.

“Ha resuelto con un criterio que yo lo denomino naturalístico y no con un criterio jurídico y normativo. Por ejemplo, el lavado de activos se ha vuelto el nuevo cajón de sastre del país. A todos los quieren sindicar como lavadores y con ese argumento no se libra absolutamente nadie de una persecución”, señala.

LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES

Otra corriente es la que encasilla a los investigados como miembros de una organización criminal. Al respecto., explica que para que se ordene un mandato de prisión se requiere de determinados plazos y requisitos, pero cuando estos no existen se busca crear la figura de la organización criminal para detener al ciudadano.

“Es una simple justificación. El problema es que una vez que el fiscal acusa por organización, sin que se den los elementos que ya la Corte Suprema de la República ha establecido para conceptuar a una organización criminal, después resulta difícil salir del asunto y para esa situación el Poder Judicial tiene que cumplir una función muy importante. No nos olvidemos que en la ecuación del Estado Constitucional de Derecho, el Poder Judicial es una pieza importante en salvaguarda de los derechos ciudadanos en general, no en la persecución al delincuente”, indica.

EL CÓDIGO

Añade que la independencia es una característica que “el juez debe llevar en el alma”, toda vez que esta no se garantiza en el código procesal dadas las interpretaciones que se tienen.

“El código puede ser una maravilla si hay mala fe, si hay miedo o cobardía. Hay dos cosas que no puede ser el juez: cobarde o corrupto, puede ser otras cosas, pero no eso, porque por miedo mete presa a mucha gente”, indica.

Villa Stein considera que la prisión preventiva es una pena anticipada contra el investigado, esto por la influencia que tiene sobre el trabajo de los jueces el activismo de la lucha contra la corrupción y otros delitos.

Y en ese sentido, refiere que los magistrados deben tener presente que en materia penal la única fuente de Derecho es el código y no lo que indican organizaciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Palermo, la Convención de Viena e incluso la Constitución Política.

“Todo se rige por el principio de legalidad. Hay jueces activistas que dicen que se tiene que extender el concepto de legalidad o que este es un principio que puede ser derrotado y se equivocan. En el sistema anglosajón la fuente de derecho penal es lo que dicen los jueces, en nuestro sistema es lo que dice el código, que se desprende de la legislación. Lo que no se puede hacer es un chaufa, de cuando me conviene aplico el principio de legalidad y cuando no, lo rompo. El principio de legalidad, como todos los principios contenidos en el Título Preliminar del código, es un límite al poder punitivo del Estado”, refiere.

¿FALSA AUTONOMÍA?

El expresidente de la Corte Suprema de la República afirma que en estos momentos en el país existe una autonomía relativizada de los organismos de justicia.

“Por ejemplo, vemos al ministro (Carlos) Basombrío que se mete en las diligencias del Ministerio Público y convierte al fiscal en su mascota. Él va y señala por sí y ante sí quién es delincuente y quién no. En un último evento en Ucayali se les ocurrió decir que habían encontrado un expediente en la casa de un abogado y eso era falso. Lo que había eran las copias que tiene todo abogado. ¿Quién se encargó de esto? El señor Basombrío. En Piura inventó el ‘Escuadrón de la muerte’, en el caso de Díaz Arce se metió a su casa y mientras los fiscales exigen autonomía dejan que el Poder Ejecutivo interfiera en sus acciones”, manifiesta.

Acota que otra seria debilidad que se tiene actualmente en el país es que el Ministerio Público “ha dejado de ser el primer defensor de la legalidad”, conforme exige su ley orgánica.

“El primer filtro de legalidad es el Ministerio Público. Este no es para acusar, sino para que no se acuse por cualquier cosa. Para eso se pone a un experto en derecho, cuya función es defender la legalidad. Sin embargo, si el Ministerio Público se convierte en un jacobino, en un perseguidor, deja de garantizar esa defensa. Por ejemplo, en Chiclayo tenemos a un fiscal que ha sido policía y sigue actuando como policía olvidándose que es fiscal. Eso genera desventajas”, asevera.

Respecto a la acusación constitucional presentada contra el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, y la investigación aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la República en su contra, Villa Stein señala que no considera que esto represente un avasallamiento del legislativo sobre la autonomía de la institución.

“¿De qué autonomía hablamos si Basombrio tiene al Ministerio Público de mascota, si cuando se trata del oponente rompen la reserva, pero cuando se trata de los aliados ahí sí nadie sabe de las actuaciones de los fiscales? El Ministerio Público reclama autonomía, pero también presiona al Poder Judicial. Aquí lo que existe es un contrapeso de poderes, el Congreso es la única fuerza que puede contener los excesos y exabruptos del Ministerio Público. Yo sí estoy de acuerdo con el equilibrio y que debe haber poderes y contrapoderes”, asevera.

Para Villa Stein, el Congreso de la República actúa conforme a lo que está señalado en la constitución.

“Lo que ocurre también es que el Congreso es chantajeado con el discurso de que cada cosa que haga servirá para que le recuerden el pasado, creyendo que el error es fuente de derecho y eso no es así. Los errores de Fujimori no fundamentan ni justifican nada y no pueden servir para silenciar al Congreso de la República. Creo, por el contrario, que este no está ejerciendo el poder que tiene y yo lo he dicho: poder que no se usa, se pierde”, afirma.

CASO RONCAL MIÑANO

Javier Villa llegó a Chiclayo esta semana para apersonarse como abogado del empresario Carlos Roncal Miñano, investigado por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lambayeque y a quien se sindica de pertenecer a la organización delictiva “La hermandad del norte”.

Sobre el particular, el ex juez supremo señala que para aceptar la defensa de Roncal Miñano ha revisado con minuciosidad los elementos que el Ministerio Público presenta en su contra, a fin de delinear su estrategia de defensa.

“Estoy persuadido de que es absolutamente inocente y es por eso que lo estoy defendiendo en esa línea, aclarando que el fiscal, quizá por su formación de policía, analiza el caso en clave policiaca y no jurídica, saltándose, como es natural, el principio de legalidad y ejerciendo una especie de derecho de sospecha. Están aplicando un derecho penal de autor y criminalizando los vínculos, distorsionando el derecho penal, que es un disciplina que tiene que conocerse bien para poder emplearse”, refiere.

Villa Stein agrega que las imputaciones de lavado de activos empiezan a servir para la práctica de ilícitos como la extorsión por parte de ciertos operadores de justicia, ligados incluso a organismos tutelares como el Ministerio Público y el Poder Judicial.

“Ven a un sujeto con plata y le dicen: ‘Cuénteme de dónde tiene plata’ y ahí empieza la extorsión. Es bien delicado lo que está pasando en el país con este nuevo cajón de sastre que es el lavado de activos, cuyas investigaciones se prestan para la extorsión. Con el viejo truco de una república de redentores se quiere perseguir a todo el mundo y eso es bien peligroso”, concluye.

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