Trece denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público desde el 2012 fueron archivadas en Lambayeque, todas referidas al accionar de una presunta organización dedicada a la usurpación, tráfico de terrenos y estafa. La principal perjudicada es Esperanza Aiscorbe Ruiz, una mujer de 66 años de edad, cuya propiedad fue invadida, luego obligada a vender a un precio irrisorio y finalmente desalojada por orden judicial, todo con la absoluta impunidad que nadie aquí se atrevió a investigar. Sin embargo, una luz se abre al final del túnel con la disposición de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada Contra la Criminalidad Organizada, que desde Lima ha dispuesto iniciar las indagaciones no solo en su caso, sino también en los de otros ciudadanos lambayecanos que fueron presa de la supuesta red delictiva.
En septiembre del 2012 Esperanza Aizcorbe recibió en su vivienda la visita de los abogados Juan Carlos Buendía Aservi y Segundo Samillán Llontop, quienes se presentaron como representantes de la empresa Mirage Perú S.A., interesada en la adquisición de su terreno de aproximadamente 16 mil metros cuadrados, ubicado al lado de la Universidad de Chiclayo, carretera a Pimentel.
Ante la propuesta, la propietaria indicó que accedía a la venta a un precio 125 dólares el metro cuadrado, sumando un total de dos millones 90 mil 832.50 dólares. Los supuestos agentes de la inmobiliaria accedieron y de ellos Esperanza Aiscorbe no volvería a saber sino hasta el 26 de septiembre de ese año, cuando la citaron para informarle que “tenían conocimiento” de que su terreno sería invadido y que, por lo tanto, le hacían una contraoferta reduciendo el monto a pagar.
En dicha reunión, donde participó también el abogado Meackol Jiménez Ciurlizza, le indicaron que de 125 dólares por metro cuadrado ofrecían pagarle 40 dólares. La alerta de la invasión seguía en pie.
LA INVASIÓN
Aiscorbe Ruiz hizo revisar el contrato y la conclusión fue que este era lesivo para sus intereses, por lo que se negó a la firma del mismo. Horas después, en la madrugada del 28 de septiembre, su terreno fue ocupado por 400 invasores.
Al amanecer, la mujer se comunicó con Jiménez Ciurlizza, quien se había presentado como abogado de Mirage, para la elaboración de un nuevo contrato. Los invasores se retiraron pacíficamente al promediar las 5 de la tarde, pero retornaron caída la noche, mientras ella permanecía en su vivienda, ubicada en un espacio contiguo al terreno en venta, junto con los agentes policiales y los representantes de la inmobiliaria.
De pronto hizo su aparición el notario Segundo Alfredo Santa Cruz Vera, quien traía consigo las minutas de compra y venta del terreno. Con los invasores ocupando el área, Esperanza Aiscorbe leyó los documentos y grande fue su sorpresa al notar que ahora la empresa le ofrecía cinco dólares por metro cuadrado.
Además de su terreno de 16 mil metros cuadrados, Esperanza Aiscorbe era copropietaria con sus hermanas de otras áreas, que también eran incluidas en la venta. Mirage ofrecía así pagarle 100 mil dólares por las casi tres hectáreas ubicadas en una zona altamente valorada de la ciudad.
Prácticamente presionada a firmar, la propietaria observó que la minuta incluía los dos mil 100 metros que ella desde el principio se negó a vender, debido a que esta era el área de su vivienda. Ante ello, el notario le presentó otra minuta ya redactada y firmada por Gorky Peramás Garnique, gerente de Mirage, en la que este supuestamente le vendía el área que correspondían a la casa; es decir, los dos mil 100 metros.
¿HÉROE Y VILLANO?
En medio del caos apareció Sandro Espinoza Flores, un capitán retirado de la Policía Nacional del Perú, representante de la empresa Police Segurity, quien con apoyo de los agentes del orden retiró a los invasores. Supuestamente, en dicho acto capturaron a tres integrantes de la organización criminal “La gran familia”, pero luego el Ministerio Público determinó que no había vínculo alguno.
La pesadilla no había pasado. Nueve días después de la firma de las minutas, cuando ya la partida registral del terreno había sido bloqueada a favor de Mirage Perú S.A., la empresa transfirió la propiedad a Swett Land SAC, de la que sorprendentemente era dueño Sandro Espinoza Flores, el “artífice” del desalojo. La transferencia se había efectivizado en la notaría de Santa Cruz Vera.
EL DESALOJO
Esperanza Aizcorbe nunca recibió el total de los 100 mil dólares que Mirage se comprometió a pagarle y tampoco las escrituras por los dos mil 100 metros de su vivienda. Esto último, sirvió para que en octubre del 2013 Swett Land inicie en su contra un proceso de desalojo ante el Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha el juez Héctor Conteña Vizcarra, quien el 14 de julio de este año ordenó la expulsión de Esperanza Aizcorbe de su vivienda, al considerarla “ocupante precaria” pese a tener título de propiedad.
Según la empresa, la minuta que el notario le alcanzó la noche del 28 de septiembre del 2012 era falsa.
Aun cuando en el mismo despacho de Conteña Vizcarra se mantenía un proceso de nulidad de acto jurídico respecto a la situación de la vivienda de Esperanza Aiscorbe, el magistrado ordenó el desalojo. En tanto, la jueza del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, Liz Fabián Palomino, se negó a conceder una acción de amparo contra el magistrado. Incluso en dicho juzgado se perdió el expediente de la demandante.
DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN
Por todo lo sucedido, Esperanza Aiscorbe presentó 13 denuncias ante el Ministerio Público, recayendo en la Primera, Segunda y Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, entre los años 2012 y 2015. Sin embargo, como si un halo de mala fortuna pesara sobre ella, todas las carpetas fueron archivadas.
Aiscorbe Ruiz tampoco tuvo suerte en la comisión que investigó el Caso López Meneses en el Congreso de la República, dada la vinculación que existía entre Sandro Espinoza y el exoperador de Vladimiro Montesino Torres, a quien durante el gobierno de Ollanta Humala se le puso resguardo policial en su vivienda.
Las denuncias están referidas a estafa, asociación ilícita, falsedad genérica, usurpación, daños, fraude procesal, falsificación documentaria y otros delitos.
Tras años de batalla legal y sin encontrar justicia en Lambayeque, en agosto pasado Esperanza Aiscorbe se dirigió al Fiscal Coordinador de las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, haciéndole conocer su caso a fin de que desde Lima se disponga el inicio de las investigaciones.
Finalmente, la denuncia fue acogida con la Disposición N° 01 del Caso 48-2017, en la que se resuelve abrir la investigación y el inicio de las diligencias preliminares contra los que resulten responsables de los supuestos ilícitos cometidos contra Esperanza Aiscorbe. La denunciante ha señalado a Sandro Espinoza Flores, Jorge Tapia Villarcota, Juan Garcés Senmache, Raymond Morel de la Prada, Meackol Jiménez Ciurlizza, Roberto Samillán Llontop, Juan Carlos Buendía Aservi y a otros más.
La responsable de la Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada, Kelin Cárdenas Sánchez, ha dispuesto un plazo de 60 días para el desarrollo de las diligencias, que comprende, entre otras cosas, la revisión de la Carpeta Fiscal N° 401-2014, que obra en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, y que versa sobre la denuncia presentada por Julio Novoa Linares contra Mirage Perú por el delito de estafa en el proyecto inmobiliario Villa Verde, ubicado cerca a la Universidad de San Martín de Porres – Filial Norte.
Asimismo, la revisión de la Carpeta Fiscal N ° 4503-2017, también de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, referida a la denuncia por usurpación presentada por Esperanza Aiscorbe por el caso de su vivienda; de la Carpeta Fiscal N° 462-2014, también por usurpación, que se encuentra en la Primera Fiscalía Penal de Chiclayo y de la Carpeta Fiscal N° 193-2014, iniciada por Aiscorbe Ruiz por falsificación.
A esto se suma que uno de los presuntos integrantes de esta organización delictiva, Juan Carlos Buendía Aservi, el mismo que inició las tratativas con Esperanza Aiscorbe para la compra de su terreno, habría denunciado ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada a Raymond Morel de la Prada, José Luis Salazar, Sandro Espinoza Flores, Meackol Jiménez Ciurlizza, José Díaz Gutiérrez, Juan Garcés Senmache, Alicia Miñano Donayre, Carlos Espinoza Alvarado, fiscales, jueces, policiales y quienes resulten responsables por los supuestos delitos de estafa agravada y masiva, apropiación ilícita, falsificación de documentos, defraudación tributaria, contrabando, lavado de activos, usurpación agravada, tráfico de tierras, corrupción de funcionarios, secuestro, extorsión, denuncias calumniosas, fraude procesal, difamación, coacción y falsedad genérica.
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