La Corte Superior de Justicia de Lambayeque es una de las 16 a nivel nacional que hasta el momento no ha remitido al Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, que lidera en el ámbito jurisdiccional Susana Castañeda Otsu, las sentencias dadas por sus magistrados en dicha materia. El envío es importante porque permite la revisión de las mismas, a fin de identificar cuáles son las deficiencias que se tienen en el procesamiento y sanción contra quienes incurren en delitos contra la administración pública.

Junto a Lambayeque se encuentran los distritos judiciales de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cañete, Cusco, Huánuco, Huaura, Ica, Junín, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Sullana y Lima Sur.

“Nosotros esperamos que los distritos judiciales que faltan remitir sus sentencias puedan hacerlo lo más pronto posible, porque es la única manera de analizar los fallos que servirán de insumo para las capacitaciones y también para ser publicadas en la web, y que el pueblo sepa que los jueces están resolviendo los casos.  Eso nos preocupa también”, señala la coordinadora nacional del Poder Judicial.

Como explica Castañeda Otsu, quien conversó con Expresión durante su reciente visita a Chiclayo, el Sistema Nacional Anticorrupción no solo lo conforman los 14 jueces superiores que fueron convocados a Lima para conformar los órganos jurisdiccionales que revisan los casos más complejos, como el de Odebrecht, por ejemplo, sino también todos los magistrados que tienen en sus manos decisiones referidas a la corrupción de funcionarios en todos los departamentos.

En tal sentido, parte de la tarea asignada a la coordinación que encabeza Susana Castañeda radica en la capacitación de los jueces, a fin que estos puedan emitir sentencias claras, con una buena motivación y con apego a la norma y al respeto de los principios procesales.

“No solamente estamos enfocados en la capacitación, queremos que la población sepa el modo en el que los jueces están resolviendo estos casos sensibles que involucran a gobernadores, alcaldes y altos funcionarios públicos. Es necesario que la población conozca estos detalles para que al momento de elegir lo haga adecuadamente”, menciona la magistrada.

AVANCES

En enero de este año el presidente del Poder Judicial designó a Castañeda Otsu como coordinadora del sistema especializado, encargándose la evaluación y convocatoria de un grupo de magistrados altamente capacitados para que asuman los juzgamientos futuros en los casos de corrupción que involucran a altos funcionarios del Estado y a empresas extranjeras, esto a partir de la investigación iniciada por el escándalo “Lava jato”.

La creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en el que convergen el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Poder Judicial, se dio con los decretos legislativos 1307 y 1342.

En total son 14 jueces nombrados con competencia nacional dentro del sistema, tres de los cuales asumen funciones en la investigación preparatoria, cuatro en despachos unipersonales y siete en salas superiores.

“Por ahora, como se trata de un sistema nuevo, la mayoría de casos se encuentran en investigación preparatoria. Sin embargo, tenemos ya un caso importante como es el del ex gobernador regional del Cusco, Jorge Acurio, (acusado de recibir coimas de Odebrecht) y dos personas implicadas, los abogados José Zaragoza y Gustavo Salazar. Además, ya hemos emitido una sentencia contra el exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, la misma que ha sido ratificada por el Juzgado Colegiado de la Sala Penal Nacional”, comenta Susana Castañeda.

Asimismo, refiere que los jueces del sistema especializado han ordenado hasta el momento una serie de medidas limitativas como el levantamiento del secretario bancario, de la reserva bursátil, de los reportes telefónicos y otras más, en investigaciones que incluyen a altas autoridades a nivel nacional por sus presuntos vínculos con las empresas constructoras brasileras.

LEGALIDAD DEL SISTEMA

Tras la creación del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios diversas voces se alzaron, unas a favor y otras en contra, estas últimas señalando que la creación de juzgados nacionales y el consecuente traslado de los casos a dichos despachos vulneraría el principio de juez natural.

Al respecto, Susana Castañeda señala que dicha trasgresión no se configura, porque ya existe una Sala Penal Nacional que revisa casos de criminalidad organizada que trascienden a una determinada jurisdicción. Del mismo modo, el sistema especializado tiene como responsabilidad la resolución de casos de corrupción nacional que impliquen a funcionarios y sus delitos conexos como el lavado de activos o la falsificación de documentos.

“No se viola ese principio porque tenemos la experiencia de las salas especializadas que llevaron los casos de Vladimiro Montesinos Torres y de toda la red de corrupción que se investigó a partir del año 2000. Todos esos casos los vio un sistema especializado y los jueces ordinarios nunca pusieron resistencia; por el contrario, enviaron los procesos para que sean los juzgados especializados y las salas especiales las que resuelvan dichos casos”, manifiesta.

Añade que el sistema anticorrupción del Perú es uno de los pioneros a nivel de la región.

“Perú ha sido modelo para que en otros países se instalen sistemas anticorrupción. A partir del año 2000 empezó este trabajo y en Lima se tiene una experiencia de 17 años procesando casos anticorrupción con el Código de 1940 y con el Código Procesal del 2004”, señala.

TAREA FISCAL

Empero, Castañeda Otsu reconoce que esta es la primera vez que en el Perú se revisarán casos de alta complejidad y que están enlazados a investigaciones judiciales que se realizan en otros países como Brasil, a partir de las delaciones dadas por los exfuncionarios de Odebrecht y las demás compañías constructoras.

En ese sentido, afirma que es necesario que el Ministerio Público esté en capacidad de desarrollar investigaciones sólidas, cuyos insumos permitan confirmar los ilícitos en los que habrían incurrido autoridades y ex funcionarios del país.

“Esperamos que el Ministerio Público nos presente casos sólidos, bien estructurados y con los medios de prueba suficientes, que acrediten que lo que ellos plantean es lo correcto. Lo que tenemos por ahora son solo pedidos de medidas limitativas de derechos, bastantes medidas. Seguramente ellos (los fiscales) están trabajando los casos, porque para presentarlos deberán hacerlo adecuadamente. Solo han formalizados dos o tres casos, no hay más, y eso es así. Cuando un sistema recién empieza las sentencias se emiten después de uno o dos años, una vez que se hayan formalizado. Lo que sí es cierto es que se trata de casos muy complejos, donde, al igual que en la experiencia pasada, muchos de los dineros se encuentran en cuentas extranjeras, en empresas off shore y se tiene que seguir la ruta del dinero. La diferencia está en que antes eso lo hacía el juez, ahora es tarea del Ministerio Público y le corresponderá a este acreditar la ruta del dinero y todo lo que haya ocurrido en relación a los casos”, detalla.

CAMBIOS NECESARIOS

Por otro lado, Castañeda Otsu sostiene que es pertinente que se discutan cambios normativos para fortalecer la lucha contra la corrupción, como la modificatoria del Código Procesal Constitucional a fin de evitar que las acciones de amparo sean presentadas en jurisdicciones ajenas a donde se ventila determinado proceso.

La magistrada, natural de Oyotún, recuerda que hace diez años publicó un libro precisamente referido a los hábeas corpus y la exigencia de territorialidad que debe existir para su emisión a favor de un procesado. Dicha opinión es la que desde el inicio de su gestión como presidente del Poder Judicial ha recogido y hecho suya Duberlí Rodríguez Tineo.

“Hace más de diez años vengo proponiendo que se reforme el Código Procesal Constitucional para evitar que los amparos y los hábeas corpus se presenten en cualquier lugar. Deben ser presentados en el lugar donde se ha cometido la agresión del derecho y si se trata de una persona privada de la libertad, entonces en el lugar donde se está aplicando la prisión o en el lugar donde se emitió la resolución. No puede seguir lo que está pasando. Hoy vemos que hábeas corpus de personas privadas de la libertad en Lambayeque se presentan en Amazonas, por ejemplo”, señala.

Indica que existe un vacío en la norma al no establecer con claridad la condición de territorialidad para la presentación de amparos constitucionales.

“La ley dice que es competente cualquier juez penal del lugar y, por lo tanto, lo entiendo que el lugar es aquel donde está la persona detenida o vulnerada en sus derechos. Así debe ser interpretado. Más allá de un asunto de reformas este es un tema de interpretación y los jueces interpretan las normas cuando las aplican. Lamentablemente no se ha hecho hasta ahora un acuerdo plenario en relación a la competencia de los jueces constitucionales, quizá sea momento de hacerlo en tanto el Poder Legislativo no modifica la norma. Este tema tiene que debatirse, porque lo que viene ocurriendo es escandaloso”, enfatiza. 

 respuesta de JUANA MARTINEZ el 2022-06-11.

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