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FUE MAL NOTIFICADO: JUZGADO CONFIRMA IRREGULARIDADES DE LA FISCALÍA EN REQUERIMIENTO CONTRA CARLOS RONCAL

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1035

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El pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el empresario Carlos Roncal Miñano, presentado por la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado – FECOR de Lambayeque, fue mal formulado. La jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, Mary Núñez Cortijo, refirió que los representantes del Ministerio Público no habían precisado correctamente el lugar de nacimiento del investigado y tampoco la ciudad en la que debía ser notificado, razón por la cual este no acudió a la audiencia programada el miércoles 18 d.c.

 

Llamándole la atención al fiscal Germán Montero Ugaz, titular de la investigación en el caso de la presunta organización criminal “La hermandad del norte”, donde se ha incluido a Roncal Miñano, la magistrada reprogramó para el próximo 13 de diciembre la audiencia en la que deberán exponerse los elementos de convicción que maneja el Ministerio Público en su tesis de que el empresario tiene responsabilidad en el asesinato del exauditor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, Luis Cieza Herrera, ocurrido el 23 de diciembre del 2015.

 

La magistrada corroboró que la información consignada por la fiscalía en el requerimiento no coincide con la indicada en la ficha RENIEC del investigado, por lo que en salvaguarda del debido proceso y a fin de garantizar el derecho a la defensa del empresario, resolvió reprogramar la audiencia.

 

El viernes pasado, Carlos Roncal reapareció luego de permanecer 11 meses en la clandestinidad, desde que el 3 de noviembre del 2016 la jueza Núñez Cortijo ordenó su captura y la de otros investigados, imputados como integrantes de la presunta organización “La hermandad del norte”, vinculada a una serie de ilícitos como sicariato, extorsión y robo agravado.

 

Días antes la titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo había dejado sin efecto la orden de captura a nivel nacional que pesaba sobre el empresario, quien fue incluido en la lista de Los Más Buscados que publica el Ministerio del Interior, ofreciéndose 25 mil soles de recompensa a cambio de información sobre su paradero.

 

PROCLAMA INOCENCIA

Visiblemente más delgado y con un hablar pausado, Carlos Roncal recibió a diferentes medios de comunicación en su oficina de la Avenida Francisco Bolognesi, desde donde emitió sus primeras declaraciones después de casi un año de haber permanecido “en salvaguarda de su integridad”.

 

Comenta que el 3 de noviembre del año pasado, cuando se emitió la orden de captura en su contra, se encontraba en ciudad de Piura, a donde había llegado para concretar la exportación de su cosecha de uva del fundo agroindustrial que mantenía en el distrito de Pítipo. Ese viaje – sostiene – le permitió mantenerse a buen recaudo y en adelante iniciar la dura batalla legal que significó, en un principio, conocer cuáles eran las imputaciones hechas por el Ministerio Público y los elementos de convicción que se habían presentado en su contra.

 

“Soy inocente, las imputaciones que se hacen en mi contra son falsas, irreales, provienen de una persona que se ha acogido a la colaboración eficaz inadecuadamente e ilegalmente se podría decir.  Gracias a las investigaciones y al tiempo transcurrido contra mi libertad se ha podido saber muchas cosas más de lo que trata este tema tan delicado para mí y para mi familia”, señala Roncal Miñano.

 

El empresario comenta que nunca fue citado por la fiscalía ni notificado de alguna investigación en su contra por supuestos delitos como los señalados por la FECOR Lambayeque cuando requirió su captura al Poder Judicial.

 

“Desde noviembre hasta la fecha la fiscalía ha seguido investigado y yo le he dicho a mis abogados que la verdad tendrá que ir aflorando. Yo soy creyente y considero que ninguna muerte debe quedar impune y que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Bajo esa determinación es que le pedí a mis abogados que averigüen, indaguen y soliciten las carpetas fiscales. Sin embargo, lamentablemente la fiscalía siempre nos limitó a la defensa y no dio acceso sino hasta febrero o marzo de este año para conocer qué imputaban en mi contra los supuestos colaboradores eficaces. Lo que encontramos es que una cosa era lo que se ha plasmado en el requerimiento fiscal y otra lo que han dicho los colaboradores. Los abogados encontraron que las palabras no coincidían y eso permitió conocer que el colaborador eficaz y el testigo clave eran la misma persona”, asevera.

Roncal Miñano se refiere al colaborador eficaz 15012016 y al testigo clave 012016, que resultan ser la misma persona conforme se ha corroborado en las actas suscritas por el Ministerio Público, donde se le asigna los códigos para la protección de su identidad.

El aspirante a colaborador fue incluido como tal en el caso “Hermandad del norte”, pese a que por su condición de reincidente en la ejecución de ilícitos estaría impedido de ello, conforme ordena el Código Procesal Penal.

 

“No lo digo yo, lo dicen los documentos y eso es de público conocimiento. ¿Cómo puede un fiscal tener la osadía de utilizar a una persona para que me acuse y al mismo tiempo corrobore su acusación?”, cuestiona.

 

EL AUDITOR DE LA SUNAT

Como se ha dicho, a Roncal Miñano se le imputa haber planificado u ordenado el asesinato del exauditor de la SUNAT Luis Cieza Herrera. Según afirma, no conoció al exfuncionario y tampoco había sido fiscalizado por este en su actividad empresarial.

 

“Cada vez que la SUNAT me mandaba notificación de auditoría o fiscalización yo nombraba a mis representantes, quienes tenían que encarar dichos procedimientos. Nunca tuve la necesidad de ir yo a la SUNAT a presentar algún descargo o a realizar alguna gestión. Las personas que me representaron en la auditoría que se inició en mayo del 2015 a mis estados tributarios, por disposición del Ministerio Público, son las contadoras María Reynoso de Vargas y Rocío Porro y el abogado Julio de la Piedra. Ellos me representaron y eso consta en las actas de la SUNAT”, explica.

De acuerdo a la tesis de la fiscalía, el contador de Roncal Miñano era Antonio Arenas Delgado – también investigado en el caso “Hermandad del norte” – y que este habría ofrecido un soborno a Cieza Herrera para que emitiera un informe favorable al empresario en la fiscalización iniciada a sus ingresos y declaración de impuestos. Negarse a recibir el soborno y persistir en la fiscalización, habrían sido los móviles del asesinato.

 

Sin embargo, Carlos Roncal aclara que Arenas Delgado no era su contador y que tampoco cabe la posibilidad de que a través de terceros haya ofrecido algún tipo de soborno a Cieza Herrera, debido a que este tampoco fue el auditor de su condición tributaria.

“A mí me iniciaron la fiscalización en abril del 2015 y a fines de mayo de ese año la SUNAT emitió su informe encontrando un desbalance en los ingresos de los años 2013 y 2014. Quien me audita fue el señor Martín Vargas. Del señor Cieza Herrera yo no conocía ni su nombre. Al emitirse el informe la contadora María Reynoso me informa que había un impuesto a pagar y me indica que había dos opciones: apelar o cancelar el impuesto. Apelar significaba ir a instancias superiores y eso yo nunca lo había hecho. Al confirmarse la legalidad del pronunciamiento de la SUNAT respecto a mis ingresos y tributos, procedí a pagar. En junio del 2015 yo finiquité todo el procedimiento. Al señor Cieza Herrera lo asesinaron en diciembre, seis meses después. ¿Qué razón tenía yo para atentar contra su vida?”, detalla.

 

DESBALANCE

Roncal Miñano comenta que por su permanencia en la Empresa AgroPucalá esta le abonaba una remuneración mensual al desempeñar funciones administrativas, lo que está debidamente acreditado ante la SUNAT. En paralelo se dedicaba a la comercialización de azúcar, actividad de la que originaban sus ingresos.

 

“El desbalance patrimonial encontrado por la SUNAT, correspondiente a dos años, es de 800 mil soles y este se origina por dos depósitos realizados a mis cuentas por la comercialización de azúcar que he realizado como persona particular. Yo no tuve problemas en reconocerlo y pagar lo que correspondía por impuestos a la SUNAT y esto porque se había iniciado una investigación por lavado de activos en mi contra, lo que para mí era delicado. Por una investigación de este tipo el sistema financiero cierra sus puertas y yo necesitaba liquidez para mis empresas, por lo tanto dejé sentada mi voluntad de resarcir algún posible daño realizado a la SUNAT por el no pago de impuestos a fin de que concluya esa investigación por lavado de activos y que el sistema financiero restablezca mis líneas de crédito”, señala.

 

INTERESES EN CONTRA

Sostiene que existen intereses en su contra, que durante todo este tiempo ha reflexionado sobre ello, pero que sus sospechas no lo llevarán a acusar de manera irresponsable sin antes tener las pruebas suficientes.

 

“No puedo actuar de manera irresponsable como mucha gente lo ha hecho, sobre todo aquella que tiene la encargatura de administrar justicia e irresponsablemente acusa sin fundamentos, sin pruebas fehacientes solo para encarcelar a alguien. Yo sé que hay intereses detrás de esto”, afirma.

 

Finalmente, el empresario revela que fue extorsionado antes que estallase el escándalo fiscal y se emitiera la orden de captura en su contra.

 

“Sí me buscaron. Una persona me advirtió, me dijo de qué se trataba el asunto, que tendría problemas, que habría una acusación en mi contra y me mencionó directamente el caso Cieza. Me reservo el derecho de revelar por ahora el nombre, pero sí lo haré en su momento. Esto es algo grave, que ha afectado mi imagen y a mi familia”, indica. 

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