Otra página se ha escrito en la convulsionada historia de la Empresa Agroindustrial Tumán. El viernes último se ejecutó la diligencia de instalación de la administración judicial ordenada por el Juzgado Mixto de Bongará – Amazonas, que pone al frente de la azucarera a Daniel Rioja Sánchez y a Martín Martínez Valdiviezo, cuya primera medida habría sido dejar sin trabajo a mil servidores, conforme lo denuncian dirigentes del sindicato.
La diligencia estuvo a cargo de la titular del Juzgado de Paz Letrado de Tumán, Hellen Guevara Jiménez, asistida por la Policía Nacional del Perú, cuyos agentes proporcionaron las garantías del caso en el procedimiento que se realizó sin mayor oposición de los representantes del V Directorio, órgano de gobierno que desde julio pasado asumió la conducción de la empresa al ser elegido por la Junta General de Accionistas.
En mayo, el juez José Bravo Soto, del Juzgado Mixto de Bongará, admitió la medida cautelar interpuesta por los representantes de la empresa Alimenta Perú, ordenando la instalación de una administración judicial que – según el propósito del magistrado – permitiese el pago de una deuda de 19 mil bolsas de azúcar a favor de la supuesta acreedora, designando inicialmente a Daniel Rioja y a Manuel Miranda como[E1] administradores.
“Se trata de una instalación ilegal porque el origen del mandato es írrito y temporal, y estamos absolutamente convencidos que esa resolución será revocada en el más corto plazo. Hemos interpuesto el recurso impugnativo en su momento y esperamos que la instancia superior revoque esa resolución espuria de Bongará, dictada por un juez que además es incompetente por el territorio, que nada tiene que hacer en la jurisdicción de Chiclayo, que se ha pronunciado sobre la base de una deuda inexistente porque ya está cancelada”, afirma José Isla Montaño, secretario del desaforado V Directorio de la azucarera.
CAMBIO DE DECISIÓN
Isla Montaño recuerda que en julio pasado el juez Bravo Soto dejó sin efecto la administración judicial que semanas antes había ordenado en Tumán, al evaluar el recurso de oposición presentado por la empresa, entonces dirigida por la facción que representa al Grupo Oviedo. Sin embargo, a inicios de septiembre el magistrado emitió una nueva resolución designando a Daniel Rioja y a Martín Martínez como administradores.
“Lamentamos que en esto estén inmersas algunas autoridades de la región que de una u otra forma han puesto, entre comillas, sus buenos oficios para conseguir esta instalación ilegal. Eso será materia de investigación, nosotros ya hemos interpuesto las denuncias respectivas y como es política del Grupo Oviedo vamos a actuar de acuerdo a Ley. Hemos interpuesto el recurso impugnativo de apelación, estamos seguros que la resolución será revocada y en el más breve plazo vamos a retornar al control de la empresa Tumán, porque estamos del lado de la ley. Siempre hemos actuado bajo las normas vigentes y sin violencia”, asevera.
El abogado enfatiza que los representantes del Grupo Oviedo no han desencadenado actos de violencia en el distrito, como sí ocurrió con la parte contraria a la presencia del V Directorio, lo que motivó al gobierno nacional a declarar el Estado de Emergencia en Tumán desde junio pasado, medida que se prolongará hasta el próximo 9 de noviembre.
“El Estado de Emergencia lo generó el juez de Bongará y la gente que está ahora instalada ilegalmente. Nosotros siempre hemos actuado de manera pacífica, hemos cumplido con los trabajadores que decidieron asistir a su centro de labores y hemos actuado durante este tiempo de manera transparente y pacífica, respetando el orden interno. Nosotros no hemos generado disturbios, no hemos alterado el orden interno, hemos respetado los mandatos judiciales vengan de donde provengan y si nos hemos opuesto ha sido por los canales legales válidos, porque tenemos derecho a la doble instancia. Nosotros representamos a accionistas, no a acreedores de la empresa”, señala.
DEUDAS FANTASMA
José Isla insiste en que la deuda que sustenta la presencia de Rioja Sánchez y Martínez Valdiviezo en la empresa es inexistente y denuncia que se han cometido otras acciones irregulares para mantenerse en el control de la azucarera.
“Han generado pagarés en Sechura, letras de cambio en Nueva Cajamarca y letras de cambio en Lurín, y de esa forma, confeccionando deudas inexistentes e ilegales pretenden seguir comprometiendo los recursos de la empresa. No nos preocupa su presencia temporal, porque serán removidos, lo que nos preocupa es que seguirán generando deudas inexistentes en perjuicio de los trabajadores y los accionistas. Desde ya, hay dos trabajadores de Servicentro que han sido golpeados de manera salvaje y de ello responsabilizamos a quienes se han instalado ilegalmente en la empresa”, señala.
La presunta deuda contraída por la empresa en Sechura asciende a cuatro millones de soles, en Nueva Cajamarca a dos millones, en Lurín cuatro millones y en Bongará cuatro millones de soles.
Los trabajadores que fueron agredidos son Jimmy Taboada Mechán y Fortunato Chamaya, este último accionista de la empresa.
“En los meses pasados operó el caos, la violencia y la amenaza y eso es lo que pretenden algunas autoridades locales. Lamentablemente, eso es lo que quieren, que volvamos a la anarquía, al caos, al saqueo, porque lo que han hecho es crear deudas fantasmas y lo van a seguir haciendo. Es una administración financiada y lamentablemente apoyada por autoridades locales. Hay personas que están avalando actos delincuenciales”, manifiesta el abogado.
DESPIDO DE TRABAJADORES
Por su parte, representantes de los trabajadores denuncian que una de las primeras medidas adoptadas por la nueva administración en la azucarera es la ejecución de despidos masivos, vulnerando los derechos laborales de quienes no acataron el llamado a la desobediencia civil que pusieron en práctica los grupos de apoyo de Daniel Rioja y Martín Martínez.
“La administración instalada el día viernes ha despedido a más de mil trabajadores. Es más, esa administración no tienen sentido, porque es por una deuda pagada y eso se puede demostrar. De tal manera que no entendemos por qué se ha tenido que instalar una administración judicial con resoluciones de otra jurisdicción”, asevera Demetrio Ruiz Ríos, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán.
Ruiz Ríos señala que el grueso de trabajadores de la empresa está en contra de las presencia de la administración judicial, toda vez que la agroindustrial había retornado a su ordenamiento interno con la presencia del V Directorio elegido en Asamblea General de Accionistas, conforme ordenó la jueza Karina Fabián Palomino del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo.
“Vamos a persistir en nuestras medidas de protesta no solo hasta que se reinstale el V Directorio, sino hasta extirpar de manera definitiva esa administración judicial corrupta e ilegal que se ha instalado con una resolución de otra jurisdicción. Están promoviendo argumentos falsos, dicen que la fábrica la han encontrado desmantelada e inoperativa, pero no es así. La empresa ha estado produciendo, fueron ellos quienes dejaron desmantelado el ingenio y desde abril a la fecha, cuando los accionistas recuperaron la empresa se han venido corrigiendo todas las irregularidades que Daniel Rioja y compañía habían cometido”, menciona el dirigente.
Finalmente, el secretario general del sindicato resalta que en los últimos dos años la agroindustrial ha estado en mano de diferentes administraciones que no han sabido cautelar los recursos y el patrimonio empresarial.
“Empezaron con Marcelino Llontop, luego con César Sandoval y ahora retorna Daniel Rioja, gente que durante dos años se han dedicado a destruir la empresa. Estos se están apoderando de la fábrica que está operativa y produciendo y prueba de ello es que con el V Directorio se ha estado pagando los sueldos de los trabajadores y las obligaciones que esta tiene”, manifiesta.
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VICENTE CASTILLO NICOLÁS
“Lo que está pasando en Tumán es un atropello del Poder Judicial. Se ha despedido a mil trabajadores y eso no se da en ningún lado, todo porque se respaldan en una orden judicial que ya ha estado cancelada y eso lo ha sabido el presidente de la Corte de Lambayeque, Aldo Zapata López. El error más grande que ha cometido el presidente de la Corte es avalar estos hechos, sabiendo que esos señores dejaron a la empresa quebrada”.
SEGUNDO MEDINA CAYOTOPA
“Las resoluciones de Bongará no tienen validez porque no pertenece a nuestra jurisdicción, la jueza Karina Fabián Palomino ya había resuelto la controversia de Tumán, se convocó a Junta General de Accionistas y se nombró al V Directorio, no tenía entonces razón de ser una medida de este tipo. Nosotros denunciamos a las autoridades que están avalando la presencia de esa administración ilegal y abusiva que ha despedido a nuestros hermanos trabajadores”.
NÉSTOR QUISPE GONZALES
“La actitud que ha tomado la nueva administración es totalmente descabellada. Hemos sido impedidos de ingresar a nuestro centro de laborales, yo tengo 44 años de servicios y el sábado al constituirme a la empresa simplemente ya no me dejaron entrar. Por esta razón hemos presentado la denuncia correspondiente ante la policía y ante la zona de trabajo. Nosotros no entendemos por qué tienen que tomar represalias contra los trabajadores”.
JUAN PAREDES CHANAMÉ
“Queremos que nos dejen trabajar. El viernes nos sacaron, no nos dejaron entrar y nos dijeron que recién esta semana debíamos ir. Yo soy envasador de azúcar y puedo dar fe que hemos dejado el día viernes mil 593 bolsas de azúcar, material en la tolva I y II, hemos dejado material en las centrífugas, melaza, alcohol y bagazo. Es mentira lo que ellos dicen que no hemos dejado nada, porque la fábrica ha estado funcionando sin problemas”.
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