Luego de reunirse con los representantes de la sociedad civil e instituciones técnicas y académicas del departamento, el viernes último el Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, ofreció una prolongada conferencia de prensa en la que remarcó lo que había anunciado días atrás: que la entidad pondrá en marcha un sistema de control concurrente que permita diagnosticar vicios e irregularidades en la licitación y ejecución de las obras de la reconstrucción en las ciudades afectadas por El Niño Costero. Sin embargo, el mecanismo, que califica de único en América Latina, será desarrollado principalmente por la ciudadanía, debido a que – afirmó – la Contraloría no se da abasto y no considera rentable revisar cada uno de los procesos.
La visita de Shack Yalta y su comitiva se dio con el objetivo de supervisar el despliegue del control concurrente en la reconstrucción, que tiene dos grandes etapas: la prevención y la reconstrucción propiamente dicha.
Para el caso de Lambayeque, el gobierno nacional ha aprobado, a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, tres mil 115 millones de soles, de los cuales mil millones se destinarán a la prevención, principalmente a la descolmatación de ríos en los cinco valles del departamento.
“El modelo de reconstrucción con cambios es quizá una de las principales transformaciones que está sufriendo el modelo de control gubernamental en el Perú. La Contraloría ha diseñado y viene desplegando un nuevo modelo de control, que ya no es el posterior, que identifica a responsables y trata de sancionar, ya sea en la vía administrativa funcional o encausar hacia la vía judicial, en caso se identifiquen responsabilidades de naturaleza penal o civil. Con este modelo de control la lógica no solo es luchar contra la corrupción a partir de sanción de la misma, sino de prevenir que eso ocurra. Es decir, el foco de atención está en el despliegue de un acompañamiento. La Contraloría acompaña y asesora al ejecutor en cada una de las etapas del proceso, desde que empieza hasta que termina”, explicó.
INFORMES POR HITOS
El modelo consiste en la elaboración de informes en tiempo récord que revelen hechos irregulares o los riesgos que se puedan generar por el incumplimiento normativo, idoneidad y transparencia, “dándole tiempo al ejecutor (ministerio, programa, región o municipio), para que corrija qué es lo que está haciendo mal”.
“Es un control concurrente por hitos, mapeamos los riesgos de toda la obra, por cada una de sus tipologías, y establecemos hitos de control y en cada hito se genera un informe, que no solamente es hecho por un auditor, sino por un equipo de profesionales de múltiples disciplinas, que permiten caracterizar mejor el objeto de control sobre el cual se va a hacer la intervención. Por ejemplo, si estamos hablando de una descolmatación no solamente va a ir un auditor, irá un especialista en contrataciones, un ingeniero hidráulico, etc. Hay muchas diferencias con un informe típico de control que está hecho generalmente por auditores – contadores”, manifestó, añadiendo que los informes se elaborarán en un plazo máximo de siete días.
EL EJECUTOR
Mencionó que en Piura y La Libertad ya se han implementado las recomendaciones generadas a partir de los informes del control concurrente, frenando los procesos de licitación de las primeras obras en el marco de la reconstrucción. “Este modelo evita, previene, que se concrete la inconducta funcional y la corrupción, y entonces nuestro rol de asesor es más valorado, no solamente por su efectividad, sino porque también ayudamos al gestor a que haga las cosas bien”, aseveró.
Remarcó que el modelo exige altas competencias del ejecutor (la entidad que contrata), porque al ingresar los equipos especializados será fácil determinar si existen o no irregularidades.
“Si el ejecutor no ha tomado las previsiones, el modelo detectará las faltas y lo obligará a retrotraer los procesos, con los costos y demoras que esto suponga. En la práctica, el modelo ayudará a evitar la inconducta funcional y la corrupción. Para que las obras se hagan con celeridad los ejecutores tendrán que garantizar idoneidad y capacidad”, dijo.
LAS VEEDURÍAS
Nelson Shack reconoció que el control concurrente es un modelo caro, porque se caracteriza precisamente por la formulación de informes en cada etapa de los procesos de la reconstrucción y esta es la razón por la que la Contraloría ha fijado su aplicación únicamente a mil 536 de las más de nueve mil 900 obras que se realizarán en los departamentos afectados por El Niño Costero.
“No lo podemos implementar en la construcción de una vereda, porque el modelo de control saldrá tan caro como la vereda. Entonces no es costo efectivo para pequeñas obras. El modelo de control por hitos se aplicará solo a un promedio de mil 500 obras. En el resto vamos a aplicar sustancialmente un modelo de participación ciudadana y veedores sociales que ayuden al sistema de control a ver lo que está pasando con las obras más pequeñas”, explicó.
Según afirmó el contralor, para las veedurías ciudadanas se están suscribiendo convenios con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de alcance nacional como la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, Transparencia, Pro Ética y otras, así como con universidades, cámaras de comercio y colegios profesionales.
“Se trata de voluntarios ciudadanos, los cuales van a ser seleccionados, capacitados, evaluados y acreditados por el sistema de control, e incluso les vamos a dar la facilidad para que a través de un aplicativo móvil puedan enlazarse con los sistemas de información interna que tiene la Contraloría General de la República. Cada uno de estos ciudadanos, muchos de ellos universitarios de los últimos años, tendrán acceso a toda la información disponible en el sistema de control para determinada obra y de esa manera nos podrán ayudar en el control concurrente de la reconstrucción. Serán una especie de auditores junior, trabajarán en el esfuerzo de controlar las obras en la localidad donde viven”, manifestó.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Nelson Shack indicó también que a efectos de tener un panorama claro de cómo se desarrolla el proceso de reconstrucción, la Contraloría General de la República desarrollará dos operativos anuales a partir del 2018, uno a fines del primer trimestre (abril) y el otro al concluir el ejercicio fiscal (diciembre).
En paralelo, comentó que la institución presentará al Congreso de la República una iniciativa legislativa que le permita emprender un proceso de reorganización institucional en un plazo máximo de 120 días, a fin de potencializar su estructura interna y ampliar la contratación de técnicos y especialistas que complementen el trabajo de los auditores.
Según refirió, hasta diciembre de este año la Contraloría deberá contratar a 200 nuevos auditores y a igual número de especialistas, en tanto hasta abril del 2018 deberá haber incorporado a 200 auditores más y a un total de 400 nuevos especialistas.
Señaló que la contratación de más personal es un asunto que requiere de atención urgente, como es el caso de la Oficina Regional de Control de Lambayeque, que necesita de seis ingenieros sanitarios, la implementación de una procuraduría descentralizada y más personal en el área de comunicaciones.
Actualmente la Contraloría en Lambayeque está integrada por 60 colaboradores. En lo que va del 2017, la entidad ha concluido cinco auditorías, referidas estas a la obra de agua y alcantarillado del distrito de San José, a la obra de los emisores principales de Chiclayo, al sistema informático del Hospital Regional de Lambayeque, a la ejecución de pistas y veredas en el distrito de Pomalca y al área de Rentas de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.
Otras seis auditorías están pendiente de informe final.
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