El 21 de octubre se vence el mandato de prisión preventiva por lavado de activos y el Ministerio Público aún no formaliza la acusación en su contra.
El despacho que dirige el fiscal Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, que investiga a dedicación exclusiva el caso “Limpios de las corrupción” recibió su primer fallo judicial en contra, luego que el juez del Octavo Juzgado Unipersonal, José Rojas Cubas, anunciara, en adelanto de audiencia, la absolución del exgerente de Urbanismo del municipio provincial, Jorge Incháustegui Samamé, acusado por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, por la comisión de supuestas irregularidades en la emisión de licencias de construcción.
La decisión del magistrado del Poder Judicial pone en aprietos al Ministerio Público, debido a que sobre Incháustegui Samamé pesan dos imputaciones: la de asociación ilícita, de la que se le ha declarado inocente, y la de lavado de activos, sobre la cual hasta el momento la fiscalía no ha formalizado la acusación y por la que el exfuncionario se mantiene bajo mandato de prisión preventiva, la misma que se vence el próximo 21 de octubre.
Quiere decir – según explica el abogado José Delgado Fuentes, defensor legal de Incháustegui Samamé – que es muy probable que en dos semanas este abandone el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo y afronte en libertad la investigación que aún mantiene pendiente el Ministerio Público.
El 30 de septiembre del 2014, a solicitud de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, ordenó la captura del exalcalde de la ciudad Roberto Torres Gonzales, familiares, funcionarios y sus más cercanos colaboradores, sobre los cuales se había iniciado una investigación por ilícitos cometidos en perjuicio del municipio, EPSEL, el ex SATCH y la Sociedad de Beneficencia.
Entre los investigados se encontraba Jorge Incháustegui Samamé, quien se puso a disposición de la justicia en enero del 2015 y fue inicialmente enviado al expenal de Picsi bajo prisión preventiva por 18 meses, medida coercitiva que se ha prolongado en dos oportunidades y se mantiene hasta el momento.
PRIMER PASO
“Nosotros no tomamos esto como un triunfo, sino como un primer paso para acreditar la inocencia de mi cliente. Jorge Incháustegui se encuentra internado en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo esperando que en un procedimiento justo, en un juicio justo, se determine su responsabilidad o no conforme a lo que se le imputa. Consideramos nosotros que las imputaciones que se le han efectuado son inconsistentes”, señala el abogado.
Delgado Fuentes menciona que al exfuncionario se le imputa la responsabilidad de haber autorizado la construcción de edificios de más de cinco niveles en la ciudad, lo que según la tesis del Ministerio Público resulta ilegal.
“Basta mirar el edificio de la propia fiscalía, que tiene seis pisos más azotea y sótano, y eso no implica que el Ministerio Público haya hecho algo ilegal porque sí está permitido. El Reglamento Nacional de Edificaciones señala que la altura de un edificio se determina multiplicando 1.5 el ancho de la vía, lo que además está contemplado en una Ordenanza Municipal de 1999 que modificó el Plan Director de 1992. Entonces se trata de legislación que los trabajadores y funcionarios de planta del municipio conocen y manejan y es por eso que se dieron las autorizaciones conforme ha correspondido”, explica.
En el juicio contra Incháustegui Samamé la fiscalía presentó 25 testigos, los que – según indica el abogado – argumentaron ante el juez qué es un parámetro urbanístico y por qué era legal admitir edificaciones de más de cinco niveles.
EL TESTIGO PRINCIPAL
Refiere que durante el proceso judicial debió rebatirse las declaraciones de Javier Llorach Paredes, a quien se considera el testigo principal del caso en relación a las irregularidades en la emisión de licencias.
“Esta persona, que señala que no se puede construir más de cinco pisos en Chiclayo, lo que ha creído ciegamente el Ministerio Público, paradójicamente respondió en el interrogatorio que vivía en el sexto piso de un edificio y que además él mismo lo había construido, justo en el período en el que mi cliente era gerente de Urbanismo”, comenta.
Añade que entre Llorach Paredes e Incháustegui Samamé existe una enemistad manifiesta porque el exfuncionario le otorgó licencia para construir solo cinco niveles. Sin embargo, el empresario inmobiliario edificó dos niveles más, lo que motivó la paralización de la obra.
“Desafiando a la autoridad construyó ilegalmente más pisos y después pretendió que se le regularice, ante lo cual lo que hizo mi cliente fue paralizarle la obra y multarlo. Esto originó incluso que el señor Llorach deba indemnizar a la propietaria del terreno por incumplir el acuerdo inicial. Luego, esta persona obtuvo una licencia pero con autorización del alcalde, no de mi cliente. Por lo tanto, entre ambos sí hay una enemistad manifiesta”, afirma.
EL LAVADO DE ACTIVOS
Como se ha explicado, sobre Incháustegui Samamé existe aún la investigación por lavado de activos, por la cual existe el mandato de prisión preventiva que tiene vigencia hasta el 21 de octubre.
“La sentencia absolutoria por asociación ilícita para delinquir será leída el 12 de octubre y surte efectos desde ya. Si no existiera el caso de lavado de activos esto significaría que él debería quedar en libertad. Sin embargo, por estar pendiente la investigación debe esperarse a que la medida de prisión preventiva se venza y es muy probable que el juzgamiento de lavado de activos, si es que lo hay, sea en libertad. Este segundo caso está todavía en etapa de investigación preparatoria y no hay acusación de parte del Ministerio Público porque todavía no se tiene peritaje”, señala.
José Delgado precisa que su defendido ha recibido la noticia del adelanto de sentencia absolutoria de manera alentadora.
“A él solo se la han imputado los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y colusión, pero este último es un proceso que no está incluido en el caso Limpios de la corrupción”, indica.
A partir del 12 de octubre, cuando se dé lectura a la totalidad de la sentencia absolutoria, se conocerá si el Ministerio Público presentará o no el recurso de apelación, que podría demorar hasta dos meses en ser resuelto por la Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque. Por asociación ilícita, la fiscalía pidió contra Jorge Incháustegui cinco años de prisión.
“La imputación de lavado de activos se da por la adquisición de una oficina y este tema también ha sido tocado en el proceso de asociación ilícita, cuando se dice que comprar bienes habría sido una de sus funciones dentro de la organización. En el juicio se ha acreditado que mi cliente no ha tenido ninguna vinculación con la supuesta organización criminal, a él se le imputan hechos particulares y específicos referidos a las licencias, caso en el cual no tiene nada que ver otro funcionario ni el exalcalde Roberto Torres”, precisa el abogado.
Inicialmente el Ministerio Público sostenía la tesis que parte del presunto desbalance patrimonial de Incháustegui Samamé, asociado al lavado de activos, se puso en evidencia con viajes al exterior y otra serie de gastos que no podía sustentar. Sin embargo, estas imputaciones fueron dejadas de lado al no existir consistencia en la investigación fiscal.
COMPLEJIDAD DEL CASO LIMPIOS
“Mi opinión es que el caso se le ha ido de las manos al Ministerio Público, se ha tornado demasiado complejo y esto lo hace poco llevadero. Es poco llevadero cuando se tiene a más de 100 o 200 imputados, cuando se siguen ampliando formalizaciones. Lo correcto aquí es que todas estas ampliaciones debieron haberse manejado como casos independientes. ¿Por qué? Porque se está haciendo que todas las ampliaciones y formalizaciones de investigación preparatoria tengan que cargarlas quienes están dentro del establecimiento penitenciario y eso sí no es justo. Lo justo es que se les juzgue por casos sobre los cuales se acredite su participación”, señala el abogado.
Delgado Fuentes dice confiar en que el exfuncionario municipal también saldrá librado de la acusación por lavado de activos, aun cuando hasta el momento el Ministerio Público no ha formulado el procedimiento ante el Poder Judicial.
“No hay hasta ahora peritaje en la investigación de lavado de activos y eso es lo más perjudicial para la tesis de la fiscalía, porque a tres años de iniciado el caso no tiene el informe económico, contable o financiero que pueda concluir que hay desbalance entre los bienes e ingresos de mi cliente. Tenemos un peritaje de parte, elaborado por un especialista adscrito al Registro de Peritos, en el cual se ahonda al detalle los ingresos y egresos de mi cliente, quien no solo ha sido funcionario público por más de 19 años, sino que también era profesor en dos universidades y ejercía la actividad privada”, concluye.
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