* Se advierten transgresiones a los principios de presunción de inocencia, plazo razonable y garantía de un proceso idóneo, eficaz y justo.
El 30 de septiembre del 2014, la policía y la fiscalía aparentemente desbarataron la más grande organización criminal denominada "Los limpios de la corrupción", que comprometía a autoridades ediles, miembros del Tribunal Constitucional y del Jurado Nacional de Elecciones, policías, fiscales, jueces, abogados, periodistas, empresarios, funcionarios y sus familiares, todos coludidos para desfalcar los fondos públicos y enquistarse en el poder.
En el mega operativo, donde participaron 23 fiscales del Distrito Judicial de Lambayeque bajo la dirección de Sergio Zapata Orozco, fueron capturadas 11 de las 24 personas, a quienes se les dictó prisión preventiva, incautándoseles bienes, muebles y vehículos valorizados en cinco millones de soles.
De acuerdo al supuesto servicio de inteligencia, la red criminal era dirigida por el entonces alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, con la complicidad del abogado Martín Villanueva Velezmoro, sindicado por la policía como “el cerebro" de la organización.
La prisión preventiva por los delitos de asociación y lavado de activos se dictaminó a solo cinco días de las elecciones municipales y a pocas horas del mitín de cierre de campaña de Roberto Torres, quien tentaba su segunda reelección como líder del Movimiento de las Manos Limpias. Muchos especularon, que a pesar de los cuestionamiento a su gestión, las encuestas avizoraban un nuevo triunfo, cobrando fuerza la idea que el operativo fue dirigido para truncar sus aspiraciones políticas.
A tres años de iniciada la mega investigación de "Los limpios de la corrupción", mucha tinta y papel se ha gastado en los predios judiciales en la emisión de miles de providencias, disposiciones, notificaciones, oficios, testimoniales, actas, resoluciones, etc., advirtiéndose una grave demora procesal cargada a las 15 personas privadas de su libertad que cumplen prisión preventiva en el penal de Chiclayo.
A lo largo de este período se han incorporado un promedio de 150 imputados (solo 15 de ellos en prisión) con nuevos delitos por corrupción de funcionarios – colusión agravada, concusión, peculado, cohecho pasivo propio, cohecho pasivo impropio, negociación incompatible, tráfico de influencias y otros en agravio del Estado – Municipalidad Provincial de Chiclayo, Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento - EPSEL y Servicio de Administración Tributaria - SATCH.
Frente a la necesidad de evitar que los 15 privados de su libertad salgan de prisión se han desacumulado 16 procesos en los que están involucradas 28 personas entre ex funcionarios y empresarios.
A decir de los abogados de la defensa, el peso de la investigación ha recaido sobre los investigados privados de su libertad: el ex alcalde Roberto Torres Gonzales, su conviviente Katiuska del Castillo Muro y su madre Norma Muro del Castillo; los exfuncionarios de la comuna César Regalado Rodríguez, Ciro Chávez Martos, Misael Delgado Mendoza, Javier Valencia Gutierrez, Jorge Incháustegui Samamé y Carlos Santa Cruz Alarcón; los exfuncionarios de EPSEL, Martín Villanueva Velezmoro, Juan Valdivia Goycochea y José Baca Távara; el excandidado José Mires Rimarachín y el policía Joel Ugaz.
Contra ellos, en diferentes estadios, se dictaminó prisión preventiva (18 meses), ampliación (15 meses) y adecuación a la prisión preventiva (seis meses), este último plazo cuestinado por cuanto la ley no establece un período adicional, habiéndose forzado una reciente norma aun cuando estas no son retroactivas.
LOS COLABORADORES
Durante el proceso se ha cuestionado el trato "preferencial" para los colaboradores eficaces, quienes pese a los graves delitos aceptados distraerían la labor fiscal con información falsa, ocultando bienes y luego ante las evidencias rectificándose sin mayores consecuencias para seguir gozando de libertad, incluso pese a que su responsabilidad por el cargo que ejercían era -en algunos casos- mayor de los exfuncionarios encarcelados.
Uno de los colaboradores sorprendió a los fiscales indicando que Katiuskha del Castillo poseeía una vivienda en la calle César Vallejo Nº 180 en la urbanización Humberto Cabrejos Falla, inmueble que con su sola versión fue incautado y luego devuelto a la legítima dueña que reclamó el predio como suyo.
En otro momento este mismo colaborador eficaz signado con el código 22-2015, ante la devolución de un vehículo de su propiedad colocado a nombre de una amiga, quien se presentó a la fiscalía para aportar en la investigación, sorprendió al Ministerio Público constituyéndose voluntariamente horas más tarde para brindar mayor información y, entre otras cosas, hacer suya la entrega de la lujosa unidad que ocultó convenientemente en sus primeras declaraciones.
La juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Grandez Rojas, ha advertido en varias oportunidades que las penas solicitadas por el Ministerio Público para los colaboradores eficaces son benevolentes y no están acorde con los delitos cometidos, ni con las responsabilidades en la gestión edil. Igual proceder ha tenido con algunas terminaciones anticipadas, como es el caso del ex sub gerente de Logística de la MPCH, Segundo Deodato Alcántará, para quien solo se solicitaba tres años de prisión suspendida en su ejecución. La jueza rachazó el pedido del acusado pese al aval del Ministerio Público.
PLAZO RAZONABLE
En junio de este año, en la etapa de adecuación de plazos, la jueza Cecilia Grandez emitió fallos contradictorios, al declarar fundada las adecuaciones a pesar que muchos pedidos no tenían razón de ser porque los plazos habían vencido.
Después de haber dado inicialmente la razón a la defensa en plena audiencia se desdijo declarando procedente la adecuación de plazos. Con ello, a los 18 meses de prisión preventiva iniciales, más 15 de la ampliación, se adicionó seis más por adecuación de plazos.
En aquella ocasión Grandez Rojas cuestionó el retraso y la “falta de profesionalismo” del Ministerio Público para presentar requerimientos acusatorios y de adecuación contra “Los limpios”, no obstante, el Ministerio Público justificó las falencias puntualizando que es un caso de “especial complejidad”.
Como en las audiencias de ampliación de la prisión preventiva, los abogados de la defensa cuestionaron el copia y pega, con actuaciones pendientes de realizar cargando al imputado privado de su libertad la inoperancia de la Fiscalía.
"Pareciera que la única consigna a lo largo de estos tres años ha sido evitar que los miembros de la presunta organización criminal ‘Los limpios de la corrupción’ salgan del penal de Chiclayo", indicaron.
El fiscal alegó “peligrosismo procesal” diciendo que Torres Gonzales y sus exfuncionarios podrían sustraerse de la justicia, sin embargo los abogados cuestionaron al fiscal por constantemente atropellar el debido proceso.
EL CUESTIONAMIENTO DEL CNM
El fiscal coodinador del caso emblemático "Los limpios de la corrupción", Sergio Zapata Orozco, ha sido cuestionado en otros fueros. En la entrevista de ratificación ante el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, se criticó su accionar en este y otros casos judiciales.
Si bien fue ratificado, la decisión del pleno fue dada a conocer tres meses después, en medio de gran expectativa y especulaciones.
El fiscal fue duramente cuestionado por el consejero Baltazar Morales Parraguez por el “mal uso de los mecanismos legales” durante el desarrollo de la carpeta “Los limpios”. El consejero sugirió que ese mal uso podría “violentar el plazo razonable” de una investigación.
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De otro lado, la mención del caso Percy Quesquén y el cobro de coimas a una empresa de transportes pusieron en verdaderos aprietos al representante del Ministerio Público.
Los 51 minutos que duró la entrevista de Zapata Orozco fueron bastante accidentados iniciándose con una llamado de atención por llegar tarde a la audiencia.
El consejero Iván Noguera Ramos cuestionó a Sergio Zapata por presuntamente no haber actuado de manera diligente frente a una denuncia contra el ex jefe del Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SACTH, Percy Quesquén Díaz.
Ante los cuestionamientos del CNM, Zapata Orozco respondió que su despacho no halló indicios de que el beneficiario del acto extorsivo haya sido directamente Quesquén Díaz, por lo que decidió el archivamiento de la denuncia.
NINGUN JUEZ NI FISCAL INVESTIGADO
A 60 meses del megaoperativo, tampoco se conoce investigación contra los fiscales que, según un informe policial, también estarían involucrados en la mafia que habría liderado el exalcalde Roberto Torres Gonzales.
La investigación contra “Los limpios” fue motivada por el informe de inteligencia de la Policía Nº 120-2014, en el que se determinó que esta organización criminal tenía “una mafia que estaría enquistada en el Ministerio Público para proteger a Roberto Torres de todas las denuncias que se formularon en su contra”.
Tampoco han sido inmersos jueces, miembros del Tribunal Constitucional y Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Solo el suboficial de la policía Joel Ugaz ha sido incrimado. La gran interrogante es si siendo una red criminal con una mafia enquistada en las instituciones tutelares cómo es que solo actuó un policía, de forma solitaria e independente. Este es un cabo suelto que no ha sido atado hasta la fecha.
PRIMERAS CONDENAS
Con las desacumulaciones de procesos individuales del expediente principal, en julio del presente año se logró dictar la primera condena en este emblemático caso. El Segundo Juzgado Unipersonal condenó a la exproveedora edil Ruth Natividad Zúñiga López a tres años cinco meses de pena privativa de la libertad efectiva.
Igualmente Torres Gonzales por este mismo caso fue condenado a cuatro años de pena efectiva, similar pena recibió la exsubgerente de Logística, Mercedes Janina Ramos Suyón.
En tanto, por otro caso desacumulado el exgerente de EPSEL, José Baca Távara, recibió una sanción de 11 años de prisión por los delitos de colusión agravada y cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
Mientras continúan otros juicios desacumulados, la investigación consignada en la carpeta principal N° 2447-2014, donde se sustentan los delitos de lavado de activos y asociación, que abarca a 150 imputados, vence en junio del 2018. Pese a los reiterados anuncios aún no se cuenta con pericia contable para sustentar el principal delito de lavado de activos que motivó el encarcelamiento de los exfuncionarios.
A tres años de la investigación, la defensa de los 15 encarcelados cuestionan que la carga de todo el proceso recaiga sobre ellos, en tanto se da trato preferencial a otros ex funcionarios que se han acogido a la colaboración eficaz, y a otros que pese a la gravedad de sus actuaciones como funcionarios públicos solo tienen comparescencia restringida.
La justicia ha ejercido todo su rigor contra los encarcelados y ha mostrado su lado más frágil con los imputados libres, advirtiéndose excesos y transgresiones a la presunción de inocencia, plazo razonable y garantía de un proceso idóneo, eficaz y justo.
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