El último 7 de septiembre, ante el juez del Octavo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, José Rojas Cubas, en la audiencia de juzgamiento al ex gerente de Urbanismo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Jorge Incháustegui Samamé, realizada en el penal de Picsi, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir, el ahora asambleísta nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, en representación de la orden de Lambayeque, Javier Llorach Paredes, fue presentado en calidad de testigo y durante el interrogatorio terminó reconociendo que como constructor incumplió la norma al edificar sin licencia de construcción el edificio donde actualmente vive.
Luego que el 30 de septiembre del 2014 se emitiera la orden de captura contra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, sus funcionarios, familiares y más cercanos colaboradores, en el marco de la investigación a la presunta organización criminal “Los limpios de la corrupción”, Llorach Paredes ofreció declaraciones al semanario “Hildebrandt en sus trece”, donde dio detalles de las supuestas irregularidades que se habían cometido en la Gerencia de Urbanismo de la comuna provincial cuando Jorge Incháustegui Samamé se desempeñaba como titular.
El arquitecto mencionó el caso del edificio Cellerini, propiedad de Jorge Vértiz Cellerinni, el cual – dijo – se había construido sin respetar la norma técnica vigente, que para ese entonces era el Plan Director de 1992, argumentando que solo se podían construir edificaciones con un máximo de cinco pisos en la zona.
Por estas declaraciones, Llorach Paredes fue llamado a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, que investiga el caso “Limpios de la corrupción” para profundizar en su información, dando como consecuencia que sea convocado en condición de testigo en el juicio iniciado a Incháustegui Samamé, quien se encuentra bajo mandato de prisión preventiva en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Picsi, por el presunto delito de asociación ilícita para delinquir.
LAS IRREGULARIDADES
El jueves 7 de septiembre, durante la audiencia, Javier Llorach declaró ante la representante del Ministerio Público, Isabel Díaz Bravo, que cuando fue llamado por la fiscalía llevó documentos con los que “acreditaba que había situaciones irregulares” en la emisión de permisos para construcción dados por la Gerencia de Urbanismo durante la administración de Torres Gonzales.
“Lo que hizo la municipalidad fue empezar a dar parámetros irregulares porque estaban fuera de la norma, dando mayores alturas, estacionamiento dependiendo del criterio. En algunos casos por cada tres departamentos un vehículo, en otros casos más, el área libre cambiaba. Eso originaba la sensación de que no se estaban dando las cosas de manera correcta”, aseveró el arquitecto.
Llorach Paredes citó el caso de una edificación en la calle Los Sauces, de la Urbanización Santa Victoria, a la cual la comuna había otorgado parámetros para construir siete pisos, mientras que a un proyecto que él había gestionado solo le habían dado autorización para tres niveles. Dichas certificaciones – indicó – fueron firmadas por los arquitectos Jenny Guado y Jorge Incháustegui.
El testigo insistió en que a su entender lo autorizado por el municipio cuando Incháustegui Samamé era gerente de Urbanismo no legal, porque el coeficiente de edificación en la zona era máximo de cinco niveles. Sin embargo, cuando dio sus generales de ley e indicó su domicilio reveló que vivía en el sexto piso de un edificio ubicado precisamente en la calle los Sauces de Santa Victoria, el mismo que había sido levantado por su empresa JEL SAC Arquitectos.
LA CONFESIÓN
Ante este hecho, el abogado defensor de Incháustegui Samamé, José Delgado Fuentes, le preguntó a Javier Llorach cómo era posible que viviera en el sexto piso de un edificio ubicado en una zona donde minutos antes había afirmado que solo se podía construir hasta cinco niveles.
En respuesta a la interrogante, el ahora directivo del Colegio de Arquitectos del Perú confesó que su empresa había construido un total de siete niveles y que la edificación fue regularizada con posterioridad ante la municipalidad de Chiclayo.
“No hubo voluntad de la municipalidad en tratar de ser equitativos con lo que se estaba dando en la zona donde yo vivo”, dijo el testigo, quien reconoció que ejecutó la ampliación del edificio en dos niveles más sin tener la licencia de construcción correspondiente.
Por este hecho – agregó – en el 2009 la Gerencia de Urbanismo, entonces a cargo de Jorge Incháustegui Samamé, dispuso la paralización de la obra e impuso una sanción económica a la empresa de Llorach Paredes, quien además tuvo que indemnizar – tal como lo confirmó en la audiencia – a los socios propietarios del área donde levantó el inmueble.
Cuando el abogado le preguntó al arquitecto cómo obtuvo la licencia para regularizar la construcción irregular, este respondió que la había conseguido a través del despacho de alcaldía.
“La propia municipalidad me da una licencia. Me dieron una licencia expedida por el área legal de alcaldía. (…) Yo tenía una licencia de cinco pisos y en la ampliación, sin licencia, se regularizó ante la municipalidad”, afirmó.
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