Acto de enjuiciamiento lo comparte con siete ex funcionarios de su confianza y el proveedor de servicios Walter Arturo Gonzáles Segura. Acusación se fundamenta en entrega de buena pro a una sola persona y pago total de una obra sin que haya sido culminada

Con la “campaña electoral en las manos”, a la alcaldía de Pimentel, se podría quedar el ex alcalde  del distrito de Pimentel, Roberto Jacinto Purizaca, si es que en juicio oral los representantes del Ministerio Público logran probar que junto a un grupo de ex funcionarios de su confianza, cometió delito en agravio del Estado durante su gestión municipal en los años 2007-2010.

Para la ex autoridad municipal se ha pedido una pena sumatoria de 13 años de cárcel, de los cuales 7 años son por Colusión y 6 años por Peculado. Junto a él también son procesados los ex funcionarios María Magdalena Beltrán Zuloeta, José Luis Peña Camino, Jesús Galán Ramírez, Juliana Cabrejos Dávila, Víctor Hugo Figueroa Mundaca, Segundo Alberto Escobar Rujel y Antonio Augusto Larrea Quiroz.

La audiencia de inicio de juicio oral, desarrollada el último lunes en una de las salas del tercer piso de la sede principal del Poder Judicial, también se le ha solicitado el pago de una reparación civil de 20 mil soles, que en caso ser condenados, los procesados deberán cancelar en forma solidaria a favor de la agraviada, en este caso la Municipalidad Distrital de Pimentel y el Estado.

Conforme se detalla en el expediente judicial N° 05930-2012-56-1706-JR-PE-5, a cargo del juez del Sétimo Juzgado de Juzgamiento, Pedro Delgado Ramírez, tras varios meses de investigación los representantes del Ministerio Público advierten la existencia de suficientes elementos de convicción que permitirían acreditar que los presuntos actos ilícitos se cometieron con pleno conocimiento de los imputados.

LOS ACTUADOS

Tal y como consta en el expediente judicial, la denuncia se hizo el 24 de enero del año 2011, y tras un año de investigación, el 27 de febrero del 2012, el Procurador Público Municipal de Pimentel, Emilio David Cuadra Alemán, formuló denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exalcalde Roberto Jacinto Purizaca y sus ex funcionarios más cercanos por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, colusión y peculado, en agravio de la comuna.

En la denuncia se sustenta que la administración municipal de Pimentel, representada en ese momento por la gerente municipal María Beltrán Zuloeta, suscribió un Contrato de Locación de Servicios con Walter Arturo Gonzáles Segura por mano de obra de la construcción de un puente de concreto armado en el sector rural “El Higo – Ipanaqué”.

Dicha obra tendría un costo de 10 mil 500 soles, y con una duración de 25 días, y el pago se haría con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano, previa valorización emitida por el residente de obra, Luis Alberto López Aguilar, quien emitió la carta N° 0020-2010 /Residente-obra-puente “El Higo”, con la valorización proyectada al 31 de diciembre del 2010, la cual ascendía a la suma de 4 mil 372.49 soles.

Sin embargo, el 31 de diciembre el área de Logística, a cargo de Josué Jesús Galán Ramírez, elaboró la Orden de Servicios N° 9701 por el importe de 10 mil 500 soles; es decir, al contratista se le iba a pagar la totalidad del costo de la mano de obra sin que la haya culminado.

Este mismo documento llega al entonces gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, José Luis Peña Camino, quien la dirige al exalcalde César Roberto Jacinto Purizaca, quien ese mismo día emite el Informe N° 1851-2010-GDU/MDP, considerando procedente el pago de los 4 mil 372.89 por avance de mano de obra.

El documento fue derivado a la ahora exgerente municipal María Beltrán Zuloeta, que el mismo 29 de diciembre hace el proveído en el mismo documento, derivándolo al área al área de Logística para que se ejecute el pago.

Sin embargo,   el jefe de esta área, Josué Galán Ramírez, elabora la Orden de Servicio N° 9701 por el importe de 10 mil 500 soles, cuando el Informe N° 1851-2010 señalaba que a Walter Arturo Gonzáles Segura, se le debería hacer un pago de 4 mil 372.89 soles, lo cual corresponde al importe real por concepto de avance de obra.

ACTA DE COMPROMISO

Como el cheque de pago había sido emitido por el monto total de la ejecución de la obra y no por el monto de la valoración, con la presunta finalidad de subsanar el supuesto error, el 30 de diciembre del año 2010 se adjunta al expediente un acta de compromiso sin fecha, la que fue firmada por el contratista Walter Gonzáles Segura, la gerente edil María Beltrán Zuloeta y Josué Galán Ramírez, así como la firma del entonces gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Con ello, se terminó autorizando el giro del cheque, el cual fue firmado por la entonces tesorera Juliana Cabrejos Dávila, a nombre del proveedor Walter Gonzáles Segura, con el tenor de cancelar gastos de la mano de obra en la construcción de un puente de concreto armado, cuando este solamente tenía un 40 por ciento de avance.

A favor del contratista se giró el cheque N° 58762025, el cual fue firmado por la tesorera Yuliana Cabrejos Dávila, por el importe de 10 mil 500 soles, el cual era el pago total del dinero. Para su ejecución, se tomó como referente el expediente SIAF N° 05193, con comprobante de pago N° 22188.

De acuerdo a la apreciación del Ministerio Público, al cancelarse dicho monto, los ex funcionarios inobservaron lo establecido por el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 38°, que señala que para poder cumplir con el pago de obras se tiene que tener en cuenta su avance y valoración, y para que se cumpla con el pago del avance de obra, se tiene que tener un cuaderno en donde se  consigna la ejecución de obra y su avance, así como el monto a pagar de acuerdo al desarrollo o avance de los trabajos.

OTROS CASOS

De igual manera, el representante del Ministerio Público hizo público el informe N° 1140-2010-MDP/GSP, en donde el ingeniero Víctor Hugo Figueroa Mundaca se dirige al exalcalde Roberto Jacinto Purizaca, en su calidad de Gerente de Servicios de la Municipalidad Distrital de Pimentel, y solicita la contratación de personal de apoyo para guardianía del local llamado “La Estación”.

En la misiva propone a Walter Arturo Gonzales Segura para que desarrolle dicho trabajo, quien con contrato N° 168-2010-MDR, firmado el 1 de diciembre del 2010, fue contratado por la Gerente Municipal María Beltrán Zuloeta. El contrato indicaba la prestación de un servicio por las 24 horas del día, más la limpieza del lugar.

Además, el contrato estipulaba que por desarrollar dicho trabajo, Walter Arturo Gonzales Segura iba a percibir la suma de 1,900 soles mensuales por el servicio a prestar durante un mes, durante las 24 horas del día.

De acuerdo al interrogatorio formulado por el representante del Ministerio Público a Walter Arturo Gonzales Segura, es que si tenía un contrato para laborar como guardián a tiempo completo, cómo es que el mismo mes, el 24 de diciembre del año 2010, firmó contrato con la municipalidad  de Pimentel para constructor el puente en el sector “El Higo-Ipanaqué”.

“Señor juez, esto evidencia un acto de concertación entre los funcionarios de la municipalidad de Pimentel y el señor Walter Arturo Gonzales Segura, en calidad de contratista”, sostuvo el fiscal durante el interrogatorio al imputado.

ALQUILER DE MADERA

Sin embargo, un año antes –señaló en su acusación el representante del Ministerio Público- el Gerente Municipal de la comuna pimenteleña , Segundo Alberto Escobar Rujel, suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 110-2009 –MDP, con Walter Gonzales Segura por el alquiler de madera para la construcción de veredas en el cercado del distrito.

La obra se realizó en las cuadras 4 de la calle Lima; cuadra 2, 3 y 4 de la calle Chiclayo. También en la cuadra 1 y 2 de la calle Torres Paz, y para que sea ejecutada la comuna alquilo madera, la que era de propiedad de Walter Gonzales Segura.

Para justificar el alquiler– sustentó el fiscal a cargo de la defensa del Estado- el gerente de Desarrollo Urbano explicó en su Informe N° 003-2009-GDU-MDP, que el monto a cancelar era de 3 mil 500 soles, el cual era mucho menor al del expediente técnico que disponía un gasto en compra de madera de 6 mil 681.65 soles, lo cual significaba un ahorro de más de la mitad de dinero.

Además, el representante del Ministerio Público sostuvo que al consultar los costos de obra ante peritos de la Cámara Peruana de la Construcción -Capeco –, esta institución emitió informe señalando que la madera puede utilizarse hasta 10 veces en la construcción de obras.

“En cada obra, la madera sufre un desgaste del 10 por ciento; por lo tanto, a la municipalidad de Pimentel le habría convenido comprar madera antes que alquilar”, sostuvo.

De igual manera, el defensor de la legalidad sustentó que los ex funcionarios procesados utilizaron dos veces el contrato N° 110-2009-MDP, el cual es el mismo que se utilizó para la construcción de veredas en el cercado de Pimentel, cuadra seis y siete de la calle Chiclayo, cuadra tres y cuatro de la calle Buenos Aires y la cuadra dos de la calle Grau, bajo el argumento que la obra era continuación de la construcción de las calles Torres Paz, Chiclayo y Lima.

LO NIEGA TODO

De acuerdo al avance del proceso judicial, el primero en declarar fue el contratista Walter Gonzales Segura, quien tras hacer un relato de los hechos investigados en el presente proceso, negó tener algún tipo de preferencia en cuanto a la obtención de la buena pro para acceder a la prestación de los servicios, sosteniendo que el problema se ha suscitado por cuestiones políticas ante el cambio de gestión municipal a partir del primero de enero del 2011.

El contratista señaló que para obtener la buena pro de la construcción del puente “El Higo”, simplemente presentó su propuesta económica y técnica. Además, negó haber tenido que contactar con algún funcionario y mucho menos tener que hacer algún tipo de pago para acceder de la prestación del servicio.

Asimismo, también negó haber tenido preferencias para hacerse de los servicios de alquiler de madera y de guardianía.

“Como cualquier otra persona que se dedica a la construcción, me presenté a los concursos que en el año 2009 y 2010 realizó la municipalidad de Pimentel. Lo único que hice fue dejar mí propuesta, y luego me llamaron”, sostuvo.

Finalmente, indicó que en cuanto al cobro del total del costo de la mano de la obra del puente “El Higo”, sostuvo que tras una valoración que se le hizo, el día 29 de diciembre del 2010 se presentó al área de logística de la comuna pimenteleña para cobrar la suma de 4 mil 372.89 por concepto de avance de mano de obra, pero allí le dijeron que se le iba a pagar el costo total, pero para ello debería firmar un acta de compromiso de cumplimiento.

Indica que la acción lo sorprendió, pero no la rechazó ya que imaginó que se trataba de un cumplimiento de pago debido a que el día 31 de diciembre culminaba la gestión municipal de Roberto Jacinto Purizaca, y a partir del 1 de enero del 2011 ingresaba una nueva administración edil, que era liderada por el alcalde José Francisco Gonzales Ramírez, del Movimiento Fuerza Social Progresista, y que en la actualidad desarrolla su segundo periodo, pero por la agrupación política vecinal Raíces.

PRESUNTA CONCERTACIÓN

Para el representante del Ministerio Público – durante el interrogatorio- le es sospechoso que Walter Gonzáles Segura haya estado vinculado a la municipalidad, máxime si en el caso en concreto, pese a haber sido contratado para cumplir labores de guardián todo el mes de diciembre del 2010, aparece el 24 de ese mismo mes contratado como constructor de la obra del puente de concreto.

“Esa acción evidencia un acto de concertación entre los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pimentel y el señor Walter Gonzáles Segura, para quien han dispuesto los recursos del Estado”, sostuvo en audiencia.

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• Desde que Roberto Jacinto Purizaca dejó la alcaldía de Pimentel – 31 de diciembre del 2010- se ha visto envuelto en diversas investigaciones por presuntos actos de corrupción en agravio del Estado.

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