A nivel nacional, departamentos como Cusco y Ayacucho son los que mayor cantidad de obras paralizadas concentran, según los reportes publicados en el portal Infobras de la Contraloría General de la República. Sin embargo, Lambayeque no queda fuera de este serio problema que evidencia las deficiencias aún existentes en la ejecución y control de los recursos del Estado.

El presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Manuel Borja Suárez, señala que cada obra paralizada representa pérdidas para el Estado, toda vez que se trata de recursos desviados por la corrupción o proyectos en arbitrajes, procesos que, por lo general, las entidades pierden frente a los contratistas.

“Cusco tiene 293 obras paralizadas, lo que representa 988 millones de soles, mientras que en Lambayeque hay 28 obras por un valor general de 164 millones de soles. Por cantidades podríamos decir que no estamos tan mal, pero una sola obra en esas condiciones representa un enorme daño no solo para el Estado, sino también para la población que necesita de los servicios básicos”, manifiesta.

A nivel nacional hay 968 obras paralizadas de las cuales 201 corresponden al sector saneamiento básico, con una inversión de 758 millones de soles.

RANKING NACIONAL

El Sistema Nacional de Obras Públicas tiene registrado un total de 51 mil 343 obras que representan 266 mil 448 millones de soles. El 77 % de las obras corresponden a los gobiernos locales, el 13 % al gobierno nacional y el 10 % a los gobiernos regionales.

El 40 % de las obras registradas (20 mil 491 obras) se ejecuta a nivel descentralizado bajo la modalidad de administración directa.

Hasta el año pasado, Cusco tenía 293 obras paralizadas, Piura 28, Puno 51, Huánuco 25, Áncash 45 y Moquegua 46.

La Libertad concentra 22 proyectos paralizados, Lambayeque 28, Tacna 21, Apurímac 41, Ayacucho 52, Ica 26, Lima 49, Junín 41, Pasco 23, Loreto 15, Cajamarca 43, Huancavelica 35, Amazonas 23, Arequipa 24, San Martín 13, Ucayali 13, Madre de Dios cinco, Callao dos y Tumbes cuatro.

Todas las obras paralizadas representan un total de cuatro mil 133 millones de soles.

MAYOR CONTROL

Borja Suárez comenta que esta problemática obliga a los actores de la sociedad civil a mantenerse alertas frente a lo que será el proceso de reconstrucción de los departamentos afectados por El Niño Costero 2017, a fin de evitar que más proyectos queden inconclusos.

“El Colegio de Ingenieros ha logrado constituirse como un veedor del proceso de reconstrucción, pero lo que queremos es no solo ser veedores de la construcción, sino desde la etapa de planificación, formulación de expedientes y procesos de licitación, justamente para asegurar que las cosas se hagan bien. Caso contrario, la fiscalización no sería integral y no podría detectar las deficiencias o actos de corrupción en todas las etapas de las obras a realizar”, menciona.

El también docente universitario refiere que se puede advertir aún deficiencias de las instituciones de control para hacerle frente a la corrupción en las obras públicas, aunque reconoce que en los últimos años se ha mostrado un avance en la fiscalización y sanción.

“Un serio problema es que estas instituciones no tienen los recursos suficientes para llegar a todos los lugares donde se ejecutan obras del Estado. Justamente por consideraciones de este tipo es que nosotros proponemos que se cree una Superintendencia Nacional de Obras Públicas, a fin de independizar esta función de la Contraloría, que evidentemente no se está dando abasto”, afirma.

CAMBIOS NECESARIOS

Manuel Borja también plantea entre sus propuestas que todas las obras tengan supervisión externa y que esta sea designada obligatoriamente antes que se designe al contratista. De no cumplirse con ambas figuras, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, no debería autorizar procesos de licitación. También propone que se elimine la designación de inspectores.

Asimismo, que se cree un registro virtual de cartas fianza y que este sea de acceso público, que se anulen los sorteos para la entrega de licitaciones y que promueva la innovación y competitividad con el cambio del sistema de evaluación.

También que se cree un registro nacional de proyectistas de obras públicas, que se precisen indicadores de desempeño y que se establezca la sanción e inhabilitación para quienes diseñen expedientes deficientes. 

 respuesta de nieves juan rosas torres el 2017-09-16.

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