Fiscales Sergio Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz, también habrían presentado falso perito, que fue desenmascarado en audiencia pública. Ahora, son investigados por Fraude Procesal y Prevaricato 

Un giro de 360 grados podría dar la acusación fiscal y la investigación que el Ministerio Público de Lambayeque realiza contra el ex funcionario de la Entidad Prestadora de Servicio de Lambayeque –EPSEL, en el caso de los “Limpios de la corrupción”.

Los testigos de parte; es decir, los colaboradores eficaces, han caído en contradicciones y en otras han negado haber dicho lo que supuestamente dijeron, durante el desarrollo del juicio oral, el cual se inició el último 18 de agosto en los ambientes que el Poder Judicial cuenta en la parte externa del Penal de Picsi.

Durante el desarrollo del juicio a cargo de la jueza María Vásquez Vásquez, el fiscal Elí Pérez Díaz quedó sorprendido al momento de interrogar a su principal testigo, el colaborador eficaz N° 017-2015, quien en plena audiencia afirmó que el arquitecto José Baca Távara, nunca estuvo en la reunión del Hotel Costa del Sol, lugar donde supuestamente, según la tesis del Ministerio Público, se habría llevado a cabo una reunión en donde se consumó el hecho doloso, y por el cual el profesional es acusado de colusión agravada.

LA ACUSACIÓN

De Acuerdo al requerimiento de acusación realizado  por el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Sergio Lucio Zapata Orozco, el arquitecto José Nicolás Baca Távara es acusado de ser autor de los delitos contra la administración pública en las modalidades de colusión agravada y cohecho pasivo impropio.

Conforme consta en la carpeta fiscal N° 2406074503-2014 contenida en el expediente N° 5207-2014-1706-JR-PE-04, el representante del Ministerio Público sostiene que la persona sometida a proceso de Colaboración Eficaz N° 17-2015, afirma haberse reunido en el mes de agosto del año 2013, con sus coprocesados Percy Quesquén Díaz, Juan Miguel Valdivia Goycochea, José Nicolás Baca Távara y Juan Martín Villanueva Velezmoro.

Indica – el colaborador eficaz N° 17-2015 - que la reunión fue en el hotel Costa del Sol, lugar a donde concurrido algunas oportunidades como huésped y en otras a realizar el uso de los servicios del restaurante. De igual manera, en el hotel Rivera Inn, en la ciudad de Lima, lugares en donde se habrían reunido con el representante directo de  Industrial Triveca SAC.

UN REVÉS

Hugo Manayay Pravia, abogado defensor de Baca Távara, sostuvo que la audiencia ha tenido un revés  para El Ministerio Público, debido a que los testigos que ofrecieron han caído en contradicciones lo que ha generado confirmar la falta de objetividad en la acusación fiscal.

El día del desarrollo de la audiencia –señala el abogado de la defensa- el fiscal Pérez Díaz pregunto al colaborador eficaz N° 17-2015 si José Baca estuvo presente en la reunión que el Ministerio Público argumenta y que es objeto de la acusación, éste sostuvo que no, respuesta que trajo abajo en audiencia pública la teoría del Ministerio Público y de los fiscales Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz.

UNA SERIE DE MENTIRAS

De igual manera, ese día la fiscalía también presentó a otro colaborador eficaz, a quien lo apersonó con el nombre Jorge Matalla Peralta, quien dijo trabajar actualmente en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, el cual cambio su declaración inicial, declarando que nunca vio al ex presidente del directorio de Epsel, Percy Quesquén Díaz, entregando dinero a José Baca Távara como acto de corrupción.

Lo curioso y que llama la atención de éste testigo del Ministerio Público– Jorge Matallana Peralta- es que en las instalaciones del Ministerio Público afirmó haber visto a Percy Quesquén, entregar una fuerte suma de dinero producto de las dádivas del representante de Industrias Triveca.

FALSO PERITO

De igual manera, el Ministerio Público presentó a un perito que iba a confirmar los presuntos actos de corrupción en Epsel por parte de José Baca Távara, pero la coartada se vino abajo cuando el abogado de la defensa interrogó de manera incisiva  al perito presentado por el Ministerio Público y este terminó manifestando que no era perito, y que es la fiscalía la que lo ha identificado como perito, pero que él nunca había dicho ser perito.

“Con este revés sufrido por los fiscales, nos queda claro que una vez más la fiscalía en nombre del fisca Sergio Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz, han buscado a toda costa incriminar al ex funcionario de Epsel en hechos ajenos, con el presunto fin de favorecer a otros funcionarios que tienen verdaderamente responsabilidad y que actualmente gozan de libertad”, sostuvo el abogado defensor.

FRAUDE PROCESAL Y PREVARICATO

Ante la serie de falsedades por parte de los representantes del Ministerio Público, las que han sido puestas al descubierto en audiencia pública de juicio oral, el 24 de agosto último, el fiscal superior titular, Alejandro Lamadrid Ubillús, jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lambayeque, dispuso abrir investigación preliminar contra el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco y Elí Pérez Díaz, por el delito de fraude procesal y prevaricato.

La denuncia fue presentada por José Baca Távara, quien señala que el 5 de mayo del 2017 los fiscales denunciados, han presentado ante el Despacho del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, un requerimiento acusatorio, basándose en lo supuestamente declarado de manera voluntaria por el colaboradores eficaces N° 17-2015, así como de Jorge Matallana Peralta y de un supuesto perito.

Indica también que una de las declaraciones del colaborador eficaz N° 017-2015  del 14 de setiembre del 2015, se señala que el que solicita una coima o diezmo a Industrias Triveca, fue Percy Quesquén Díaz en presencia de Juan Valdivia Goicochea, Martín Villanueva Velezmoro y Jorge Matalla Peralta, y no menciona a José Baca Távara; sin embargo, la fiscalía lo involucra bajo pruebas  y declaraciones inexistentes y falsas.

INVESTIGADOS

De acuerdo a la denuncia, sobre los aludidos fiscales pesa una sanción que va entre los dos y cuatro años de cárcel en la figura penal de fraude Procesal; mientras que prevaricato, podrían recibir una sentencia de tres a cinco años de prisión.

Ante ello y a efectos de determinar la existencia de elementos de prueba que acrediten la comisión del hecho denunciado y la presunta responsabilidad, el fiscal Alejandro Lamadrid emitió la disposición N° del 24 de agosto último, en el que requiere a los fiscales denunciados, sus respectivos informes y descargos, en un plazo de 5 días.

Además, se ha requerido copias certificadas de los principales actuados procesales relacionados con esta denuncia. Además, ha solicitado transcripción del audio de la audiencia de control de acusación del 01 y 09 de junio del presente año.

Finalmente, los hechos también han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía Suprema de Control Interno.         

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