A mediados de diciembre pasado la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque, a cargo de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, formalizó la investigación preliminar por el presunto delito de lavado de activos contra la médica Cinthia María Vargas Torres, quien valiéndose de un laudo arbitral a su favor, determinado con información supuestamente adulterada, cobró al Hospital Juan Pablo II casi dos millones de soles. El origen del asunto radica en que la profesional invocó el incumplimiento de un convenio suscrito a título personal con el nosocomio. Sin embargo, facturó a nombre de una empresa con la cual la entidad de salud no tenía vínculo comercial.
El 4 de octubre del 2016; es decir, hace poco más de 10 meses, el Hospital Privado Juan Pablo II SAC, con RUC N° 20480082673, representado por su gerente general Esteban Jacinto Isique, identificado con DNI N° 16637592, denunció ante el Ministerio Público a la médica Cinthia María Vargas Torres por el presunto delito de lavado de activos.
La denuncia se dio debido a que Vargas Torres habría aprovechado que su ex conviviente, José Yuri Moya Gasco, y su pariente Luis Felipe Vigo Vargas, asumían la presidencia del directorio y la gerencia general del Hospital Juan Pablo II, respectivamente, para firmar un convenio por siete años para la prestación del servicio de diagnóstico por imágenes, con grandes beneficios personales, incluso afectando las ganancias de la institución en la que es accionista.
Cuando Vargas Torres suscribió el convenio con el hospital lo hizo a título personal, pero al momento de facturar los servicios prestados por el diagnóstico por imágenes extendió comprobantes de la empresa Solumed SRL, con la cual la entidad no tenía vínculo alguno.
Este hecho impediría que Vargas Torres sustente el ingreso a sus cuentas personales de casi dos millones de soles, cobrados luego de ganar un arbitraje, aparentemente basado en información falsa, luego que el hospital dejara sin efecto el convenio extendido por su exconviviente y su pariente.
El caso estaría revestido de una serie de vicios, pues no solo se habrían configurado las causales para que el Ministerio Público formalice la investigación preparatoria contra la médica por lavado de activos, sino que además existirían elementos suficientes para que la Corte Suprema de la República reconsidere la decisión de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que este lunes resolvió ratificar el sobreseimiento de una denuncia por falsedad genérica, también presentada por el hospital contra Vargas Torres.
AMPLIAS VENTAJAS
Todo se remonta al 14 de marzo del 2011, cuando el Hospital Juan Pablo II suscribió el convenio con Cinthia Vargas para que esta brinde el servicio de diagnóstico por imágenes, acuerdo que adoptado sin aprobación del directorio e, incluso, yendo en contra de la oposición del entonces integrante del órgano de gobierno empresarial, médico William Gonzales Herrera.
Por el convenio, que en la práctica resultó lesivo para la institución, Vargas Torres se comprometía a otorgar el 20 y 10 % de los ingresos obtenidos por pacientes por convenios de seguros y pacientes particulares, respectivamente, en cada examen de diagnóstico a favor del hospital, aun cuando el proveedor anterior dejaba para el nosocomio el 30 y 40 %.
Lo insólito del caso es que siendo accionista de la institución, Vargas Torres recibió el respaldo del entonces presidente del directorio, José Yuri Moya Gasco, y el gerente general del mismo, Luis Felipe Vigo Vargas, con quienes mantenía vínculo afectivo y familiar.
NULIDAD DEL CONVENIO
No fue sino hasta el 5 de septiembre del 2012, al producirse el cambio de las autoridades del hospital privado, que se revisó la situación del convenio que establecía las amplias ventajas concedidas a Vargas Torres por un período de siete años.
Al asumir la presidencia del directorio el galeno William Gonzales Herrera, y la gerencia general la médica Nancy Mocarro Aguilar, convocaron a una reunión a Cinthia Vargas al no encontrar el original del convenio suscrito un año antes, más aún porque detectaron que la facturación que se extendía al hospital era girada por la empresa Solumed SRL y no por la beneficiaria del acuerdo.
Estas irregularidades motivaron a los directivos a concluir de parte el convenio, lo que abrió a Vargas Torres la posibilidad de recurrir a la vía arbitral para ser resarcida por supuestos daños y perjuicios.
EL ARBITRAJE
Fue así como el 10 de junio del 2013 la médica Cinthia Vargas presentó al centro de Conciliación y Arbitraje de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo una solicitud para someter a controversia su pretensión de indemnización por los daños y perjuicios, supuestamente causados por los representantes del Hospital Juan Pablo II SAC al dejar sin efecto el convenio.
Para calcular las pérdidas, Vargas Torres, en un peritaje de parte, alcanzó como referencia los ingresos y ganancias percibidas durante los primeros nueve meses del 2012, monto que ascendía a 272 mil 543.92 soles.
Tomando como base la información alcanzada por la médico, el perito Luis Seclén Chéves estimó que el lucro cesante a favor de Vargas Torres era de un millón 965 mil 344.58 soles.
Sin embargo, una pericia contable realizada por la CPC María Astrid Reynoso de Vargas, encargada por los representantes del Hospital Juan Pablo II, la que determinó que el informe pericial de Cinthia María Vargas Torres fue adulterado en los montos por los servicios de “RX” intraoperatorio, a un mil por ciento.
Es decir, de manera premeditada se habrían adulterado los costos para lograr una mayor cifra indemnizatoria. Por ejemplo, la médica argumentó que por cada diagnóstico intraoperatorio de braquiterapia percibía mil 800 soles, cuando el costo real de lo facturado al hospital era de 180 soles.
¿LAVADO DE ACTIVOS?
Durante la etapa de la investigación en el Ministerio Público por el delito de fraude procesal, la médico Cinthia María Vargas Torres, en abril del 2016, presentó ante a la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, un informe de su situación tributaria correspondiente al ejercicio anual 2012, en el que manifestó que como persona natural había percibido la suma de 256 mil 300 soles y a través de Solumed SRL, de la cual es representante legal, 272 mil 543.92 soles, los que en su totalidad fueron por servicios prestados al Hospital Juan Pablo II.
Sin embargo, de los 256 mil 300 soles que dijo haber percibido como personal natural solo pudo sustentar con recibos por honorarios un ingreso de 21 mil 868.80 soles. El monto restante, 234 mil 432.12 soles, fue consignado en sus libros contables de varios y en su declaración jurada de pago anual de impuesto a la renta correspondiente a ese año.
La pericia de parte realizada por el Hospital Juan Pablo II ha demostrado que en tres meses Vargas Torres obtuvo el ingreso de 65 mil 555.54 soles, 43 mil 686.74 soles de estos como a través de Solumed SRL.
Lo inexplicable es que la médico pudo regularizar el pago del impuesto a la renta correspondiente al año 2012 recién el 22 de marzo del 2016, cuatro años después, sin que hasta el momento la SUNAT haya observado los ingresos de Solumed SRL por facturación emitida al Hospital Juan Pablo II pese a no tener vínculo contractual alguno.
respuesta de Maira el 2024-06-27.
Lo que se, es que no es verdad ya que el Hospital Juan Pablo dijo calumnias sobre ella . En ese tiempo Ella al igual que su esposo tuvieron problemas con J.P. por lo que los del hospital inventaron eso.
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