¿Qué sucede en el Colegio de Abogado de Lambayeque? El vicedecano, José Larios Bernal, rompe su silencio y con documentos en mano pide la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas ante el incumplimiento del estatuto por parte del titular de la orden profesional, el exjuez Juan Zamora Pedemonte. Es tal la disconformidad con el proceder del decano, que el integrante del Consejo Directivo sostiene que lo más conveniente sería el adelanto de las elecciones para la designación de nuevos dirigentes.
Larios Bernal ha decidido hacer público su descontento con la manera en la que el decano ha aislado a los integrantes de la directiva del otrora ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque.
Lo más preocupante – señala – es que la negativa de Zamora Pedemonte se centra en dar cumplimiento a lo que manda el estatuto de la institución, lo que hace más cuestionable aún su gestión como decano.
“Desde el año 2010, fui elegido representante en la Asamblea de Delegados, cuando se instaló por primera vez, he venido luchado por que se respete el estatuto. Nuestro colegio tiene estatutos y todos los abogados debemos respetarlos. Sin embargo, en la actual gestión si bien es cierto en un inicio se venía cumpliendo con las reuniones mensuales que este establece, a partir de julio y en lo que va del presente mes, el señor decano ya no cita a sesiones a la junta directiva”, menciona como ejemplo Larios Bernal.
A LA COMISIÓN
La desatención del decano ha motivado a Larios Bernal a dirigirse por escrito al presidente de la Comisión Revisora de Cuentas, Víctor Manuel Calleja Vela, con carta remitida el lunes 14 de agosto, en la que solicita su intervención ante lo que considera una trasgresión sistemática al estatuto de la orden.
Conforme se precisa en el Artículo 57, inciso 5, de los estatutos del Colegio de Abogados de Lambayeque, la Comisión Revisora de Cuentas es la encargada de velar por su cumplimiento, haciendo las veces de un equipo fiscalizador de la gestión de gobierno.
En ese sentido, en su misiva Larios Bernal señala que desde julio pasado Zamora Pedemonte no ha convocado a sesiones del Consejo Directivo, contraviniendo lo señalado en el Artículo 43, inciso 12 del estatuto, y que tampoco ha dado cuenta de la implementación de los diplomados de capacitación profesional, los mismos que deben mantenerse activos de acuerdo al Artículo 121.
“Nuestro decano tiene que preocuparse en esto, porque nuestros abogados tienen derecho a capacitarse y es la gestión actual que él lidera la llamada a organizar cómo es que deben dictar los cursos de capacitación, dando sobre todo las facilidades del caso al Director Académico, que es el doctor Edgar Tello Rodríguez. El doctor Tello ha venido en infinidad de oportunidades solicitándole el apoyo para que se realicen los cursos y, sin embargo, nuestro decano se niega a apoyarlo. Es más, existen abogados que tienen instituciones que dictan capacitaciones, quienes han presentado sus propuestas y estas no han sido puestas de conocimiento ante el Consejo Directivo para que se tomen decisiones al respecto”, detalla.
José Larios añade que tampoco se ha designado a la Comisión Permanente de Administración del Fondo Previsional, de conformidad con el Artículo 100, y no se está cumpliendo con la rendición de cuentas de manera mensual como manda el Artículo 116 del estatuto. Remarca que se desconoce a cuánto asciende el monto disponible en el fondo previsional y en el fondo mortuorio del colegio.
EL REFERÉNDUM
Respecto al referéndum consultivo, que de acuerdo a los artículos 91, 92 y 93 debe realizarse en septiembre próximo, hasta el momento no se ha realizado coordinación alguna.
La reciente gestión de Carlos Martínez Oblitas como decano de la orden no realizó la consulta a los abogados para evaluar el desempeño de los integrantes del Ministerio Público y el Poder Judicial, pese a que – como refiere José Larios – los resultados son necesarios para conocer las mejoras de la administración de justicia, pero además porque el Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, los toma en consideración durante el proceso de ratificación de jueces y fiscales.
“No hacer el referéndum va contra los intereses de una institución como el Colegio de Abogados y también contra los ciudadanos, que aspiran a una mejor administración de justicia”, sostiene.
MANEJO ECONÓMICO
El Colegio de Abogados tiene sus cuentas en azul. Se estima que el fondo previsional suma alrededor de tres millones de soles, pero además que los ingresos por habilidad y colegiaturas permiten a la institución manejar una economía holgada.
“Yo sí debo reconocer en el doctor Zamora lo siguiente: en febrero de este año se redujeron los gastos administrativos. Hasta el año pasado eran de 100 mil soles y este año bajaron a 35 mil. Eso es algo loable. Lo preocupante es la inversión en el centro de esparcimiento, donde se empezaron los trabajos en febrero”, asevera.
“Le hemos pedido que nos rinda cuentas sobre la inversión que se viene en el centro de esparcimiento, pero hasta la fecha no se nos ha informado cuánto es el monto que se va gastando. Tampoco conocemos el perfil ni el expediente, ni la maqueta del futuro centro de esparcimiento. Existe también falta de apoyo del decanato a las diferentes comisiones del colegio, no hay respaldo para que los directores cumplan con sus funciones”, precisa.
El área donde el colegio construirá su centro de esparcimiento se ubica en la carretera La Victoria – Monsefú, y lo que se ha avanzado hasta el momento es en la nivelación del terreno, quedando listo para las obras civiles.
“Las diferencias que existen no son de índole personal, sino porque se está incumpliendo con el estatuto. Los directores lo único que queremos es que se cumpla con el estatuto. Hace tres semanas nos hemos reunido con el doctor Zamora Pedemonte, hemos firmado un acta de paz en la cual él se comprometía a respetar los estatutos, pero al día siguiente ya estaba incumpliendo lo que habíamos acordado. Uno de los acuerdos era convocar a sesión de consejo para el 4 de agosto y no lo hizo. Pensábamos que lo iba a hacer el viernes pasado y tampoco fue así. Definitivamente él quiere dirigir la institución solo, de una manera autoritaria, unilateral, sin que nadie lo fiscalice, violando el estatuto”, enfatiza.
ADELANTO DE ELECCIONES
Con firmeza, José Larios señala que como vicedecano tiene la obligación de hacer que se respete el estatuto, por lo que exhorta al decano a retomar el cauce institucional.
“Si no respetamos el estatuto vamos a tener una institución anárquica y eso no nos lleva a resultados buenos. En este período ya estamos sin directivos y sin delegados, o sea él quiere gobernar solo. Entonces, ¿para qué hemos hecho un estatuto? Él no puede gobernar solo. Nuestro reclamo es que se ha elegido una junta directiva y él debe convocarla, resolver los problemas del Colegio de Abogados con su directiva”, manifiesta.
Teniendo en cuenta que el período para el que Zamora Pedemonte fue elegido vence el 31 de diciembre del 2018 y que la situación interna es crítica, José Larios afirma que las elecciones para la renovación del consejo directivo deben adelantarse.
“Debe haber un nuevo proceso electoral democrático, donde se asuma el compromiso de que el decano ganador respete los estatutos de la orden. Yo no estoy pidiendo como vicedecano quedarme en el cargo, jamás pediría eso porque no tengo esa visión, pero sí al señor Zamora Pedemonte y a los señores delegados que adopten la decisión de convocar a un nuevo proceso electoral, de tal forma que se devuelva la tranquilidad y legalidad al colegio, una institución que está llamada a ser ejemplo de las instituciones públicas y privadas del departamento”, enfatiza Larios Bernal.
Finalmente, sostiene que es lamentable la manera en la que el colegio ha perdido espacio y participación en la búsqueda de soluciones a los problemas de Lambayeque.
“No tenemos representatividad, nos hemos alejado, y eso es lo que me motiva a plantear que se adelanten las elecciones en el colegio”, señala.
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