Prepararse para la ocurrencia de un desastre natural no es lo mismo que prevenir, y esta es una de las principales equivocaciones en las que incurren los actores sociales y autoridades. En momentos en que se discute la efectividad del proceso de reconstrucción después de presentado El Niño Costero, es importante conocer algunos alcances técnicos de lo que involucra en sí la gestión de riesgos y prevención de desastres, más si según los expertos, en adelante las lluvias e inundaciones serán recurrentes en el norte del país.

“Lo que se hizo a fines del 2015 y en los primeros meses del año pasado fue prepararnos para una situación de desastre, pero hay que tener en cuenta que la preparación es un proceso diferente a la prevención y reducción de riesgos. La preparación solo busca, en el caso del Fenómeno El Niño, avanzar en la limpieza de cauces y la adopción de algunas medidas de carácter temporal, que no evitan el impacto de los desastres. Con la preparación lo que se hace es tratar de reducir el efecto en las personas”, señala Pedro Ferradas uno de los expertos más destacados que tiene el país en la prevención de desastres, quien se desempeña como Gerente del Programa de Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático - GRACC de Soluciones Prácticas.

El especialista, sociólogo egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien entre 1992 y 1997 se desempeñó como director del Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES, menciona que actualmente las autoridades locales, regionales y del gobierno central están considerando en el proceso de reconstrucción la descolmatación de algunos ríos, como es el caso de La Leche, en Lambayeque, para supuestamente prevenir futuros desbordes en épocas de crecida.

Sin embargo, Pedro Ferradas menciona que esta no es una solución, sino más bien una medida temporal.

“Las medidas de solución pasan por una reducción de riesgo de las cuencas hidrográficas y tienen que ver con mejorar la calidad y protección de las obras públicas y privadas”, anota.

ORDENAR EL TERRITORIO

Precisa que para hacer efectivos procesos de este tipo es necesario avanzar en el ordenamiento territorial.

Desde hace cuatro años el Estado discute la modificatoria del marco legal que involucra el ordenamiento, la zonificación y los planes de desarrollo urbano, estos últimos bajo responsabilidad de los gobiernos locales y que deben recoger principios de reducción de vulnerabilidad y mitigación del impacto de desastres naturales. Empero, hasta el momento no hay resultado concreto de la actualización de las normas.

Asimismo, gobiernos regionales como el de Lambayeque discuten hace años el ordenamiento territorio, herramienta que – a decir de Pedro Ferradas – hubiera permitido realizar una mejor gestión de los efectos de El Niño Costero.

“El ordenamiento territorial está condicionado de alguna manera a tratar de resolver algunos problemas que tienen que ver con la corrupción en el manejo del territorio. Tenemos en casi todo el país comunidades campesinas, algunas mal gestionadas, que venden terrenos a especuladores del suelo, grandes urbanizadores que construyen sobre espacios vulnerables y venden las propiedades a precios diez o 30 veces más de lo que pagaron”, señala.

CORRUPCIÓN Y SUELO

Añade que la corrupción es los gobiernos locales también es un problema y más porque muchos de estos promueven la urbanización ofreciendo liberación de impuestos y costos en general, incluso superponiéndose sobre la jurisdicción de otros distritos o provincias.

“Esto les permite tener cierto respaldo electoral, pero lo más grave es que permite que se ocupen territorios que pertenecen a otras jurisdicciones y se impida ejercer la autoridad municipal que busca el ordenamiento territorial”, menciona.

A esto suma que en el país existen todavía amplias brechas relacionadas a la demarcación o establecimiento de límites territoriales, asunto pendiente en el que ni gobierno nacional a través de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, ni los gobiernos regionales han avanzado como se necesita.

“La situación en los últimos años se ha deteriorado y llega a niveles extremos. Por un lado tenemos las invasiones y ocupación precaria del suelo, fenómeno que hace 20 o 30 años podía responder a una necesidad de vivienda de la población más pobre. Sin embargo, hoy en día, esas invasiones son impulsadas por mafias dedicadas al tráfico de tierras. El problema está en cómo diferenciamos entre una cosa y la otra”, explica Ferradas.

VIVIENDAS Y NECESIDAD

En relación a la construcción de viviendas que ha anunciado el gobierno nacional para los damnificados por El Niños Costero, el especialista sostiene que existen diferencias entre la vivienda progresista, que tiene como referente la unidad familiar, y el acceso a la propiedad de un inmueble en el que no haya la posibilidad de expandir la construcción, como es el caso de departamentos o torres multifamiliares.

Pedro Ferradas es de la opinión que las empresas constructoras que accederán a los bonos para la edificación de casas como parte de la reconstrucción, plantearán por lo general edificios con departamentos pequeños y que serán ofertados a costos relativamente bajos.

“Y ahí hay un problema, porque el modo tradicional de cómo la gente concibe su vivienda es con una idea progresiva, en la que es posible crecer. Por esta razón es necesario revisar a tiempo los mecanismos, teniendo en cuenta también que la población más pobre, que es la que coincidentemente ha resultado afectada, tampoco es sujeta de crédito y, por lo tanto, los niveles de endeudamiento que puede implicar el proceso de reconstrucción quizá no sean accesibles”, señala.

CELERIDAD

El experto indica que también es necesario prestar la atención debida a la intencionalidad que se tiene en el proceso de reconstrucción de agilizar los trámites del Estado, propósito que podría abrir espacio para la comisión de actos irregulares similares a los que sucedieron en Pisco después del terremoto del 2007 y que originó el juzgamiento de funcionarios y la desnaturalización de los objetivos del Estado para con la población afectada.

“En el 2011 sucedió un terremoto en Japón y de acuerdo a sus proyecciones el país se demora diez años en reconstruir. Nosotros, como si tuviéramos más ventajas a Japón, pretendemos que la reconstrucción se haga en tres años. Creo que es un error pretender hacer la reconstrucción en un  tiempo tan breve. Lo que se puede hacer es asumir que determinado tipos de reconstrucción, como la de la infraestructura vial o la rehabilitación de algunos servicios se haga en ese tiempo, pero no todo el proceso. Hay una diferencia muy importante”, asevera.

Advierte que otro aspecto que el gobierno nacional debe empezar a considerar es que existe el riesgo que parte de la población damnificada, ante la imposibilidad de acceder al apoyo de la reconstrucción impulsada por el Estado, empiece a reconstruir como se ha hecho en Pisco y Chincha.

“Allí, un sector importante de la población, cansada de esperar, construyó sus propias viviendas con todas las precariedades técnicas y territoriales. Es decir, reconstruyeron las condiciones de riesgo y eso ocurre cuando no hay esperanza, expectativas o un ofrecimiento claro para las personas afectadas por el fenómeno. Con esto, al final lo que puede ocurrir es que la reconstrucción se haga solamente para un sector que sí puede reunir los requisitos o acceder a ellos”, precisa.

Señala además que la rapidez con la que se pretende ejecutar el proceso con el objetivo de reactivar la economía nacional, “puede ser una trampa”, ya que en nombre de la rapidez no se ejercerán los controles adecuados.

“Hay una función muy importante no solamente de la Contraloría General de la República, sino también del Congreso, de la población y de la sociedad civil. Sin embargo, esto debería haber estado en la ley”, manifiesta.

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