La presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República, Marisa Glave Remy, afirmó que la Ley de Reconstrucción con Cambios no impulsa la descentralización, debido a que el plan propuesto por la Autoridad que dirige Pablo de la Flor Belaunde, aprobado por la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, no deja espacio para la participación de las autoridades subnacionales y menos para la sociedad civil.

Según explica Glave Remy, la propuesta original del Ejecutivo incluso ponía a la Ley de la Reconstrucción por encima de muchas otras normas como la Ley de Bases de la Descentralización, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Orgánica de Municipalidades, deficiencia que fue parcialmente corregida.

“La propuesta del Ejecutivo planteaba que por encima de los gobiernos locales y regionales está la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios, de hecho hay algunos artículos que señalan, por ejemplo, que una vez que el Plan se elabora, se vuelve obligatorio y, por lo tanto, ninguna autoridad puede oponerse al Plan de la Reconstrucción, y además incluso se señala que algunos terrenos de los gobiernos locales pueden ser dispuestos por la Autoridad de la Reconstrucción. Entonces hay una concentración de la decisión”, señala.

Comenta que en la propuesta original del gobierno la Autoridad de la Reconstrucción i decidía el plan. Ahora, por lo menos el plan irá en consulta 10 días a los gobiernos regionales y locales y si en ese tiempo no hay comentarios, queda aprobado.

SIN PARTICIPACIÓN

¿Cómo se elabora el plan? La parlamentaria afirma que no de manera participativa.

“Los alcaldes enviarán su propuesta de obras, los gobiernos regionales igual, y en Lima, el señor Pablo de la Flor con su directorio tomará la decisión que les parezca más importante, y ellos serán los que van a decidir qué obras se harán y cuáles no. ¿Con qué criterio? ¿Cómo se decidió? Pura discrecionalidad, como le dicen. Ellos van a tomar la decisión de qué es lo más importante en cada región”, asevera.

Por estas características, la parlamentaria sostiene que De la Flor Belaunde sí tendrá las prerrogativas de un zar, pese a que el Ejecutivo negó desde un principio que este sería el comportamiento del director de la Autoridad de la Reconstrucción.

“Dijeron que no íbamos a tener un zar en la reconstrucción, que iban a crear una lógica paralela, y lo que tenemos es un zar, con una entidad superpoderosa con altísimas discrecionalidades, porque lo que le dice la norma es que puede hacer, que tiene poder por encima de la regulación que existe en las contrataciones del Estado. Este excesivo poder y discrecionalidad incluso se quería dar por encima de la Contraloría, menos mal hubo un freno y exigimos que la Contraloría tenga la posibilidad de ejecutar el control posterior, que era lo que se quería omitir en el plan original”, comenta.

PROCESOS RÁPIDOS

Marisa Glave indica que existen problemas con el control y que muchas de las decisiones que se tomarán en el nivel central en el proceso de reconstrucción se justificarán en las limitaciones que tienen que municipios para resolver el trámite documentario.                    

“Si la Autoridad de la Reconstrucción le pide al alcalde de Pítipo, por ejemplo, una autorización para construir, y el municipio demora más de siete días, como suele ocurrir, se asume el silencio positivo administrativo. Esto quiere decir que a solo hecho de enviar algo, la autoridad tendrá autorizaciones dadas y, en general, en muchas de las regulaciones que se tienen se aplicarán el silencio positivo. En el único caso que se ha logrado controlar esto es en el de COFOPRI para la titulación de tierras”, señala.

LOS DAMNIFICADOS

A decir de la congresista, lo más cuestionable es que en la norma aprobada no se explica cuál será el modo de participación de los damnificados en la reconstrucción.

“No se les da ninguna posibilidad real de participación y ahí sí tenemos un problema porque la recuperación de la vida de la gente, sobre todo de quienes han perdido sus medios completos de subsistencia y no solo sus casas, se tienen que reconstruir al ya ni siquiera existir el tejido social base. ¿Cómo se va a reconstruir sin la participación del damnificado? Esa es una de las cosas que más nos preocupan, porque no está contemplado en la ley un mecanismo real de participación. Tan es así que hasta ahora la gente no sabe cuándo van a llegar los módulos temporales de vivienda, ni cuándo van a dejar las carpas para pasar a módulos transitorios, ni cuándo empezarán los programas de vivienda. Es decir, no hay la comunicación entre quienes son sujeto de derecho por ser damnificados y la autoridad”, explica.

Cuestiona que en la norma los derechos de las personas afectadas por El Niño Costero no sean el objetivo central, sino más bien la recuperación de la infraestructura.

“Ahí está parte del problema de la visión. ¿El objetivo es la recuperación de la infraestructura o los derechos de la gente? Nosotros creemos que lo que hay que hacer es garantizar los derechos de la gente, garantizar su derecho a una vida digna, al agua, saneamiento, a vivienda, al trabajo y demás. Siendo los derechos de la gente lo que debería preocuparnos más, nos parece increíble que en el directorio de la Autoridad de la Reconstrucción no esté incluido el Ministerio de Educación o el de Salud, cuyos sectores son los más afectados”, indica.

FALTA DE CLARIDAD

Glave Remy anota que también es cuestionable que hasta el momento no esté claro cuánto costará la reconstrucción y cómo se financiará.

“Dicen un día 20 mil millones de dólares, pero en lo real no tenemos idea de cuánto va a costar la reconstrucción y el Ejecutivo tampoco tiene idea de cuánto costará, y eso limita a la sociedad civil que se tiene que organizar para fiscalizar. ¿Cuánta plata le va a tocar al gobierno regional? No se sabe. ¿Cuánto al gobierno local? Ni idea. ¿Cuánto va a manejar el gobierno nacional? No se tiene claro. Hay una lógica poco transparente que no permite decir a quien le toca qué y cuánto”, asevera, añadiendo que una seria complicación es que la recaudación tributaria es menor en comparación a los últimos dos años y esto resta la disponibilidad de recursos para invertir.

VIVIENDAS

Respecto a la construcción de viviendas para los damnificados, la legisladora precisa que de acuerdo a lo declarado por el ministro del sector, Edmer Trujillo Mori, el Estado invertirá un poco más de mil 600 millones de soles en la habilitación de módulos e inmuebles, y que adicionalmente se entregarían 500 millones de soles para el programa Techo Propio.

Sin embargo, refiere que todo ese dinero alcanzaría solo para atender la necesidad de vivienda generada por el fenómeno costero en Lambayeque.

“Hay un problema serio de cálculo. Lambayeque es una de las regiones más afectadas en el país y en el discurso todos dicen que Piura es la que más ha sufrido, pero numéricamente en Lambayeque el impacto de El Niño es mayor”, afirma.

De acuerdo a los reportes oficiales, en Piura colapsaron tres mil 493 viviendas, mientras que en Lambayeque la cifra es de cinco mil 622. Lo mismo sucede con el número de casas declaradas inhabitables. En Piura suman tres mil 461, pero en Lambayeque son cinco mil 957.

“Esta cifra es sub representada, porque aún no tenemos el dato real, hay que esperar el levantamiento de datos de la Autoridad con Cambios, COFOPRI y el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. Sin embargo, hasta el momento en materia de vivienda la región más afectada es Lambayeque”, precisa.

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El director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Pablo de la Flor, anunció que el proceso deberá iniciarse en agosto próximo.

 respuesta de Nadia Iris Urbina Cruzado el 2025-10-06.

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