Un presunto abuso de autoridad, así como exceso y uso a conveniencia del Decreto Legislativo N° 1187, Ley que establece las normas, medidas de prevención y sanciones contra la violencia en la actividad de la Construcción Civil, denunciaron ante las diferentes autoridades de Lambayeque dirigentes del Sindicato Unitario de Trabajadores de Construcción Civil.

Miguel Ángel Díaz Navidad, secretario general del mencionado gremio, sostiene que en los dos últimos meses personal de la Policía Nacional vendría haciendo abuso del dispositivo legal antes descrito, el cual es de aplicación a las personas naturales y jurídicas, entidades públicas y privadas, organizaciones sindicales, dirigentes, trabajadores y otros afines que intervienen en la actividad de construcción civil.

Refiere que dicha Ley faculta a los agentes policiales a prevenir la violencia y contrarrestar los delitos vinculados a la actividad de construcción civil, así como a contribuir con la mejora de la seguridad ciudadana y el orden público, promover mecanismos que aseguren la integridad física de los empleadores y trabajadores.

Además, velar por el libre ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de la actividad de construcción civil y articular acciones entre las autoridades de la administración pública que cumplen funciones vinculadas con la prevención y lucha contra la violencia en el sector.

LA PREOCUPACIÓN

En carta dirigida al jefe de la II Dirección Territorial de la Policía Nacional, general Jorge Pérez Flores, así como a la presidenta de la Junta de Fiscales, Mariana Vásquez Zagaceta; al gerente regional de Trabajo, Guillermo Segura Díaz, al prefecto regional, Rafael Aita Campodónico, el dirigente sindical señala que dentro de ese contexto muestran también su preocupación por la forma cómo vendrían operando algunos elementos de la institución tutelar.

Indica que algunos agentes estarían tomando de manera muy abusiva los alcances de lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1187, los que escudados en la disposición legal, lejos de convertirse en los agentes que van a ofrecer y brindar las garantías para que tanto trabajadores y empleadores puedan desarrollarse de manera conjunta y armoniosa, se han convertido en los “chalecos” de los empresarios y de las obras de construcción civil.

Dichos efectivos policiales -señala- vendrían entorpeciendo las labores de los dirigentes sindicales que llegan a pedir puestos de trabajo para sus afiliados en las diversas obras de construcción civil que se ejecutan en Lambayeque.

Relata que hace unos días ocurrió un abuso de autoridad contra dirigentes de la base sindical de Olmos, los que de acuerdo a sus funciones fueron hasta una construcción de la zona para dialogar con el representante al existir un compromiso ya pactado. Sin  embargo, personal de la Policía Nacional, los interceptó, hizo disparos y bajo amenazas de dispararles al cuerpo los obligaron a tirarse al piso.

COMPONENDAS

Señala que posteriormente los dirigentes fueron reducidos y detenidos, y subidos a una camioneta para ser trasladados a Chiclayo.

En el trayecto – refiere- los agentes policiales juntamente con el representante de la empresa constructora, se detuvieron en un restaurante del distrito de Motupe donde junto al supuesto denunciante bajaron para ingerir alimentos, mostrando claramente la confabulación que existe.

Lo más preocupante– explica- es que llegando a Chiclayo, ni bien arribaron a las instalaciones de una unidad policial, un grupo de periodistas los estaban esperando para fotografiarlos y filmarlos como si fuesen delincuentes comunes.

“Los agentes policiales, los que están en proceso de investigación, los presentaron a la prensa como si fueran feroces extorsionadores, cuando en realidad eran dirigentes que habían acudido a la obra para reunirse con el representante de la empresa tras haber pactado la cita para puestos de trabajo y solucionar problemas de los agremiados”, señala.

En su informe, los efectivos policiales hicieron constar los nombres de siete personas, pero a los medios de comunicación señalaron que se había tratado de una turba, con el único objetivo de hacer daño o ganarse un reconocimiento por la presunta acción policial y ganar algún reconocimiento.

Lo más delicado es que sin tener las pruebas necesarias, comunicaron al Ministerio Público que en un feroz enfrentamiento habían capturado a siete extorsionadores, faltando a la verdad.

INFORMES

Tras las investigaciones y determinarse que no se trataba de lo que se decía, la Policía Nacional envió al Ministerio de Trabajo los informes sobre la intervención, con el objetivo que esta institución cancele los registros de trabajadores a las que personas que fueron detenidas, sin que exista delito alguno, sino más bien presunto abuso de autoridad al amparo al dispositivo legal N° 1187.

Díaz Navidad explica que el ordenamiento jurídico se encuentra vigente y es exclusivamente para que la policía y las autoridades involucradas en Construcción Civil, puedan actuar con el objetivo de frenar la ola delictiva que imperaba al interior del sector, con referencia a crímenes por encargo, extorsión y delincuencia en la industria de la construcción.

En la actualidad –relata- le preocupa de sobremanera que el mencionado dispositivo legal sea empleado por parte de los empresarios para vulnerar los derechos de los trabajadores de la construcción y se queden con los dineros de los derechos sociales.

“En la actualidad, la acción de los policías en contra de los trabajadores inscritos en el Registro de Trabajadores de la Construcción resulta ser peligrosa, debido a que actúan con excesos y pateando las normas legales”.

EN SAN JOSÉ 

El dirigente menciona en su carta a las autoridades que en el distrito de San José las empresas Constructora Adonai, representada por Camilo Becerra Venegas, y Karosi Electricistas y Constructores SAC, representada por Jorge Enríquez Ruiz García, vendrían cometiendo una serie de atropellos contra trabajadores de Construcción Civil.

Explica que las empresas ejecutan la obra “Ampliación y Mejoramiento Integral  de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado”, y a cada trabajador le vendrían pagando la suma 50 soles diarios.

Lo preocupante de ello –señala- es que el citado consorcio estaría desconociendo los convenios colectivos vigentes del sector de Construcción Civil, al mantener a los trabajadores sin implementos de seguridad industrial, sin boletas de pago y otros beneficios sociales como EsSalud, ONP y Conafovicer.

“En el colmo de todo, en la mencionada obra se habría contratado a personas de mal vivir que los tendrían como personal de seguridad para hacer frente a aquellas personas que realizan los reclamos de su seguridad y beneficios sociales. Eso no es todo, en nuestra casa sindical tenemos quejas de algunos dirigentes que habrían sido ‘visitados’ para ser amedrentados, para que no hagan ningún tipo de reclamo o no sigan reclamando los derechos antes descritos”, señala.

OTROS LUGARES

Esa misma situación –recalca- ocurre en los distritos de Oyotún, Nueva Arica y Tumán, donde las empresas constructoras, con la misma modalidad, habrían contratado a personas al margen de la Ley bajo el tenor legal de libertad de trabajo.

Según Díaz Navidad, lo lamentable es que los dirigentes sindicales han recurrido ante las autoridades competentes para encontrar eco a sus quejas, reclamos y denuncias, pero hasta la fecha nadie les ha hecho caso.

Para evitar ser denunciados por presuntos actos de extorsión por parte de las empresas constructoras ante la policía y ser víctimas deabuso de autoridad, los dirigentes Miguel Ángel Díaz Navidad, Segundo David Santisteban Prada, César Tantarico Palomino y Daniel Fernando Meza Sanjinéz, no han visto mejor manera que recurrir en carta abierta a las autoridades para encontrar auxilio a sus problemas.

De no encontrar respuesta a la problemática expuesta, no descartan salir a las calles para hacer conocer públicamente la problemática que vienen pasando, a fin de ser escuchados por las autoridades nacionales.                

CARTA A LA POLICÍA NACIONAL

Díaz Navidad comenta que acudieron hasta la sede de la II Dirección Territorial de la Policía Nacional para encontrar atención por parte del jefe policial, Jorge Pérez Flores.

Sin embargo, al no hallar una respuesta por parte del jefe policial, el 11 de mayo pasado hicieron llegar una carta abierta en la cual explican la problemática y acciones en contra de los dirigentes que reclaman en favor de los agremiados al sindicato de Construcción Civil.

Así se generó el con Expediente N° 2926-2017 y desde la II Dirección Territorial de la PNP, fue transferido a la Región Policial Lambayeque. En dicho lugar el documento estuvo algunos días para posteriormente, con proveído N° 0798-2017, pasar a la División de Investigación Criminal –DIVINCRI.

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