El asesor legal del Grupo Oviedo y abogado personal de Edwin Oviedo Picchotito, José Carlos Isla Montaño, reveló que en estos momentos la firma empresarial se constituye como la accionista más importante de la agroindustrial Tumán; debido a que tendría la mayoría de las acciones de la azucarera y, por lo tanto, quien tiene ventajas para su control.
Isla Montaño añadió que el Grupo Oviedo tiene las acciones suficientes para coparticipar en el manejo empresarial de la empresa Tumán, con justo y legal derecho desde hace nueve años, debido a la titularidad de las acciones que compró en la Bolsa de Valores de Lima, “tal y como lo pudo haber hecho cualquier persona para convertirse en accionista y teniendo como amparo y protección la Ley del Mercado de Valores”.
“En principio, no estoy autorizado para revelar cuántas o qué cantidad de acciones tiene el Grupo Oviedo en Tumán, esa información no la tengo a la mano, pero solo puedo decir que el Grupo Oviedo tiene una importante participación de acciones y diría que en estos momentos es el accionista más importante de la empresa Tumán”, señaló.
Agregó que, según la actual distribución del capital social – dinero- acciones, en estos momentos los trabajadores, los jubilados y los herederos tendrían menos del 40 % de las acciones.
“El grupo Oviedo representa o constituye el accionista más importante de la empresa Tumán y eso si quieren lo pueden verificar. El Grupo Oviedo tiene las acciones suficientes para coparticipar en el manejo empresarial de la empresa con justo y legal derecho, con acciones que fueron compradas en la Bolsa de Valores, y se adquirieron como lo hubiera hecho cualquier accionista”, recalcó.
CULPA A JUEZ
José Carlos Isla sostuvo que los problemas que ahora se viven en Tumán son de única responsabilidad del juez de Juzgado Mixto de la provincia de Bongará, en Amazonas, José Antonio Bravo Soto, quien de manera recurrente interviene en la jurisdicción de Chiclayo, emitiendo resoluciones judiciales que lejos de dar una solución al problema en la azucarera, más bien “la ha convertido en una campo de batalla”.
“El juez José Antonio Bravo Soto viene siendo investigado por el Órgano de Control Interno por dictar una serie de medidas ilegales en procesos que no son de su competencia y porque con su acción se inmiscuye en la administración de la justicia de Lambayeque. Dicho magistrado pretende arrebatar la empresa Tumán a sus accionistas mayoritarios, los que son copropietarios junto a trabajadores, jubilados y herederos”, detalló.
Añadió que la pretensión se pretende realizar bajo el pretexto de cobrar una deuda u obligación de pago de 19 mil bolsas de azúcar que supuestamente se le deben a la Empresa Alimenta Perú SAC.
“El señor José Antonio Bravo Soto es uno de los culpables de la crisis que se vive en Tumán”, afirmó.
Explicó que en el país toda empresa, tratándose de una sociedad anónima, tiene órganos de gobierno, una junta general de accionistas, un directorio y una gerencia general, conformación que fue restituida por un mandato del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, a cargo de la juez Luz Karina Fabián Palomino, quien de manera contundente y justificada, mediante resolución judicial, ordenó que retorne la legalidad y la empresa vuelva a sus verdaderos propietarios.
“Este juez, so pretexto de cobrar una deuda que es inexigible e ineficaz, ya que quien supuestamente endeuda a la empresa Tumán es el señor César Sandoval, ex administrador judicial, cuando ya no tenía facultades para hacerlo, pretende arrebatar el manejo de la empresa a sus accionistas y entregarla a Alimenta Perú SAC para que se cobre una deuda ficticia”, aseveró.
CUARTO DIRECTORIO
Isla Montaño dijo que la única solución al problema en la empresa azucarera Tumán es la elección de un nuevo directorio, el cual deberá elegirse en Asamblea General de Accionistas el próximo 4 y 9 de julio, en primera y segunda asamblea. Refiere que no existe otra salida al problema.
Detalla que el directorio que actualmente se encuentra en la empresa es solamente un órgano de transición y conforme a ley se ha convocado a la Junta General de Accionistas, para que sean los trabajadores, jubilados, herederos y accionistas los que tengan voz y voto para elegir a su nuevo órgano de gobierno.
“El IV Directorio es un órgano de transición y hay que rescatar y resaltar la buena fe y el acto de desprendimiento de este directorio, al haber convocado a una junta de accionistas para el próximo 4 y 9 de julio para que sean los accionistas, trabajadores, herederos y jubilados quienes elijan a sus propios representantes”, acotó.
Sostuvo que se espera que se haga la convocatoria tal y como ha quedado establecida hasta el momento, y a cambio el Grupo Oviedo ofrece transparencia para que la votación de los accionistas refleje la voluntad de cada trabajador, heredero, accionista, y en el nuevo directorio se elija un representante de los accionistas, otro de los jubilados, otro de los trabajadores y también de los herederos.
¿OVIEDO PATROCINADOR?
Carlos Isla negó que el Grupo Oviedo sea el patrocinador del IV Directorio que preside Wigberto Cabrejos, pero no pudo negar que algunos directores hayan sido propuestos por el capital social que representa el Grupo Oviedo.
“Algunos de los directores fueron propuestos por el grupo Oviedo en defensa del capital social que en la actualidad se tiene en juego y tiene que ser cuidado”, dijo.
Resaltó el pedido que ha hecho el accionista más importante de la empresa Tumán, Edwin Oviedo, al invocar al IV Directorio para que convoque a una Junta General de Accionistas, y sean los copropietarios los que designen a sus propios representantes.
“La convocatoria ya ha sido efectuada. Nosotros garantizamos la transparencia de ese proceso electoral; es más, invocamos la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Prefectura y de cualquier organismo público y privado que quiera participar para darle transparencia al acto a desarrollarse en el mes de julio”, indicó.
Detalló que el Grupo Oviedo considera que la convocatoria a Junta General de Accionistas para elegir a un nuevo directorio que gobierne por dos años, es la solución al problema que en la actualidad se vive, y de paso se dejen de lado las administraciones judiciales.
COMUNICADO DE LA PCM
En referencia al Comunicado que la Presidencia del Consejo de Ministros –PCM, publicado el miércoles último con el afán de restablecer el orden público en la empresa Tumán, Carlos Isla afirma que en el país existen normas que tiene que respetarse y una de ellas es la que salvaguarda los intereses de la empresa y de las personas.
El quinto punto del comunicado señala: “Sin perjuicio del respaldo policial que el Ministerio del Interior ha dispuesto en la zona por el mandato judicial expedido por el Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, de no contenerse la situación de violencia en Tumán, el Gobierno tomará todas las medidas adicionales que la ley le faculta para garantizar la seguridad de la población”.
Explicó que existe el código penal, así como normas que tienen que respetarse y los actos de vandalismo, los que han sido calificados por el propio jefe de la Policía en la región, general Jorge Pérez Flores, son evidentes.
“Los actos de violencia vienen siendo cometidos por gente contratada, que sin ningún reparo se enfrenta a la policía, dispara avellanas y artefactos pirotécnicos peligrosos contra el cuerpo de los policías, simplemente porque no tienen nada que perder”, sostuvo.
Precisó que corresponde al gobierno central poner orden frente a los actos de violencia que se registran en Tumán.
“Saludo la intervención de la PCM, y es más que seguro que los accionistas de Tumán están totalmente de acuerdo. Condenamos esos actos de violencia, pero ya es hora que tanto el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen en defensa de la legalidad y el orden público”, profundizó.
Comentó que el martes último se abrió la investigación penal en el Ministerio Público contra los presuntos implicados en los disturbios, bloqueos de carreteras y atentados contra los trabajadores, al impedir el acceso de las personas que a diario circulan por la zona.
“En el comunicado también se manifiesta que se respeta la autonomía de poderes, lo que está garantizada por la Constitución Política del Perú. Tenemos un Poder Judicial, un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo, y en base a esa separación y autonomía de poderes es que la juez del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo emitió una decisión firme”, afirma Carlos Isla.
ANTONIO BECERRIL
En cuanto a la designación de Antonio Becerril Rodríguez como gerente general de la empresa Tumán, Carlos Isla destacó que esa decisión la tomó desde un principio el directorio de la azucarera, cuyos integrantes votaron por unanimidad.
Isla Montaño dejó de lado e intentó desconocer los conflictos internos suscitados entre Antonio Becerril y el Grupo Oviedo, cuando estuvo al frente de la gerencia general de la Empresa Agroindustrial Pomalca, afirmando que reconoce la trayectoria y experiencia que este tiene en la industria azucarera.
“Antonio Becerril ha gerenciado cinco empresas azucareras y no cabe duda que se trata de una persona que conoce de la industria azucarera, y es la ideal para el cargo”, explicó el letrado, sin mencionar las razones por las cuales Becerril Rodríguez abandonó la gerencia general de la empresa Pomalca.
Añadió que en la actualidad no existe denuncia o investigación alguna contra Antonio Becerril y que las que hubo en determinado momento fueron archivadas al no existir o habérsele encontrado responsabilidad alguna.
“Las desavenencias que tuvo con la señora Aurea Oviedo, una de las integrantes del Grupo Oviedo, han quedado archivadas”, recalcó el abogado.
CON FERNANDO O’PHELAN
Carlos Isla también se refirió al presidente de la ONG Pro Justicia, Fernando O’Phelan Pérez, quien luego de haber sido un duro crítico de las acciones del Grupo Oviedo en las azucareras Pomalca y Tumán, ahora aparece como uno de sus principales aliados y apoya el reingreso al control y administración de la empresa.
“Este señor fue un duro crítico de la gestión, denunciando actuaciones presuntamente ilegales. Sin embargo, han transcurrido dos años y el tiempo se ha encargado de demostrar que no somos responsables de ningún acto ilícito. Demostramos que las graves imputaciones que recayeron sobre el Grupo Oviedo y el señor Edwin Oviedo son falsas. No lo digo yo, si no la Corte Suprema en sentencia de última instancia”, mencionó.
Isla Montaño indicó que “todas las acusaciones contra el Grupo Oviedo fueron patrañas con la única intención de hacer daño y despojarlos de la empresa Tumán”.
Finalmente agregó que Fernando O’Phelan tendrá que responder por sus actuaciones. Dijo que Pro Justicia participa en la fiscalización de las empresas en crisis.
“Supongo que él actúa de buena fe y cuando criticó al Grupo Oviedo lo hizo en defensa de los intereses de la empresa y los trabajadores, pero hemos demostrado que todas esas imputaciones fueron falsas, y por ello se nos ha restituido el manejo de la empresa”, recalcó.
FALTA DE COMUNICACIÓN
El abogado hizo un mea culpa y reconoció que durante el período que el Grupo Oviedo estuvo al frente de la empresa Tumán se cometieron errores, originados por una deficiente comunicación, especialmente con la masa laboral, con los accionistas, con los jubilados y los herederos.
“Uno de esos errores o excesos que se cometieron, fue no haberles trasmitido las cosas que se venían haciendo, las que eran en favor del desarrollo de la empresa”, explicó, remarcando que también hubo aciertos, como por ejemplo que después de 30 años se paguen utilidades a los trabajadores. También hubo inversión en el campo y en la misma fábrica de azúcar.
“Hasta hace dos años los pagos eran al día, los pagos de las deudas con SUNAT y EsSalud se venían cumpliendo de manera puntual”, puntualizó.
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