Iván Fernández Paz trabaja hace más de 20 años en la promoción del Proyecto Jurados, un sistema que busca la democratización del sistema de justicia en el país y a través del cual – asegura – pueden lograrse mejores resultados que con los mecanismos que actualmente se aplican para la persecución y sanción de los delitos. Expresión conversó con el abogado chiclayano, quien comparte en la siguiente entrevista su análisis de la situación judicial en el Perú, poniéndose énfasis en la necesidad de una reforma con participación ciudadana.
¿Cuál es su análisis del sistema de justicia general en el país?
Emitir análisis al respecto, es quedar corto ante innumerables apreciaciones técnico-objetivas efectuadas por expertos en la materia, las que al ser contrastadas con la percepción del ciudadano lego, quien de manera tácita-subjetiva conoce que nuestra justicia y su cúspide, llamada Poder Judicial, no funcionan.
En lo personal me he orientado más a plantear soluciones al problema, sujeto a diagnósticos varios; pues este enfermo llamado Perú está para operarlo ya, no para más análisis.
¿Cuáles cree que son los principales problemas de la justicia en el Perú?
Al ser diversos los problemas, circunscribiré estos a lo negado al pueblo, no obstante estar expuesto de manera taxativa en nuestra actual y vigente Constitución Política, la de 1993.
El artículo 45 señala que el poder del Estado emana del pueblo. Ejecutivo y Legislativo sí son Poderes del Estado, nos guste o no, porque estos provienen del voto o sufragio popular, pero no sucede lo mismo con el dizque Poder Judicial, por cuanto la esencia principal de poder decae por falta de legitimidad y voluntad popular en su manifestación democrática de libre elección.
El artículo 138 indica que la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial. Siendo espíritu motivado del constituyente establecer una nación con efectiva justicia social, se motivó en otorgar al pueblo el omnipotente poder que solo brinda la justicia, hecho real en naciones anglo-norteamericanas. Lamentablemente, en nuestro afán desmesurado de profesionalizar todo, hemos profesionalizado en extremo la justicia, reservándola solo para los abogados, desvirtuándola, llevándonos a ser un país en extremo legalista, mas no justiciero; razón por la cual vemos a diario como con la ley se le hace trampa a la justicia.
El artículo 139, inciso 17, refiere la participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley, razón adicional para asegurar que nuestro sistema no es democrático al hacer caso omiso al soberano, y en su lugar sacándole la vuelta se creó una institución de fachada pseudo democrática denominada Consejo Nacional de la Magistratura. Desde 1983 este inciso constitucional duerme el sueño de los justos en favor de injustos; sin norma orgánica alguna, continuamos favoreciendo intereses mezquinos; activando esta ley el CNM no tendría razón de ser, advertimos que, tal futura elección deberá ser exenta de partidarismo político alguno, con participación de universidades locales, usual en otras naciones.
Finalmente, el artículo 149 señala que las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las rondas campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. En consecuencia, aseguro que siendo la justicia virtud cardinal inherente a todo ser humano, al igual que el amor no necesita de profesionalización alguna, cuando eso sucede se corrompen. Notable excepción y palpable realidad es manifiesta en zonas marginales de nuestro territorio avaladas por el pueblo; ante lo cual, resulta irónico entender porque en zonas de escasa educación la justicia no profesional funciona bien. Puede tener exabruptos, pero funciona. Seamos conscientes, la Justicia no tiene profesionales, el abogado es profesional de la ley la cual a veces no es justa, para corregir eso, adecuado es la participación ciudadana.
De lo indicado hasta ahora por el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, quien no ha dudado en autocriticar la situación de la justicia en el Perú, ¿qué es lo que más destaca y por qué?
Destaco eso mismo, la autocrítica porque son buenas intenciones de forma, mas no de fondo; no obstante, mientras no se involucre al ciudadano en su sistema de justicia, seguiremos en lo mismo. Por otro lado, el doctor Rodríguez conoce nuestro accionar; de paso, sabemos que él es asiduo defensor de la justicia comunal y consuetudinaria, pero no lo hemos visto explayarse en ese sentido. ¿Será que el tema incómoda a sus pares magistrados?
Rodríguez Tineo ha señalado que se necesita duplicar el número de jueces en el país, que actualmente asciende a más tres mil. ¿Comparte su opinión?
Respeto su opinión, mas no la comparto. La historia nos muestra millones de dólares gastados en intentos similares que han servido de poco, casi nada; considero que hoy se expone una versión fallida de reforma más.
Entre 1990 y el 2000 el gobierno de Fujimori, Vladimiro Montesinos y la Cúpula Cívica Militar se gastó 280 millones de dólares con pretexto del terrorismo y se apoderó del sistema de justicia en todas sus instancias. Con el autogolpe del 5 Abril se despidió a todos los magistrados, creó los tribunales sin rostro y empezó la mayor corrupción en la judicatura, situación latente hasta hoy.
Los gobiernos de Paniagua y Toledo se gastaron 411 millones de dólares con el asunto del CERIAJUS. Se implementó Nuevo Código Procesal Penal y se cuadriplicó el sueldo a magistrados para evitar que se corrompan, situación que continúa.
El segundo gobierno de Alan García invirtió 350 millones de dólares en Jueces Ciudadanos, una vez más copó las instancias del Poder Judicial y el Ministerio Público, estableció la conciliación y arbitraje, dejó una infraestructura judicial deficiente, terminando con el escándalo de los “Narcoindultos”, entre otros.
El gobierno de Ollanta Humala, con la justicia orientada a la equidad social, destinó un reducido presupuesto al sector justicia, se incrementó la delincuencia y más escándalos en el sector.
Según lo expuesto, aseguro que duplicar el número de jueces no es la solución, esto ya se hizo. La solución de la reforma está en democratizar la justicia, involucrando al pueblo en su conjunto, situación que cada vez más naciones adoptan emulando al sistema anglo-norteamericano.
¿Cuál es su percepción de la justicia en Lambayeque? ¿Qué hace en el espacio local tan cuestionado al sistema?
Según Gallup y Transparencia Internacional, el Perú tiene uno de los peores sistemas de Justicia del mundo. A nivel nacional sabemos que el Distrito Judicial de Lambayeque es uno de los peores del Perú, salvo honrosas y escasas excepciones; en resumen tenemos lo peor, de lo peor.
El cuestionamiento está en ver que por temas de justicia vinculados a un poder perjudicial, inserto en nuestra sociedad, relacionado a litigios de las ex cooperativas agrarias, hoy tenemos y seguiremos teniendo muertos; soslayando álgidos problemas de corrupción y delincuencia no solucionados.
¿En qué sentido es necesaria la reforma judicial?
En el sentido eminentemente democrático. En mis conferencias menciono que: “La democracia es justicia, sí y solo sí la justicia es democrática”; en tal sentido la reforma judicial debe de estar orientada a la participación plena y vinculante del ciudadano, siendo sus opciones más adecuadas el juicio por jurados, la instauración del Gran Jurado adscrito al Ministerio Público, y la elección popular de magistrados sin intromisión política partidarizada alguna.
Existen otras manifestaciones importantes democráticas en el sistema de justicia, desconocidas aquí y que si son conocidas han sido poco valoradas. Hoy el ciudadano está obligado a conocer para así aportar al cambio que requiere su país.
¿Por qué asegura que el sistema judicial peruano no es verdaderamente democrático?
No es democrático en sus instancias supremas o elevadas, que son las más importantes o la carne. Solo se le ha dejado al pueblo la opción o hueso de la ronda campesina y jueces de paz no letrados, ambos sin efecto vinculante y mucho menos imperativo. En consecuencia, es infamia y oprobio el que la clase política no le otorgue al pueblo lo que esencialmente le pertenece: su justicia democrática.
¿Cuáles cree que son los temores para que aplique en el Perú el sistema de justicia por jurados?
Temores varios, principalmente en aquellos que le hacen daño a la nación, se escudan en el no estar preparados o es otro sistema, reniegan del tema sin conocerlo siquiera; lo aseguro, luego de haber visitado diversas universidades del Perú: el tema no se expone, tampoco se debate, resultando tabú y hasta sacrilegio otorgarle el poder de la justicia al pueblo; pero he percibido cambios, hoy el tema se torna de interés en politólogos, sociólogos, antropólogos, educadores y hasta psicólogos. Por cuestiones doctrinarias, por el momento, este no es viable por la ruta de abogados.
Tengo más de 30 años laborando como analista de sistemas informáticos, ingeniería de sistemas redes y comunicaciones, estudié Derecho y Ciencias Políticas no para ser abogado, sino para defender el Proyecto Jurados y alegar en sus foros la propuesta, pues son los colegas quienes más se oponen al cambio. Sin embargo, alardean ser demócratas, les hablas de democratizar el sistema de justicia y se hacen los desentendidos.
¿Han existido gestiones legislativas en ese sentido?
En las cinco primeras Constituciones Políticas del Perú, de 1823 a 1856, se menciona instaurar el juicio por jurados. Lamentablemente fue Ramón Castilla quien lo eliminó de la Constitución, al ser presionado por las corrientes intelectuales ortodoxas de aquellos tiempos, quienes no soportaban la idea de ser juzgados por el pueblo.
Llevamos la propuesta al Ejecutivo en agosto del 2006 y al Congreso en marzo del 2007, expusimos ante la comisión de Justicia y Derechos Humanos, pero no tuvo la acogida merecida. Los asesores, abogados, al instante la rechazaron. Fuimos invitados a Palacio de Gobierno para exponer el tema y por cuestiones ajenas a nosotros se postergó tal reunión. ¡Oh sorpresa! Pocos meses después Alan García lanzaba con nuestro argumentos presentados su Proyecto de Ley N° 748-2006 - “Dos Jueces Ciudadanos”; situación que si bien es cierto tenía una esencia de jurados, también es cierto que no resultó congruente en su número, entre otros conexos.
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