Durante el año 2010 el proveedor Walter Arturo Gonzales Segura, se convirtió en el preferido de los contratos por servicios en la Municipalidad Distrital de Pimentel. Era constructor de puentes, también guardián y personal de limpieza de local edil, e incluso alquilaba maderas para obras.
Por la ausencia de la defensa técnica de algunos de los exfuncionarios de la municipalidad de Pimentel, para quienes el Ministerio Público ha solicitado siete años de cárcel, se suspendió por cuatro meses más el juicio oral contra el ex alcalde del primer balneario del norte, Roberto Jacinto Purizaca, y sus principales funcionarios María Magdalena Beltrán Zuloeta, José Luis Peña Camino, Josue Jesús Galán Ramírez, Yuliana Margot Cabrejos Dávila, Víctor Hugo Figueroa Mundaca y Segundo Alberto Escobar Rugel, así como contra el proveedor Walter Arturo Gonzales Segura.
El juicio debió haberse instaurado el pasado 27 de abril en el Séptimo Juzgado Unipersonal, por el delito contra la administración pública, en la figura de colusión.
Debido a la ausencia de los abogados, la juez Nivia Correa Jibaja tuvo que fijar nueva fecha, la quedó establecida para el 24 de agosto, a las 8:30 de la mañana, pero en este caso se notificará al Ministerio de Justicia parta que designe cuatro abogados de oficio, los que asumirán la defensa en caso algunos de los defensores no concurran.
LA HISTORIA
El 27 de febrero del 2012, el Procurador Público Municipal de Pimentel, Emilio David Cuadra Alemán, formuló denuncia penal ante el Ministerio Público contra el exalcalde Roberto Jacinto Purizaca y sus funcionarios por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de corrupción de funcionarios, colusión y peculado, en agravio de la comuna.
Conforme se detalla en el expediente judicial N° 05930-2012-56-1706-JR-PE-5, tras varios meses de investigación se establecieron tres hechos. El primero de ellos es que el 24 de diciembre del 2010, la administración municipal de Pimentel, representada por su gerente municipal, María Magdalena Beltrán Zuloeta, suscribió un contrato por locación de servicios con Walter Arturo Gonzales Segura, por mano de obra de la construcción del puente de concreto armado en el sector rural “El Higo- Ipanaqué”.
La obra tenía un costo de 10 mil 500 soles y su ejecución duraría 25 días. La forma de pago se efectuaría con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano, previa valorización emitida por el residente de obras, Luis Alberto López Aguilar, quien emitió la carta N° 0020-2010/Residente-obra-puente “El Higo”, con la valorización proyectada al 31 de diciembre del 2010, la cual ascendía a cuatro mil 372.49 soles.
Sin embargo, el 31 de diciembre el área de Logística, a cargo de Josué Jesús Galán Ramírez, elaboró elabora la Orden de Servicios N° 9701 por el importe de 10 mil 500 soles.
Una vez autorizado el giro del cheque – reza el expediente judicial – N° 58762025, firmado por la tesorera Yuliana Cabrejos Dávila, se le hizo entrega al contratista Walter Arturo Gonzales Segura por el importe de 10 mil 500 soles, cuando al 31 de diciembre la obra solamente tenía un 40 % de avance. Para el pago total del dinero, sin que la obra se haya concluido, se tomó como referente el expediente SIAF N° 05193, con comprobante de pago N° 22188.
SEGUNDO CASO
En mérito al Informe N° 1140-2010-MDP/GSP, dirigido al exalcalde, el ingeniero Víctor Hugo Figueroa Mundaca, en su calidad de Gerente de Servicios de la Municipalidad Distrital de Pimentel, solicitó la contratación de personal de apoyo para cubrir la guardianía del local “La Estación”, proponiendo para este trabajo a Walter Arturo Gonzales Segura, quien el 1 de diciembre del 2010, mediante contrato N° 168-2010-MDR, fue contratado por la Gerente Municipal María Beltrán Zuloeta, siendo el objeto la prestación del servicio de guardianía por 24 horas al día y limpieza del local antes descrito.
Por ello, iba a recibir una retribución de mil 900 soles por servicios prestados entre el 1 y el 31 de diciembre del 2010.
Lo extraño es que si tenía un contrato para laborar como guardián a tiempo completo, cómo es que el mismo mes, el 24 de diciembre, fue contratado por la municipalidad como constructor del puente en “El Higo-Ipanaqué”.
Para el Ministerio Público esto evidencia un acto de concertación entre los funcionarios de la municipalidad Walter Arturo Gonzales Segura.
TERCER CASO
Conforme se detalla en el expediente judicial, en noviembre del 2009, el contador público Segundo Alberto Escobar Rujel, quien cumplía funciones de Gerente Municipal en la comuna pimenteleña, suscribió el Contrato de Locación de Servicios N° 110-2009 –MDP, con Walter Gonzales Segura por el alquiler de madera para la construcción de veredas en el cercado del distrito.
En la acusación fiscal se detalla que la obra se realizó en la cuadra cuatro de la calle Lima, cuadra dos, tres y cuatro de la calle Chiclayo, así como la cuadra uno y dos de la calle Torres Paz. Para justificar el alquiler– se detalla en el expediente judicial- el gerente de Desarrollo Urbano explicó en su Informe N° 003-2009-GDU-MDP, que el monto a cancelar de tres mil 500 soles era mucho menor al del expediente técnico que disponía un gasto en compra de seis mil 681.65 soles.
De acuerdo a la investigación desarrollada por el Ministerio Público, la Cámara Peruana de la Construcción -Capeco – hizo conocer en informe que la madera se puede utilizarse hasta 10 veces, ya que en cada obra se consume el 10 % de su valor, lo que claramente demuestra que causó un perjuicio económico a la comuna de Pimentel.
Asimismo, el Ministerio Público descubrió que se utilizó el mismo contrato N° 110-2009-MDP, para la construcción de veredas en el cercado de Pimentel, cuadra seis y siete de la calle Chiclayo, cuadra tres y cuatro de la calle Buenos Aires y la cuadra dos de la calle Grau, bajo el argumento que la obra era continuación de la construcción de las calles Torres Paz, Chiclayo y Lima.
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