Durante más de 15 años, Francisca Mata Acosta laboró como docente del Instituto Superior Tecnológico Privado Manuel Mesones Muro ´ Master System, período tras el cual fue cesada sin que se cumpla con el reconocimiento de sus beneficios laborales, lo que dio pie a la demanda contenida en el Expediente N° 2091-2014, seguida en el Octavo Juzgado de Trabajo Transitorio de Chiclayo.
Varios son los obstáculos que Mata Acosta ha tenido que enfrentar para que se haga justicia a su favor. Siendo adulto mayor y paciente oncológica, el Poder Judicial ha dado hasta el momento señales de retraso en la solución de la controversia, en la que funge como abogado defensor del centro de estudios el actual jefe del Centro de Gestión Tributaria ´ CGT de Chiclayo, Nicolás Mondoñedo Chávez, hijo de la hoy jueza suprema Magdalena Chávez Mella.
INICIO DEL PROCESO
El 10 de junio del 2014, el juez Manuel Mendoza Zavaleta, emitió la Resolución N° 2 del Expediente 2091-2014, por la cual admite a trámite la demanda de pago de beneficios sociales y/o indemnización u otros beneficios económicos interpuesta por Francisca Mata Acosta contra el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Manuel Mesones Muro ´ Master System e Instituto Alma Mater SAC.
El dicha resolución, el magistrado ordenó que tanto demandante como demandada se apersonen a la audiencia de conciliación que se declaró improcedente, iniciándose desde entonces la dura batalla legal de Mata Acosta para que se le reconozcan sus beneficios laborales, consistentes en Compensación por Tiempo de Servicios ´ CTS, vacaciones, gratificaciones y demás importantes que la empleadora no cumplió con abonar durante el período en el que trabajó como docente de la carrera de Secretariado Ejecutivo Bilingüe.
VICIOS
En el desarrollo del proceso se han materializado diversas anomalías que han motivado la acción de la defensa de la exdocente en salvaguarda de su derecho al debido proceso y al acceso a la justicia.
Actualmente el caso se encuentra en manos de la jueza Clara Odar, quien ha sido quejada ante el Órgano Desconcentrado de Control de la Magistratura ´ ODECMA, debido a que bajo su tutela, ocurrieron los hechos materia de cuestionamiento.
Gabriela Vidarte Mata, hija de la demandante, quien tiene participación en el proceso por el poder por acta conferido por su madre, denuncia, por ejemplo, que en una oportunidad se extravió el audio de audiencia y, en otra, la jueza Clara Odar Puse la expulsó de la audiencia aun cuando está debidamente acreditada para participar del proceso.
"La injusticia indigna, peor aun cuando se trata de un ser tan querido como una madre. Yo no sabía que el abogado del instituto es hijo de una jueza suprema, una persona con bastante influencia. Al parecer, hay una mano negra. No es posible que se haya perdido un audio y el video de una audiencia, que hayan notificado a casillas inexistentes, que nos digan que la jueza esté de licencia cuando no es así y nos reprogramen las audiencias de un año para otro. Las anomalías y las aberraciones las comete el mismo Poder Judicial. Cualquiera, hasta un ciego, se daría cuenta que en este proceso hay una mano negra. ¿Por qué?, ¿defendiendo los intereses de quién?", señala.
Añade que de acuerdo a la nueva Ley Laboral Procesal debe aplicarse celeridad a los procesos, más si se trata de demandantes adultos mayores.
HíBEAS DATA
Vidarte Mata comenta incluso que fue necesario recurrir en una acción constitucional de habeas data para que el instituto, cuyo promotor es el exregidor de la comuna provincial de Chiclayo Víctor Alfaro La Torre, alcanzara la documentación de la relación laborar que mantuvo con Francisca Mata.
El proceso de hábeas data fue ganado por Mata Acosta, imponiéndole el Poder Judicial multas económicas al instituto por negarse a la alcanzar la información requerida.
"Los documentos que pedíamos no eran alcanzados. No había otros medios probatorios porque no había un contrato, los pagos se realizaban previa firma de un libro y de manera casi clandestina. Por suerte existían las actas y registros de notas que sustentaban la permanencia laboral de mi madre en la institución", refiere.
"En una audiencia el señor Alfaro llegó a decir que mi madre era una analfabeta, una ignorante, una profesora de quinta. ¿Cómo es posible que tenga ese trato para con sus extrabajadores?", cuestiona Gabriela Vidarte.
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