En una carta pública, enviada a las redacciones de los diferentes medios de comunicación, el empresario Carlos Roncal Miñano, invoca al Ministerio Público a que sea objetivo, imparcial y proporcional en las investigaciones que realiza en su contra.

Desde la clandestinidad, Carlos Roncal, revela que su libertad se encuentra afectada por “una acusación mal intencionada, armada desde la cárcel por un delincuente, convicto y confeso, un abogado y un fiscal” que se habría prestado al juego, para hacerle daño y refundirlo el prisión, tan solo, presuntamente, por haberse negado a “arreglar” y presumiblemente a pagar una fuerte suma de dinero para no ser involucrado en el asesinato del auditor de la SUNAT, Luis Cieza Herrera.

En la misiva, la cual es de dominio y conocimiento público, revela que días antes al operativo desarrollado por la Fiscalía Contra el Crimen Organizado de Lambayeque, el 3 de noviembre del 2016, fue tentado a una extorsión por un abogado de quien por el momento ha decidido mantener su nombre en reserva.

¿EXTORSIONADORES DE ALTO NIVEL?

El letrado –según la misiva- le reveló que iba a tener problemas con la justicia y que él podía ayudarlo porque es amigo del fiscal principal que estaba viendo el caso, cuyo nombre también se mantiene en reserva por el momento.

Indica que ante la extraña propuesta, sin especificar si le pidieron dinero o no, así como qué cantidad, su respuesta fue negativa, diciéndole que no tenía “por qué temer a los problemas legales ya que su conciencia estaba tranquila”, y no había cometido ningún acto al margen de la ley y que en todo caso esperaría la citación de la fiscalía o de la policía.

“Me  permito hacer llegar la presente para que la tomen en cuenta como ilustración frente a los hechos e investigaciones de la supuesta organización criminal ‘La hermandad del norte’, en la cual el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, me imputa cargos relacionados a la muerte del señor Luis Cieza Herrera, funcionario de la SUNAT”, detalla en una parte de la misiva.

SUPUESTO PLAN

Relata que en febrero pasado sus abogados tuvieron acceso a la carpeta fiscal donde se plasman las declaraciones de los colaboradores eficaces, enterándose que el letrado que en octubre del 2016 lo fue a “visitar” para “alertarlo” de una investigación en su contra era defensor del colaborador eficaz signado con el código 15012016.

Lo más extraño de todo – narra en la misiva- es que “con el transcurrir de los días se hizo público a través de los medios de comunicación que el citado colaborador eficaz 15012016 también registra otro código por parte del Ministerio Público”, uno de testigo clave N° 012016.

“Por parte del Ministerio Público existe una presunta irregularidad e ilegalidad, frente a los hechos reales, no descartándose que puedan existir malos elementos que pretenderían sacar provecho del derecho, abusando de la responsabilidad y confianza que el Estado ha depositado en ellos”, señala.

Lo más extraño de todo – sigue narrando en la carta- es que al verse descubierto, el letrado “negociador” renunció a seguir como abogado defensor del delincuente que el Ministerio Público hasta el momento tiene como colaborador eficaz.

“Cuando mis abogados tuvieron acceso a la carpeta de los colaboradores eficaces, nos enteramos que este abogado era defensor del delincuente con código 15012016, tal como está registrado en la carpeta fiscal. Con el transcurrir de los días se hizo público que este colaborador eficaz 15012016 también tiene el código de testigo clave 01 2016 y se descubrió la irregularidad e ilegalidad, frente a estos hechos reales, este mal abogado renunció como defensor del delincuente, que es colaborador y testigo”, reza otra parte de la carta de Roncal Miñano.

Por estas razones el empresario se pregunta el porqué de la renuncia del abogado y por qué la Fiscalía no se percató de esta situación aparentemente anómala.

“Frente a los hechos reales actuales, en el curso de la investigación, donde se han descubierto hechos delictivos a través de unos manuscritos incautados a personas que están privadas de su libertad, me hace pensar, con más convicción, que soy víctima de un complot, con el único propósito de recluirme en la cárcel”, redacta en el documento.

PROTEGERÍAN AL ASESINO

Añade que, como es de público conocimiento, un empresario habría enviado a una persona a ofrecer una fuerte suma de dinero con la única finalidad que incriminen hechos relacionados a la muerte de personas, y que esto le hace pensar que alguien sació la sed de dinero para inculparlo o meterlo como sea dentro de esta red criminal y distraer al verdadero asesino del ex funcionario de SUNAT.

“Estos hechos reales que estoy manifestando, lo hago desde la clandestinidad y también los haré saber personalmente a la Fiscalía cuando se me den garantías de respeto a mis derechos fundamentales para apersonarme a la investigación”, detalla.

De igual  manera, señala que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, “mucho más cuando las imputaciones hechas por un colaborador eficaz no pueden ser corroboradas con hechos reales y concretos por parte del Ministerio Público”.

“A través de este documento invoco, no desafío, exhorto al Ministerio Público a que sea objetivo, imparcial y proporcional en sus investigaciones, tal como manda la ley. No por el hecho que haya una imputación contra mi persona yo debería ir a prisión, para que después de 36 meses preso, me digan: “Usted tenía razón, es inocente” y recién pueda recobrar mi libertad”, acota en la misiva.

Explica que le asiste el derecho de hacer respetar sus garantías constitucionales, tales como la libertad y la presunción de inocencia.

“Pregunto señores periodistas, ¿quién paga el daño hecho a mi persona? ¿Lo hará el señor fiscal a cargo de la investigación?, ¿lo hará la juez?... No, nadie pagará el incalculable daño moral, económico, empresarial hecho a mi persona y a toda mi familia”, sostiene.

SIN VÍNCULO

Señala que después de haber revisado los celulares de las personas que supuestamente coordinaban con él, los fiscales no han encontrado ningún vínculo con su persona, especialmente con Alexander Siesquén Sampén, sindicado por el Ministerio Público como su intermediario.

“A ese señor no lo conozco, tal como lo demuestran los videos del seguimiento al que estuve sujeto durante meses. No hay ninguna evidencia de que me haya reunido con algún miembro de esta organización criminal.  Todos estos hechos están en la carpeta fiscal, pero sin ningún sustento y mucho menos haberse comprobado”, sigue narrando en la misiva.

Carlos Roncal exhortó a los administradores de justicia a que actúen de acuerdo a ley y también al Poder Judicial, que actúe como un árbitro que garantice el debido proceso, así como a enterarse bien de los requerimientos solicitados por el Ministerio Público, los que deberían estar bien fundamentados como manda la ley, para que el proceso sea justo para cualquier ciudadano.

“Como empresario y ciudadano,  soy respetuoso de las instituciones democráticas de nuestro Estado, confío que tenemos magistrados muy profesionales y que hacen honor a la investidura que la sociedad les ha encargado. Solo espero que se haga justicia, como cualquier ciudadano que ha visto que han atropellado sus derechos fundamentales”, explica.

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