El objetivo es evitar que irregularidades constructivas queden sin sanción.
La actualización de los planes de desarrollo urbano y el ordenamiento territorial es uno de los procesos que en el nivel central se busca alentar con la modernización de reglamentos y normas. Sin embargo, a decir del decano del Colegio de Arquitectos del Perú, Arturo Yep Abanto, las medidas que promueve el gobierno nacional requieren de revisión, porque no se estaría considerando la realidad técnica de los gobiernos locales y regionales.
El representante de la orden explica que lo que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha planteado es la actualización de los clásicos planes urbanos y ha aprobado un nuevo reglamento de acondicionamiento territorial, que en lo real representan una reforma, debido a que incorpora nuevos tipos de zonificación.
Por ejemplo, inserta las “zonas receptoras de coeficiente de edificación”, las “zonas generadoras de coeficiente de edificación”, y la “zonificación inclusiva”.
“Son conceptos nuevos, evidentemente, pero en nuestra opinión no son suficientes para resolver los problemas que enfrentan las ciudades”, advierte el decano.
LOS CONCEPTOS
Yep Abanto, quien se ha desempaño como Director del Instituto Urbanismo y Planificación del Perú, explica que los dos primeros conceptos están referidos básicamente a proteger las zonas monumentales, que constituyen patrimonio histórico. La visión de este nuevo reglamento está más orientada a aquellas ciudades declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Respecto de la zonificación inclusiva, indica que se permite dar premios de densidades, cuando plantea proyectos de interés social en los que estarían comprendidos los proyectos de Mi Vivienda y Techo Propio.
“En esos casos se dan premios para densificar, pero también hay que tener cuidado. No solo se trata de aumentar la densificación, sino también de preparar la infraestructura urbana para poder recibir mayores niveles de densificación. Y ahí los conceptos entonces no están incorporados en el nuevo reglamento, que es lo que el Colegio de Arquitectos propone: hacer un debate sobre el reglamento y que no se diga que este es fijo, que hoy tenemos que cumplir y aceptar en este proceso de actualización de los planes urbanos”, señala.
Sostiene que se debería iniciar un debate para ver qué otros componentes son necesarios incluir como instrumentos de gestión urbana, como, por ejemplo, todo aquello que implique complementos a la infraestructura urbana existente.
“La Ley de Ordenamiento Territorial todavía no ha salido. El colegio de ha pronunciado al respecto y lo interesante es que actualmente el Congreso está revisando una nueva ley de gestión del suelo urbano y en esta hay un nuevo concepto que se está señalando: cuando el gobierno, sea regional o local, hace una inversión pública genera beneficios y estos son directamente percibidos por los propietarios de los predios comprendidos en las áreas de mejoramiento. Sin embargo, ese mayor valor que se genera a partir de una inversión pública no es recogido por el Estado, por ello con la nueva ley se busca que algo de estos beneficios, la plusvalía, retorne a los gobiernos locales para que se contribuya a seguir mejorando la infraestructura urbana”, menciona.
Una forma de recuperar parte de la inversión estatal podría ser a través del incrementó de la tasa de alcabala. Sin embargo, Yep Abanto refiere que es necesario considerar que tampoco se puede aplicar el incremento del impuesto cuando todavía no se ha rentabilizado el beneficio de la obra pública.
“Vale la pena señalar que no existe un solo instrumento de gestión financiera, hay diferentes formas de recaudación. Lo importante es que cuando estas medidas se tengan que aplicar haya cierto consenso para que no se genere rechazo en la población. Los propietarios de los inmuebles deben estar tranquilos en tanto sus bienes no estén beneficiados con las obras públicas”, menciona.
LA INFORMALIDAD
Respecto a las habilitaciones urbanas, Yep Abanto, quien ostenta una maestría en Diseño Urbano y Planeamiento Regional por la Universidad de Edimburgo, precisa que ahora es posible confirmar que, efectivamente, la ocupación territorial espontánea (informal), genera altos riesgos y costos para las ciudades.
“Si una habilitación urbana se da de manera planificada, con sus vías e infraestructura sanitaria, lo más probable es que el arquitecto proyectista proponga soluciones, por ejemplo, para evitar que las aguas de las lluvias se almacenen y afecten a las viviendas. Incluso puede plantear que la ocupación de los lotes debe ser cuidando que el nivel del primer piso esté por encima de la pista, para evitar inundaciones en los garajes, por mencionar un caso. Eso se logra cuando se da la proyección y planificación inteligente y racionalizada propia de los arquitectos”, destaca.
Sin embargo, es claro también al señalar que cuando se ocupan los territorios de manera informal o irregular, y esos proyectos (habilitaciones urbanas) pasan por un proceso de regularización, que es posterior a la planificación, se expone a los habitantes a todo tipo de vulnerabilidad, porque no se toman en cuenta, antes de iniciar las construcciones, el control de los niveles, drenajes y de las normas de edificación.
“La solución tampoco es la aplicación de normas generales, porque si estamos hablando de zonas vulnerables, estas deben adecuarse al tipo de territorio. En consecuencia, la clásica zonificación, en la que se dice, por ejemplo, que determinada área es de densidad media, es insuficiente para autorizar las edificaciones”, menciona.
DECISIÓN DEL PROPIETARIO
Arturo Yep anota que en el rubro de la edificación se presentan, además, otro tipo de acto irregular: la construcción que se ejecuta sin autorización, en la que generalmente intervienen maestros de obras y no profesionales.
“En estos casos es poco probable la participación de un arquitecto, porque este lo primero que hace es la planificación del proyecto y lo lleva a la municipalidad de la jurisdicción para que sea revisado por una comisión técnica. Pero si se tratase de un proyecto que no cumple con las normas técnicas y aun así ha sido aprobado por la comisión, entonces estamos hablando de un caso doloso”, señala.
Agrega que también se presentan situaciones en las que el maestro de obra construye niveles, adicionales a los considerados en el proyecto arquitectónico, a solicitud del propietario, quien considera legítimo el aprovechamiento de su espacio.
“Lamentablemente esto ocurre en el sector de la construcción, como muchos otros casos en los que la imagen del arquitecto está expuesta. Nosotros consideramos que si un arquitecto y una comisión técnica han actuado dolosamente, entonces tiene que sancionarse de manera ejemplar, porque esto no debe permitirse”, precisa.
COMISIONES Y CORRUPCIÓN
Todos los municipios del país tienen constituida una comisión técnica conformada por representantes de los colegios de ingenieros y arquitectos para tamizar los proyectos de edificación privada. El funcionamiento de este grupo de trabajo está regulado por la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.
“La norma establece las responsabilidades que tienen los colegios para designar a sus representantes en las comisiones técnicas de todos los distritos del país. ¿Qué pasa cuando un arquitecto integrante de una comisión autoriza un proyecto que no corresponde? Los afectados, desde el propietario hasta los vecinos, pueden presentar una denuncia y después de ello se aplican las sanciones correspondientes a la gravedad del caso. ¿Existen antecedentes? Sí. Nosotros hemos suspendido a arquitectos por malas acciones”, comenta.
Empero, Arturo Yep refiere que la intervención de la orden profesional se da, actualmente, solo cuando se presenta la denuncia por parte del afectado, por lo que existen muchos casos de irregularidades en los que el colegio no actúa al no existir denuncia alguna.
“El problema está ahí, y es más, algunas veces la violación de las normas no afecta a nadie, por lo que nace la pregunta de qué hacer. Para esos casos lo que el Colegio de Arquitectos está planteando es la implementación de una veeduría, que funcione con la vigilancia urbana para identificar construcciones que no cumplen con las normas técnicas, como los edificios que vuelan (sobresalen), sobre la vereda, por ejemplo”, explica.
El decano del Colegio de Arquitectos del Perú pone el dedo sobre la llaga y afirma que tampoco debe quedar fuera del cuestionamiento y la fiscalización la intromisión política en las decisiones técnicas, o las presiones de este tipo para la aprobación de proyectos de edificación que son irregulares desde su origen.
“El colegio no puede estar ajeno a los problemas del país, y por eso creemos que las autoridades locales, regionales y nacionales deben tener la apertura suficiente para recibir las recomendaciones y propuestas que las instituciones formulamos como solución. Pero además, también tenemos responsabilidades dentro de nuestras organizaciones y esto pasa no solo por el desarrollo profesional de los arquitectos, sino también por garantizar su comportamiento ético”, asevera.
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