Sostiene que tiene la conciencia tranquila y junto a los dirigentes del Partido Humanista Peruano están aptos a colaborar con la justicia, incluso a que se les levante el secreto bancario con el objetivo de demostrar que no tienen nada que esconder.

“Los funcionarios de confianza que trabajaron a mi lado y al lado de Yehude Simon Munaro, durante las dos gestiones humanistas en Gobierno Regional de Lambayeque, están dispuestos a que se les levante el secreto bancario, pero si hay alguno que no quiera hacerlo, es fácil deducir que algo negativo esconde”, sostiene Marco Cardoso Montoya, exgerente de la administración humanista y dos veces postulante a la presidencia de Lambayeque.

Afirma esto en medio de una coyuntura cargada por la sospecha. Hasta el momento se ha dicho que en la nómina de investigación figuran los nombres de 50 peruanos que estarían involucrados en el caso Lava Jato en el Perú, básicamente por sus vínculos con Odebrecht.

En el tema, algunos son investigados o son sospechosos de haber recibido sobornos de la constructora brasileña para favorecerla en las licitaciones de obras públicas.

PROYECTO OLMOS

Marco Cardoso Montoya asegura que el proceso de la firma de contrato con la empresa Odebrecht para el inicio de las obras de trasvase del Proyecto Olmos, se realizó con transparencia; es más, indica que el Gobierno Regional de Lambayeque no tuvo nada que ver en eso ya que todo se ejecutó a través de Proinversión.

Cardoso Montoya solicitó públicamente que el exresponsable de la constructora Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, quien se ha acogido a un proceso de delación en el Brasil y colabora con la mención de los funcionarios ligados a los actos corrupción cometidos por la empresa, identifique e individualice a las personas a las que habría entregado dinero para no oponerse o dar todo su apoyo a la ejecución del Proyecto Olmos.

“Si es que Odebrecht entregó coimas en Lambayeque, las opiniones vertidas en torno a este caso son subjetivas. A la fecha no hay una  acusación directa por entrega de sobornos a algún funcionario en Lambayeque, especialmente en la gestión del Partido Humanista Peruano”, anota.

Aclara que como ex gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, es una de las primeras personas que se sometería a una investigación y está seguro que no le encontrarán nada negativo. Afirma que la presencia de Odebrecht en Lambayeque ha sido totalmente transparente, hasta el fin del gobierno del Partido Humanista Peruano, el  31 de diciembre del 2010.

“Tengo la conciencia tranquila y junto a los que somos del Partido Humanista estamos aptos a colaborar con la justicia, incluso a que se levante el secreto bancario con el objetivo de demostrar que no tenemos nada que esconder. Jorge Barata debe precisar si hubo entrega de dinero o no para la ejecución o firma de contrato del Proyecto Olmos”, detalló.

Afirma que los críticos al Proyecto Olmos, como es el caso del ingeniero Humberto Heredia Morales, miembro de la Comisión Técnica del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, solo “dicen medias verdades, las que al final son mentiras absolutas”.

“Hay gente que ha tenido la osadía de señalar que la campaña electoral del líder del Partido Humanista Peruano, Yehude Simon Munaro, fue financiada por Odebrecht, pero eso es totalmente falso. Que quede claro: Odebrecht no financió la campaña humanista”, señaló.

LA LICITACIÓN

Para la ejecución del componente de trasvase del Proyecto Olmos, en ese momento (2004) postularon seis empresas internacionales, las que compraron las bases, pero en el camino, como era un concurso con presentación de proyectos integrales, algunas solicitaron la ampliación del plazo para que puedan adecuarse y participar.

El hecho – explica- es que no se dieron las facilidades para la ampliación del plazo y así el total de empresas puedan postular, siendo Odebrecht la única empresa que quedó.

Marco Cardoso resalta que el Estado Peruano, durante la gestión de Simon Munaro como presidente de Lambayeque, convocó a una licitación pública internacional para concesionar la construcción, operación y mantenimiento del trasvase de Olmos, proceso que ganó Odebrecht, ya que no hubo otro postor. Las otras empresas no reunían el perfil requerido y los plazos habían culminado tal y como las bases lo mandaban. 

“Por la ejecución de la obra, que comprendía el túnel y la presa de embalse Limón se pactó un costo de 185 millones de dólares como precio total. De ese monto, el Estado aportó 77 millones de dólares no reembolsables y los otros 108 millones fueron aportados por créditos y bonos de Odebrecht pero avalados por el Estado peruano”, explica Cardoso Montoya.

LAS TIERRAS

Marco Cardoso cuestiona que tanto Humberto Heredia como el rector de la Universidad Particular de Chiclayo, Alberto Ortiz Prieto, señalen que desde que se concibió el Proyecto Olmos, los lambayecanos lucharon para que las tierras sean manejadas por los pequeños agricultores, sabiendo que estos no hubieran podido pagar las tarifas de agua fijadas como parte del diseño económico de la obra.

Sin embargo, Marco Cardoso sostiene que si bien hubo cierto desacierto en la venta de grandes lotes de tierras, esa no fue responsabilidad de Yehude Simon Munaro y del gobierno humanista, sino de la gestión que a partir del 2011 asumió la responsabilidad, liderada por Humberto Acuña.

y que hasta ahora lo tiene el gobernador Humberto Acuña Peralta y del gobierno de Alianza Para el Progreso.

LOS PAGOS

El ex gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque sostuvo que durante el mandato humanista no se hizo un solo pago adicional a Odebrecht, y los que se han hecho corresponden a la actual gestión de Humberto Acuña Peralta, bajo la modalidad de adenda. 

Cuestiona, por ejemplo, el pago de cerca de 50 millones de dólares que hizo la actual gestión regional por el pago de perjuicios generados en las obras del túnel del Proyecto Olmos.

“En nuestra gestión el contrato fue bien hecho y respetado, tanto así que cuando Odebrecht pretendió cobrar una suma millonaria, esto no se realizó por no estar estipulado en los puntos económicos del contrato. No estoy acusando al gobierno de Humberto Acuña de actos dolosos o de presunta corrupción a favor de la concesionaria, sino demostrar que el publicitado pago único de cinco millones de dólares a la subsidiaria de la constructora brasilera Odebrecht es una verdad a medias”, sostuvo.

Debido a los problemas constructivos –señala- como los estallidos de roca en las labores de perforación del Túnel Trasandino ocasionaron retrasos que afectaron a la empresa en el percibimiento del monto por pago de obra y, por ende, al perjuicio financiero. A ello se suma que de acuerdo al contrato, la concesionaria debía ser compensada por dicho perjuicio.

“El perjuicio económico se refiere a los sobrecostos que se generaron en la perforación del túnel, como el daño a la máquina TBM a consecuencia de los estallidos de roca que empezaron a presentarse desde el 2009, los que estaban en los acuerdos de los términos del contrato por tratarse de eventos geológicos no previsibles”, sostuvo.

Explica que como eran eventos naturales correspondía otorgar ampliaciones de plazo y adicionalmente reconocer el perjuicio económico financiero que dichos atrasos pudiera ocasionar a la empresa concesionaria.

“Es bueno tener en cuenta que de las tres ampliaciones de plazo otorgadas por el Gobierno Regional de Lambayeque, dos se dieron durante la gestión humanista y una en la gestión del presidente Humberto Acuña. Es decir, ellos también reconocieron la pertinencia de estas ampliaciones justiciadas. Lo que me molesta es que los líderes de Alianza Para el Progreso se empeñen en afirmar que la gestión anterior pretendía que se le paguen a la concesionaria más de 71 millones de dólares por perjuicio financiero y perjuicio económico, cuando eso es falso”, acotó.

Aclara que el informe fue presentado el último día hábil del mandato humanista en el Gobierno Regional, es decir el 31 de diciembre del 2010, por lo que su análisis y determinación correspondía a la nueva administración, es decir al gobierno del presidente Humberto Acuña.

ADICIONALES

De igual manera, añade que en su mandato el humanismo no reconoció pagos adicionales fuera del marco legal ni de las condiciones contractuales a la empresa concesionaria, citando como el ejemplo la negativa en atender un pedido económico adicional a modo de reparación por los daños que causaron a la infraestructura en construcción las lluvias presentadas en el 2008.

“El reclamo era de 20 millones de dólares y según la empresa este se justificaba en los daños que las lluvias y desprendimientos de roca en el tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry habían generado a los trabajos del trasvase. Dicho monto nunca se pagó porque el procedimiento pericial fue ganado por los técnicos y abogados del PEOT”, detalla.

Explica que el informe de la Universidad del Pacífico no era vinculante ni para el Gobierno Regional ni para el PEOT, que como organismo supervisor del proyecto debía emitir su opinión favorable o negativa sobre los montos,

“Si el informe de la Universidad del Pacífico ingresó al Gobierno Regional el 31 de diciembre del 2010, del tema no se volvió a hablar sino hasta abril del 2011, cuatro meses después de iniciado la gestión de Alianza Para el Progreso. Por decisión unilateral, en junio, la Concesionaria Trasvase Olmos paralizó la perforación del Túnel Trasandino, medida que nuevamente adoptaría en agosto de ese mismo año por la no respuesta del Gobierno Regional. En medio de la crisis, la administración Acuña contrató la asesoría del analista Sergio Bravo Orellana, quien en su informe opina que 33 millones de dólares se le debe reconocer a la empresa concesionaria”, indicó.

No contento con la opinión del estudio de costos, el Gobierno Regional de Lambayeque contrata a un segundo consultor, Jorge Alva Hurtado, quien se encargó de analizar los sobrecostos generados en las tres ampliaciones que el Gobierno Regional aprobó a favor de la concesionaria: dos en la gestión humanista y una en la gestión apepista

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“El resultado fue cinco millones 92 mil 258 dólares, a los que se agregaron cuatro millones más correspondientes a los seguros. En total, a Odebrecht se le debía pagar nueve millones 92 mil 258 dólares”, explica.

Finalmente, la cifra pagada por perjuicio financiero a la concesionaria asciende a 46 millones de dólares a los que deben sumarse los más de nueve millones por sobrecostos.

“Queda claro que existe la intención de desinformar respecto a cuánto se le ha pagado a la concesionaria durante esta gestión. La controversia es básicamente fijada entre abril del 2010 y julio del 2011 y por ese tiempo se han pagado, por ambos conceptos un total de 55 millones 92 mil 258 dólares y no solo los cinco millones que el presidente regional y su entorno difunden en todo tipo de espacio. En pocas palabras, Acuña ha pagado más de 55 millones de dólares a Odebrecht. Una verdad a medias equivale a una mentira”, recalcó. 

 respuesta de María elena el 2024-07-29.

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