La Contraloría General identificó presunta responsabilidad administrativa y penal en 27 funcionarios y servidores públicos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) por la contratación, sin recurrir a ningún proceso público, de profesionales para la elaboración del expediente técnico y procesos de selección de la obra de mejoramiento de los emisores principales de la ciudad de Chiclayo, que tiene un monto de inversión de más de 86 millones de soles.

Las observaciones se encuentran detalladas en el Informe de Auditoría de Cumplimiento
N° 320-2018-CG/GRLA-AC, cuyo período de evaluación abarcó del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre del 2015 y el cual fue notificado al titular de Epsel para que disponga las acciones necesarias a fin de implementar las recomendaciones señaladas en el documento.

El informe fue remitido al Órgano Instructor competente y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General para el inicio del proceso sancionador y las acciones legales respecto a los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos.

OBSERVACIONES:

• Se evidenció que la entidad contrató, sin proceso de selección, a un grupo de profesionales para que realicen el levantamiento de las observaciones y la reformulación del expediente técnico de la obra, la cual se aprobó con diseños deficientes y carentes de estudios básicos. Dicho personal, además, fue contratado de forma extemporánea afectando el expediente y causando un desembolso de S/ 591,901.18.
• Se determinó el costo de reproducción de las bases administrativas sin tener en cuenta lo establecido por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) para sustentar dicho costo y se evaluó las propuestas técnicas de tres postores antes del plazo establecido en las bases integradas y con un criterio diferente, que permitió la calificación de la propuesta de solo uno de ellos.

Los hechos señalados afectaron los principios de transparencia, libre concurrencia y competencia, moralidad, imparcialidad, razonabilidad y trato justo, así como el correcto funcionamiento de la administración pública.

• La integración de bases sin la aplicación de las disposiciones emitidas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) así como la evaluación y calificación de la propuesta técnica de un postor que no presentó documentación obligatoria y que incumplió los requerimientos técnicos mínimos (con el cual la entidad firmó un contrato pese a que no presentó la documentación correspondiente y que además no fue tramitado por el órgano encargado de las contrataciones) generó la afectación de principios de moralidad, imparcialidad, libre concurrencia y competencia, eficiencia, legalidad y transparencia que rigen las contrataciones del Estado y el correcto funcionamiento de la administración pública.

El informe recomienda a la entidad, la elaboración de una directiva mediante la cual se establezcan procedimientos complementarios a la Ley de Contrataciones, respecto a la prestación de servicios de consultoría para la elaboración de expedientes técnicos, la oportunidad de los mismos, los montos o porcentajes de penalidad por incumplimientos, así como identificar las áreas y gerencias responsables de cada procedimiento.

Asimismo, implementar una directiva interna que permita asegurar que los integrantes de los comités especiales y permanentes, encargados de los procesos de selección para la contratación de servicios y ejecución de obras de la entidad, cumplan con las disposiciones emitidas por el OSCE para evitar riesgos de nulidad.

El informe de Auditoría de Cumplimiento, elaborado por la Gerencia Regional de Control de Lambayeque, se encuentra publicado en www.contraloria.gob.pe (Sección: Participación Ciudadana/Buscador de Informes de Servicio de Control), conforme lo dispone la nueva Ley de Fortalecimiento de la Contraloría y del Sistema Nacional de Control, en aras de la transparencia y acceso a la información.

La Contraloría General de la República reafirma su labor de control a fin de promover un desarrollo de labor eficaz y eficiente en las contrataciones de bienes, servicios y obras en beneficio de la ciudadanía.

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